De la denuncia obligatoria a la apertura de archivos: 6 retos de la Iglesia española ante la cumbre ‘antipederastia’

La Conferencia Episcopal acude a la convocatoria del papa con unos protocolos contra el abuso sexual marcados por la desconfianza hacia el denunciante y el miedo al escándalo

El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez (frente a los micrófonos), este miércoles durante la presentación de una delegación diocesana contra los abusos sexuales. / Diócesis de Astorga

Ángel Munárriz, InfoLibre, 21 de febrero de 2019

Recién llegado a Roma, donde desde hoy jueves se celebra la cumbre contra los abusos sexuales en la Iglesia convocada por el papa Francisco y que durará hasta el domingo, Juan Cuatrecasas admite que está “cauteloso y receloso”. “Hasta ahora todo lo que hemos visto es más de lo mismo. Maquillaje, barniz… Hacer como que se rema en la dirección que marca el papa, pero en el fondo dejarlo todo en una operación cosmética”, afirma. Cerca de 200 líderes del catolicismo de todo el mundo se reúnen desde este jueves en la capital italiana, donde darán audiencia a víctimas de la pederastia y buscarán soluciones. Asiste el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Ricardo Blázquez. Cuatrecasas, padre de un chaval que sufrió abusos por parte de un profesor de un colegio del Opus Dei ya condenado en primera instancia, no ve más que síntomas preocupantes en torno a la preparación por parte de la jerarquía española del encuentro, ideado por el pontífice para dar una respuesta al aluvión de casos de pederastia y encubrimiento en el seno de la Iglesia.

“En España han puesto al zorro a cuidar de las gallinas”, afirma Cuatrecasas, también presidente de la asociación Infancia Robada, en referencia a que la CEE haya situado al frente de la comisión preparatoria de la cumbre al obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, acusado por víctimas del sacerdote abusador Ramos Gordón de haber protegido al pederasta y obstaculizado la investigación sobre sus delitos. Menéndez pilota un grupo de trabajo que se ha puesto como propósito articular procedimientos de prevención, reparación y castigo. Y, más concretamente, cambiar los protocolos antipederastia actuales. La Conferencia Episcopal, consultada sobre la cumbre, pospone hasta la finalización de la misma la comunicación sobre el resultado de esos trabajos, iniciados en octubre y que ahora deben cristalizar en Roma.

La dimensión del fenómeno es colosal. La organización internacional Ending Clery Abuse (ECA) ha cifrado el número de víctimas en 100.000 sólo en Estados Unidos, donde más se ha investigado. A partir de informes elaborados en Australia y Estados Unidos, ECA estima que entre el 6% y el 10% del clero católico ha cometido abusos sexuales. En 2004 la Iglesia de Estados Unidos admitió un 4% a lo largo de 50 años. Las propias directrices ofrecidas por el Vaticano para elaborar los nuevos protocolos en las diócesis de todo el mundo evidencian los déficit existentes, ya que ponen el énfasis en el “reclutamiento seguro” y en la detección de perfiles “vulnerables”.

La situación de asimetría en la relación de poder entre el menor y la autoridad religiosa –con todo su poder de coacción moral a cuestas–, sumada al ambiente de confidencialidad que suele darse en el ámbito religioso, han actuado como factores de riesgo. Al mismo tiempo puede afirmarse que el papa está dedicando tiempo y esfuerzo al problema, que condiciona la vida de la Iglesia hasta el punto de que estrechos colaboradores del pontífice como George Pell han sido condenados por abusos. Al diagnóstico de L’Osservatore Romano, el periódico oficial del Vaticano, que destaca la “firmeza” de Francisco, se le puede oponer que son instancias externas las que vienen destapando los horrores: el Gobierno en Irlanda, una comisión especial en Australia, la prensa en Estados Unidos… Los casos desvelados abarcan también a Italia, Austria, Alemania, Argentina, Colombia, Ecuador. Y España.

infoLibre analiza las tareas pendientes de la Iglesia española, compartidas con el grueso de la institución católica, a partir del testimonio de víctimas y expertos, del reconocimiento de hechos por parte del propio Vaticano, de las conclusiones de la ONU y del examen de los protocolos en vigor.

