Inmatriculaciones: ¡Sin títulos de propiedad ni garantía alguna! · Coordinadora Recuperando

septiembre 19, 2024

Durante más de 70 años la Iglesia Católica ha inscrito bienes en el Registro de la Propiedad más de 100.000 bienes a su nombre SIN APORTAR TÍTULOS DE PROPIEDAD ni garantía alguna.

Detalle de la fachada de la catedral de Ibiza, inmatriculada por la iglesia católica / César Navarro-Fuente
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Coordinadora Recuperando, 19 de septiembre de 2024

La Iglesia Católica ha inscrito bienes en el Registro de la Propiedad sin aportar títulos de propiedad ni garantía alguna.

Durante más de 70 años, la Iglesia Católica ha inscrito en el Registro de la Propiedad más de 100.000 bienes a su nombre sin presentar los títulos de propiedad correspondientes ni aportar ningún tipo de garantía.

Este hecho, amparado por el artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946, promulgada durante la dictadura franquista, ha concedido a la Iglesia un privilegio excepcional: la capacidad de registrar inmuebles únicamente mediante una certificación emitida por el obispo, sin la necesidad de demostrar la titularidad legal sobre dichos bienes.

Mientras que cualquier ciudadano o entidad privada debe cumplir con un proceso legal riguroso para registrar una propiedad, aportando títulos de propiedad, garantías, o en su defecto, abriéndose un expediente de dominio, la Iglesia ha operado sin tener que cumplir estos requisitos. Le ha bastado con la simple firma de un obispo.

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La financiación singular de los obispos · Eugenio Piñero

septiembre 19, 2024

«Si la financiación singular de Cataluña es un proyecto, la de la Iglesia católica es una realidad consolidada al menos desde 1979. Frente al futurible catalán muchos se rasgan las vestiduras, pero ningún partido político alza la voz contra el privilegio de los obispos, a quienes financiamos todos y todas, independientemente de nuestras creencias religiosas»

Misa Crismal, en la Catedral de Segovia / KAMARERO-Fuente
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Eugenio Piñero, El Diario, 19 de septiembre de 2024

En las últimas semanas, la esfera política española gira bastante exaltada alrededor de la financiación singular de Cataluña. Se critica de modo puntual desde los propios partidos del gobierno de coalición, y se critica de manera general desde la derecha y la ultraderecha. En todos los casos, los motivos en los que sustentan sus críticas son los mismos: se trata de un privilegio de unos españoles sobre otros, es insolidaria, atenta contra los principios básicos del estado de derecho y es inconstitucional.

Quienes defienden o critican el modelo de financiación singular para Cataluña utilizan, de momento, argumentos especulativos. Realmente nadie ha aclarado cómo se llevará a cabo esa propuesta ni las consecuencias que puede tener para la hacienda catalana y española. Políticos y periodistas no pueden más que especular a partir de la escasa información disponible. El remate sobre esta cuestión lo ponen las interpretaciones contradictorias que hacen los propios firmantes del acuerdo. La crítica más contundente que se puede hacer en este momento es la falta de transparencia.

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