Coordinadora Recuperando exige al Principado que active medidas para restituir bienes inmatriculados por la Iglesia

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando) ha hecho pública este jueves una nota de prensa en la que exige a los Gobiernos asturiano y central que activen las medidas necesarias para restituir los bienes inmatriculados.

Coordinadora Recuperando exige al Principado que active medidas ...

Edificio del Arzobispado de Oviedo – EUROPA PRESS – Archivo

La Vanguardia, 28 de mayo de 2020

La Coordinadora Estatal para la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica (Recuperando) ha hecho pública este jueves una nota de prensa en la que exige a los Gobiernos asturiano y central que activen las medidas necesarias para restituir los bienes inmatriculados.

Se refieren a bienes que la Iglesia registró como propios sin tener que demostrar los derechos de propiedad. Según Recuperando, la inmatriculación del Prerrománico asturiano “certifica la privatización del patrimonio por la Iglesia”.

La coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos patrimonialistas, exige tanto al Gobierno asturiano como al central que pongan en marcha las medidas que sean necesarias para restituir al dominio público el valioso conjunto monumental reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.

Señalan que todo el conjunto fue edificado entre los siglos VIII y X por los reyes astures como expresión arquitectónica de su poder monárquico. “No se trata, por tanto, de monumentos construidos ni financiados por la Iglesia católica”, alegan.

Según la mencionada plataforma, es “injustificable” que, sirviéndose de un “subterfugio jurídico manifiestamente inconstitucional”, la Iglesia los inscriba a su nombre “de manera subrepticia” y sin informar debidamente a las administraciones competentes en patrimonio histórico.

Además ven “deplorable” que el Gobierno asturiano desconozca la situación registral de los bienes culturales que tutela y haya participado “por negligencia o por deliberada voluntad” en el “ocultamiento” del listado de inmatriculaciones de la Iglesia durante más de un año.

 

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