El gobierno local desoye la petición de toda la derecha de retirar el reglamento de laicidad y lo acelera
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R. Valle, La Nueva España, 14 de marzo de 2023
El gobierno municipal de PSOE e IU ha pisado el acelerador para poder conseguir en el pleno de abril, uno de los últimos del mandato de Ana González como Alcaldesa, la aprobación definitiva del reglamento de laicidad de Gijón. El documento inicial aprobado el martes pasado en la Junta de Gobierno se presentaba ayer por la mañana en la comisión de reglamentos para el inicio de su tramitación formal. Los representantes de todos los grupos políticos del centro derecha –Ciudadanos, Foro, PP y Vox– pidieron su retirada. Desde la presidencia de la comisión, que ostentan la edil socialista y portavoz del gobierno, Marina Pineda, no sólo no se retiró el documento. Se fijó para el día 27 la fecha máxima para presentar enmiendas.
Como ya ocurriera con la tramitación del reglamento del consejo sectorial de la memoria democrática, que se aprobará en la sesión plenaria de mañana, Vox abandonó la comisión de reglamentos para dejar constancia de que no participará en el proceso. Sí se mantuvieron en la reunión el resto de los ediles de la oposición, aunque, con excepción de Podemos cuya portavoz Laura Tuero lo que pidió fue acelerar más el proceso, dejando claro que no consideran necesario que Gijón tenga este reglamento. El PP, a través de su edil Ángeles Fernández-Ahúja, considera el reglamento «inoportuno e innecesario» y muestra de «las elevadas cotas de sectarismo inherentes a los partidos gobernantes» y ejemplo de su «ofuscación y ceguera ideológica».
Las críticas de Cs y PP
Hay otra crítica, que tiene que ver con el cambio de fórmula de trabajo en la comisión de reglamentos, y que Ciudadanos lleva a este pleno. El edil Rubén Pérez Carcedo es quien desde la formación naranja le pide explicaciones a Pineda sobre el cambio en la metodología de trabajo de una comisión que había destacado por conseguir sacar adelante sus iniciativas desde el consenso político.
Recuerda Pérez Carcedo que desde que se constituyera la comisión en septiembre de 2019 y, excepto la de movilidad por su carácter más sectorial, todos los reglamentos y ordenanzas motivo de nueva creación o revisión habían pasado por esa comisión de reglamentos en base a un primer borrador presentado por el equipo de gobierno. Artículo a artículo se elaboraba un documento de consenso que se enviaba a la Junta de Gobierno en forma de proyecto normativo para su aprobación. Eso garantizaba la unanimidad en la votación final en el Pleno.
Pérez Carcedo denuncia la ruptura unilateral por parte del gobierno del sistema de trabajo con este, polémico desde hace tiempo, reglamento de laicidad. «La Junta de Gobierno aprobó el proyecto el pasado día 7 sin que ningún borrador de ese reglamento fuera analizado previamente por parte de esta comisión», denuncia el edil en su iniciativa plenaria.
El desarrollo de un reglamento municipal de laicidad es una veterana petición de Asturias Laica, que, ya en mandatos anteriores, llegó al Pleno de la mano de una Izquierda Unida en la oposición. El pacto entre PSOE e IU incorporó este reglamento al acuerdo de gobierno firmado entre las dos organizaciones políticas. El acuerdo se firmó en 2019 y ese mismo año ya hubo un primer borrador. Sin embargo, el reglamento no ha llegado hasta esta etapa final del mandato y en un formato, reconocido por el propio gobierno, de «mínimos» que no ha complacido del todo a sus impulsores desde la sociedad civil. Aunque ha bastado para acumular el rechazo de una parte de la Corporación y de la Iglesia Católica. Gijón será la tercera ciudad española en tener una normativa de laicidad tras Rivas-Vaciamadrid y Valladolid.
Polémico reglamento
Separación y neutralidad. La Corporación municipal no realizará actos de culto o veneración ni participará en ceremonias, ritos o actos religiosos. Los principios de separación y neutralidad también se aplicarán en la acción de gobierno y en las funciones administrativas cotidianas.
Actos oficiales. El Ayuntamiento no se encomendará a imágenes o rituales religiosos. Los actos públicos oficiales serán exclusivamente seculares y a los mismos podrán ser invitados representantes de las diversas religiones sin tratamiento preferente sobre los de otra entidad social o cultural.
Espacios y edificios municipales. Exentos de simbología religiosa, salvo que su valor histórico justifique su conservación o retirarlos cause daño irreversible.
Fiestas locales. Los actos religiosos no tendrán la consideración de oficiales y no se incorporarán como parte de la programación de actos del Ayuntamiento o de las festividades locales, ni los publicitará el Ayuntamiento.
Actos religiosos en espacio público. Deben ser notificados con antelación suficiente para que puedan realizarse de forma coordinada con otros posibles usos del espacio público y estarán sometidos al mismo procedimiento de concesión que cualquier acto promovido por otra entidad o particular. El uso de instalaciones municipales para actos religiosos estará sujeto al pago de precios públicos y tasas como otras entidades privadas.
Colaboración con entidades religiosas. Mediante convenios, como con cualquier entidad privada y no tendrán como objeto el proselitismo religioso. El acceso a financiación, subvenciones y exenciones fiscales será el mismo que para entidades sociales o culturales.
Impuestos y tasas. Salvo que una ley fije lo contrario, las entidades estarán sujetas a su pago.
