Finanzas municipales y religión

Por Luis Fernández, presidente de Asturias Laica

Federación Libre Pensée, Marsella

14 de octubre de 2019

Por iniciativa de la Oficina Europea de Coordinación del Libre Pensamiento tuvo lugar en Marsella, el pasado 12 de octubre, un Simposio internacional sobreEl laicismo y el régimen de culto en las instituciones locales en Europa”en el que han participado representantes de Europa Laica (España), Unión de Ateos y Librepensadores de Cataluña, CLP-KVD (Bélgica), Federación Nacional de Libre Pensamiento(Francia), Asociación de Amigos electos de Libre Pensamiento (Francia).

En este encuentro internacional participó también Luis Fernández, presidente de Asturias Laica, que presentó la ponencia “Finanzas municipales y religión”:

Texto

Un enfoque

Planteada en general, la relación entre la religión y el primer escalón de la Administración Pública en las sociedades modernas, los Ayuntamientos, resulta un tema excesivamente amplio tanto para el espacio de este comunicado como para los conocimientos del ponente. Obviamente deberemos ceñirnos a las finanzas municipales de una determinada organización estatal, en este caso la del Estado Español. Y ya dentro de él, a pesar de su diversidad cultural y de que las más recientes encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas constaten que los reconocidos como católicos son menos de la mitad, dada su peculiar historia, es necesario referirse a la religión católica. Es decir que, con su autorización, voy a limitar mis reflexiones a la singular relación entre las finanzas municipales españolas y la religión católica.

Para hablar de financiación, un primer criterio para iniciar el análisis puede ser  el cuantitativo. Por ello puede resultar interesante situar el marco de financiación y las cantidades que aportan a las arcas municipales los recursos tributarios.

En la tabla que se adjunta en el Anexo 1, se puede comprobar que de los impuestos directos, que suponen un 70% de la recaudación total de los Ayuntamientos, el 67% son los ingresos debidos al IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). En el mismo cuadro también se puede comprobar que, de los impuestos indirectos, el 41% son ingresos proporcionados por el ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras). Como consecuencia, de la recaudación total de impuestos cobrados por las arcas municipales algo más del 65% lo constituyen el IBI y el ICIO.

Este cuadro permite dar una dimensión cuantitativa al singular  panorama que muestran las relaciones fiscales entre el poder municipal y la iglesia católica.

Las razones

Las razones de la singularidad de estas relaciones son, como no podían ser menos, históricas. España sufrió una temprana cristianización como parte de un imperio que asumió esa religión como herramienta de homogenización. Cerrada en su dependencia papal se bloqueó ante la reforma del cristianismo y exacerbó su papismo tanto en la extensión de su imperio por Europa como en la asunción de la decadencia y desmembración del mismo. Consecuentemente las estructuras de poder que fueron constituyendo el estado utilizaron como herramienta de control social la religión católica, pretendiendo convertirla en la principal seña identitaria del estado en formación (No es banal la narración orquestada de esta conformación estatal como una “reconquista” por las “fuerzas cristianas” de un territorio “invadido” por los “musulmanes” que pretende negar el inmenso papel civilizador del conocimiento llegado a la península por mediación de los pueblos árabes. Narración que intentan despertar hoy las fuerzas de ultraderecha que, desgajadas del Partido Popular, toman voz individual en las instituciones democráticas actuales, para justificar las políticas nacionalcatólicas de dicho Partido Popular).

En el devenir de la historia, la fase republicana, de corta duración, supuso una objeción crítica a la sumisión confesional de las estructuras de poder. Sus esfuerzos modernizadores se vieron respondidos por una alianza entre el naciente fascismo europeo, la iglesia católica y las clases dominantes que, tras una cruenta guerra impusieron una dictadura a la que identificaron como “cruzada”. La posguerra fue, para los golpistas vencedores, una larga pugna entre las fuerzas más decididamente fascista (nucleadas por la Falange) y las fuerzas ultracatólicas. Con la derrota del fascismo en Europa, el dictador prefirió ir abandonando su apoyo en la Falange desplazándose hacia el poder de la iglesia católica que lo acogía como “Caudillo de España por la gracia de Dios” (de su dios) y lo paseaba bajo palio. La consecuencia de este desplazamiento fue una sumisión total de las estructuras del estado a las exigencias del Vaticano que, como contrapartida, le ofrecía un lavado de imagen (después llegaron Eisenhower, sus bases y su feroz anticomunismo, y fortalecieron a los “cruzados anticomunistas”).

Aunque ya hace más de cuarenta años que falleció (en el poder) el dictador, es necesario retrotraerse a su acción porque, a pesar de la transición política experimentada en España desde entonces, y seguramente porque éste sea uno de los mayores déficits de esa transición, el poder de la iglesia católica en el estado español, a pesar de la manifiesta secularización del país, se ha mantenido incólume (dando razón a la conocida expresión de Franco de dejarlo todo “atado y bien atado”). Un conocido crítico de esta realidad pone imagen a la situación identificando a la iglesia católica como una tenia incrustada en la maquinaria del estado a cuya costa vive.

La situación general

Los Ayuntamientos no tienen capacidad legislativa sobre la política fiscal. Sin embargo su fuente de financiación fundamental, como vimos, es la recaudación de una serie reducida de impuestos cuya normativa es desarrollada por el Gobierno del estado. Por ello, la labor de control de la iglesia católica se centró en dicho Gobierno y su capacidad legislativa.

La regulación normativa de la fiscalidad de la iglesia católica se apoya en dos fuentes principales:

1º) El acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 3/1/1979

2º) La ley de mecenazgo de 23/12/2002

El acuerdo del 79, formalmente posterior a la Constitución española (29 de diciembre del 78) se fragua en realidad desde antes de, y durante, la redacción  de la Constitución y asegura los privilegios que el régimen dictatorial había otorgado a su protectora iglesia. Con todo, y como corresponde a una institución de larga tradición en las negociaciones, los puntos de amarre más significativos para esta situación ventajosa son siempre ambigüedades que se dirimen en sutilezas de interpretación posteriores. Así la propia constitución establece en su artículo 16.3 que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” lo que parece una inequívoca declaración de aconfesionalidad que obligaría a una organización laica del Estado español. Pero en ese mismo apartado continúa diciendo “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Continuación que introduce la posibilidad de una interpretación confesional encubierta (“tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad”) y que sobre todo establece un manto protector (“mantendrán… relaciones de cooperación con la Iglesia Católica”) sobre los privilegios que ya se tenían redactados en los acuerdos con el Vaticano de inmediata aprobación. Ambas afirmaciones son difusas (tener en cuenta…, cooperar…) pero establecen puntos de apoyo para la acción de los lobbys religiosos perfectamente anclados en la judicatura.

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