Un patrimonio incalculable arrebatado al pueblo

septiembre 20, 2020

No sorprende que la CEE empiece a mover sus hilos pues le van grandes intereses económicos en ello, por una parte por el valor de todo lo que ha inmatriculado y por otra porque ni rinde cuentas a nadie ni paga impuestos.

Plazoleta de Katabi en Bergara.

Plazoleta de Katabi en Bergara, inmatriculada / Fuente

Remedios Copa Sánchez, Diario de Pontevedra, 20 de septiembre de 2020

La polémica por las inmatriculaciones está en el candelero y no son pocas las reclamaciones que están surgiendo al respecto, tanto por particulares en defensa de sus bienes que se apropió impunemente la iglesia católica, como desde diferentes organizaciones que reclaman la devolución del patrimonio histórico y cultural, y de aquellos bienes que eran de uso público del pueblo.

Este verano, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, admitía que “quizá haya algún bien inmatriculado que sea discutible”, pero lo atribuye a posibles errores y que “nadie lo recurrió”; tampoco hubo reclamaciones en los dos años posteriores en que podían hacerlo, asegura; pero lo que no cuenta es que todavía a día de hoy, se desconocen muchos de los bienes que la iglesia inmatriculó y no son pocos los propietarios que desconocen que la iglesia les arrebató sus bienes aún cuando disponen de todos los documentos que acreditan históricamente su propiedad.

Cuenta Joan Casajuana, un agricultor catalán que un buen día descubrió que la casona familiar, la ermita románica y un pequeño cementerio ubicados ambos en una finca de su propiedad “desde hacía siglos”, los había inmatriculado el obispo a su nombre, usurpando así los bienes que pertenecían a sus antepasados desde tiempo inmemorial, de modo que acudió al Obispado reclamando la propiedad y acreditando documentalmente tal pertenencia, (se invirtió la carga de la prueba); tras meses de litigios lo único que el obispo admitió en el acto de conciliación, a propuesta del registrador de la propiedad, fue que declarara que la casa y finca se habían inmatriculado por error, pero ni el templo ni el cementerio los devuelve porque se alega el derecho de custodia de los difuntos, pese a que la construcción, la rehabilitación y mantenimiento, jamás recibió participación alguna de la iglesia católica.

Casajuana detectó que múltiples ermitas y cementerios privados de los payeses fueron inmatriculadas, alegando el Obispado haber cedido un sacerdote para la liturgia. Pero dice que esos bienes son solamente un 2 ó 3% de las inmatriculaciones; el resto forma parte del patrimonio histórico cultural de los pueblos, construido y pagado por los agricultores. Lee el resto de esta entrada »