No es resignificar: es retirar la impunidad franquista
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Juan Cigarría, La Nueva España, 15 de febrero de 2026
Cada vez que se plantea la retirada del monumento a los llamados “Héroes del Simancas” se repite el mismo guion: que si queremos borrar la historia, que si manipulamos el pasado, que si imponemos ideología.
Curiosamente, quienes levantaron, mantuvieron y defendieron durante décadas un relato único sobre la Guerra Civil ahora se presentan como guardianes neutrales de la memoria.
Conviene remarcar que no estamos ante un debate historiográfico, estamos ante un símbolo erigido en plena dictadura para glorificar a los golpistas franquistas. El monumento no nació como pieza artística inocente ni como recordatorio aséptico de un episodio bélico, fue concebido dentro del aparato de legitimación del régimen franquista[1]. Su función era política. Y lo sigue siendo.
Se nos dice que “resignificar” es suficiente. Que basta con una placa explicativa, con contextualizar, con matizar. Pero resignificar no es neutralizar, resignificar es aceptar que el símbolo continúe ocupando el espacio de proyección pública, que siga presidiendo una fachada, que mantenga su centralidad simbólica, aunque ahora acompañado de un texto que explique lo evidente: que fue levantado por una dictadura.
La cuestión es más sencilla: ¿debe un espacio de proyección pública albergar monumentos de exaltación del franquismo? La legislación de memoria histórica es clara respecto a los elementos que supongan enaltecimiento o glorificación de la sublevación militar o la dictadura.
No es una opinión ideológica, es un marco jurídico aprobado por representantes democráticamente elegidos.
El argumento de que “forma parte de la historia del edificio” tampoco resiste un análisis riguroso. Muchas cosas han formado parte de la historia de este país y fueron retiradas cuando la sociedad decidió romper con el pasado fascista. Las placas del Movimiento, los escudos preconstitucionales, los nombres de calles dedicadas a jerarcas del régimen también eran historia. Y su retirada no borró los libros ni impidió investigar los hechos. Lo que hizo fue establecer un límite ético, la democracia no rinde homenaje a quienes la destruyeron.
Otro recurso habitual es apelar a la reconciliación de la Transición, como si retirar símbolos franquistas supusiera reabrir heridas. Pero la reconciliación no puede confundirse con la perpetuación de la simbología del vencedor. La Transición fue un pacto político en un contexto muy concreto, no una amnistía moral permanente para los símbolos de la dictadura. La democracia madura no se debilita cuando revisa su espacio público, se fortalece.
Se afirma también que la izquierda utiliza la memoria como arma para dividir. Sin embargo, lo que divide no es retirar un monumento de exaltación franquista, sino mantenerlo. Divide que las víctimas del franquismo sigan esperando para obtener reconocimiento institucional.
Divide que aún hoy existan elementos que naturalizan el relato del golpe como gesta heroica.
Resulta políticamente revelador que formaciones que se autodefinen como constitucionalistas, como el Partido Popular o Vox, se sitúen en la defensa activa de símbolos erigidos por una dictadura que abolió la Constitución vigente en 1931, ilegalizó partidos y sindicatos y persiguió a la oposición. No es un debate cultural ni patrimonial, es un posicionamiento político. Defender la permanencia de monumentos de exaltación franquista mientras se reclama respeto al orden constitucional actual evidencia una contradicción de fondo. La democracia no puede tener complejos frente a quienes la negaron.
Pero tampoco puede obviarse la responsabilidad de una parte de la izquierda institucional que, durante años, ha optado por la tibieza, por evitar el conflicto en nombre de no se sabe qué. La renuncia a confrontar con claridad el legado simbólico del franquismo, el miedo a “reabrir debates” o a incomodar a la derecha, ha permitido que estos símbolos permanezcan más tiempo del que una democracia saludable debería tolerar. De aquellos aplazamientos y de aquellas medias tintas vienen los actuales intentos de blanquear bajo la etiqueta de resignificación lo que nunca debió seguir presidiendo un espacio público.
La resignificación, presentada como opción moderada, en realidad desplaza el foco. El problema no es que falte una explicación pedagógica. El problema es que el símbolo nació para honrar a quienes se levantaron contra la legalidad republicana. Y ese origen no se diluye con una placa. Puede estudiarse en un museo, contextualizarse en un espacio expositivo, analizarse en las aulas. Lo que no puede es seguir ocupando el lugar de honor que le otorgó una dictadura.
Nadie pretende malear la historia. Precisamente lo contrario: asumirla completa. Asumir que hubo un golpe militar, una guerra y una dictadura de casi cuarenta años. Asumir que el franquismo construyó su legitimidad también a través de la piedra, del bronce y de la simbología pública. Y asumir que la democracia tiene derecho a decidir qué valores quiere que representen sus espacios comunes.
La pregunta de fondo es simple: ¿qué homenajea hoy ese monumento? Si su sentido original fue ensalzar a los sublevados, mantenerlo equivale a tolerar que ese homenaje continúe, aunque envuelto en un discurso técnico sobre patrimonio o resignificación.
La memoria histórica consiste en garantizar que el espacio público no glorifique a quienes acabaron con la legalidad democrática. Consiste en reconocer a todas las víctimas sin jerarquías y en construir una cultura política basada en los derechos y en la soberanía popular.
Retirar un símbolo de exaltación franquista no borra el pasado. Lo sitúa donde corresponde: en los libros de historia, en los archivos y en el debate académico. Lo que se retira no es la historia, es la impunidad del franquismo.
Porque una democracia sólida no necesita convivir con monumentos levantados para legitimar un golpe de Estado. Necesita coherencia entre sus valores proclamados y los símbolos que ocupan sus plazas y fachadas.
Y esa coherencia empieza por algo elemental: ningún homenaje público a quienes destruyeron la democracia.
Juan Cigarría es secretario de la Federación Asturiana Memoria y República (FAMYR)
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[1] Así recogió NO-DO el acto conmemorativo en honor a los «héroes de Simancas», presidido en noviembre de 1958 por el Ministro de la Gobernación, general Alonso Vega / blog de Asturias Laica
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