¿Qué lugar ocupa la religión en los programas electorales del 10N?

noviembre 8, 2019

Pablo Santos, Periodista Digital, 8 de noviembre de 2019

Afirmaba Pedro Arriola, el gran gurú del PP, que el voto católico no existe. Aznar y Rajoy le compraron la mercancía y ambos despreciaron el voto católico. Pero sí que existe y, lo que es más significativo, influye. No hay que olvidar que el 68,3% de los españoles aseguran ser católicos. Lo dice la última encuesta del CIS.

Sin embargo, la religión ha desaparecido de los programas electorales de las formaciones identificadas con una derecha (PP, Ciudadanos y Junts per Catalunya) que históricamente ha tenido interés en el hecho confesional. Por el contrario, PSOE, ERC, Unidas Podemos, CUP y Más País lo contemplan desde una perspectiva muy crítica.

La llegada de Vox ha convencido a muchos de que el «voto en conciencia» no es un voto tirado a la basura. Aun así, el programa del PP para el 10N no contempla la cuestión religiosa, a diferencia del presentado con motivo de las elecciones del 28 de abril, donde se comprometían a «garantizar el derecho de las familias a que puedan estudiar la asignatura de religión en las mismas condiciones que el resto de asignaturas del programa oficial y mantendremos su carácter voluntario y evaluable».

Asimismo, los populares afirmaban hace siete meses que «la libertad emancipa a las personas del afán colectivista de la izquierda que pretende dividir a los individuos en función de nuestro género, edad, raza, religión u orientación sexual». Lee el resto de esta entrada »


¿Por qué no se conocen los bienes inmuebles de la Iglesia?

noviembre 8, 2019

Se desconoce el número de propiedades de la Iglesia en Galicia. Desde la reforma hipotecaria de 1998, en todo el estado, la Iglesia Católica ha registrado una gran cantidad de edificios y terrenos. El gobierno central ha exigido una lista de todas las propiedades. Esta lista aún no se ha hecho pública y algunos temen que haya negociaciones entre el gobierno y los representantes eclesiásticos.

Catedral de Santiago / Europa Press Archivo

Moncho Mariño, Galicia Confidencial, 8 de noviembre de 2019

La reforma de la ley hipotecaria hecha por el gobierno de José María Aznar en 1998 permitió a la Iglesia registrar lugares de culto, por lo que podría tener la propiedad de templos y lugares anexos que hasta entonces estaban en una casta de limbo legal. Esto significó que en algunos lugares los residentes y los ayuntamientos, los ayuntamientos y las asociaciones cívicas exigieron la declaración de dominio público de algunas de estas propiedades ante los tribunales. Algunos casos se resolvieron a favor de los demandantes, otros quedaron en manos de la Iglesia con un fallo a favor.

El hecho es que en 2014 se anunció otra reforma de la ley de hipotecas, que elimina ciertos privilegios que los obispos han tenido desde 1946. El estado, anunció la reforma, dará a las autoridades eclesiásticas un año para catalogar y recopilar toda la información y datos sobre sus posesiones. Esta información está en manos del Gobierno, y las estimaciones indican que la cantidad de artículos que componen este catálogo de propiedades está entre 30,000 y 40,000.Pero debe reconocerse que todavía son datos especulativos. Hasta la apertura de estos documentos, no se sabrá qué tan lejos está la capacidad patrimonial de la Iglesia.

Primeros pasos

En 2007 estalló el escándalo. La Iglesia lo ha registrado (ha sido mencionado como su propiedad) con interés cultural en Andalucía, como la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla. Además, también se registran viñedos y otros tipos de tierras rústicas y no rústicas. Al menos siendo propiedad pública, las protestas llegaron al gobierno central.

Todo esto vino de lejos. En 1946, el régimen franquista decidió compensar a la Iglesia por las “pérdidas” derivadas de la “nacionalización de bienes llevada a cabo por el Gobierno de Niceto Alcalá Zamora en 1931” , según explicó el Grupo Conjunto de Izquierda (anteriormente In Tide) en una apelación del 12 de noviembre. de 2018.

Esta compensación se realiza a través de una ley hipotecaria que otorga poderes a los obispos, similar a los de un notario. Simplemente tenía que presentar un certificado con su sello y firma para reclamar cierta propiedad. Todavía había lugares de culto que finalmente podrían registrarse con la reforma de la ley de hipotecas de 1998. “Esto hace que miles de propiedades sean nombradas en la iglesia pagando 30 euros, que es lo que vale cada registro”, dice Gómez. Lee el resto de esta entrada »