1. Víctimas desasistidas

“La pena se apodera de mi ser al recibir en estos momentos la ofrenda de ayuda por parte de aquellos que en su día dieron la espalda a las súplicas de niños que estaban siendo atormentados noche si y noche también”. Lo anterior es un mensaje telefónico de Francisco Javier –prefiere que no se publique su apellido–, una de las víctimas de Ramos Gordón. Tiene en sus manos una carta del Obispado de Astorga, llegada el día 15 de febrero, que le informa de que la diócesis ha creado “una delegación episcopal para la atención a los menores y el acompañamiento de las víctimas” integrada por “especialistas en derecho civil y canónico, sacerdotes, psicológicos […]”. La carta pone a la delegada episcopal al mando a disposición de Francisco Javier “para ofrecerle la ayuda que pudiera necesitar”. “¿Remordimientos? Tarde. ¿Solidaridad? Lo dudo. ¿Miedo? Posiblemente”, señala la víctima tras leer la carta. “Antes de abrirla, ya estaba cabreado”, explica a este periódico. “Ni me han llamado. Ni en la carta ponen un e-mail o un teléfono. Y eso después de que [a Ramos Gordón] le hicieran homenajes, misas… Que ahora me manden estas carta es una burla”.

La acusación a la Iglesia de falta de empatía con las víctimas está extendida entre los denunciantes de abusos y sus organizaciones, desde Ending Clergy Abuse hasta la española Infancia Robada. La jerarquía española no ha sistematizado mecanismos de atención a víctimas en los obispados. Tampoco ofrece una cuantificación de casos ni ha profundizado en la autocrítica, como sí ha hecho el papa Francisco, cuya sintonía con el grueso de la ultraconservadora cúpula española es escasa. Mientras el pontífice ha insistido en la petición de perdón, la CEE ha manifestado que existe una “inquisición laica” contra la Iglesia, animando a “poner el foco en toda la sociedad“. No es que la CEE no haya pedido perdón –lo ha hecho, la última vez esta semana mediante una oración–, pero en las declaraciones los jerarcas suelen acompañar la petición de paños calientes y justificaciones. El papa, por su parte, ya no pone peros.

“La iglesia tiene que asumir su responsabilidad y articular medidas y cauces para acompañar a las víctimas. Son sus víctimas. Y debe entender que las terapias son costosas. Sería importante que contribuyera al pago de las mismas, porque hay víctimas que no pueden costeárselas”, señala Cuatrecasas, de Infancia Robada, que lamenta que la jerarquía española no se sume al menos al tono y las pretensiones del papa. Cuatrecasas lamenta que la comisión española antipederastia no incluya a víctimas de abusos, ni tampoco a “profesionales imparciales”.

2. Opacidad e impunidad

El informe de la ONU de 2014 sobre pederastia en la Iglesia, referente del diagnóstico de déficits de la institución en la lucha contra este fenómeno, ponía el dedo en la llaga: la falta de transparencia. El informe reclamaba “retirar inmediatamente a todos los abusadores de niños conocidos y sospechosos y remitir el asunto a las autoridades policiales y judiciales”. También instaba a “asegurar un intercambio transparente de todos los archivos que se pueden utilizar para responsabilizar a los abusadores, así como todos aquellos que ocultaron sus crímenes y que deliberadamente colocaron abusadores en contacto con niños”. Y pedía “establecer reglas claras, mecanismos y procedimientos para la denuncia obligatoria”. El Vaticano ha sido muy duro con el informe de la ONU, que considera desenfocado y redactado sin tener en cuenta los avances realizados por Benedicto XVI y Francisco.

Ending Clergy Abuse, que denuncia el incumplimiento por parte del Vaticano de estas recomendaciones, exige por su parte “remoción permanente” de su cargo de abusadores y cómplices; un registro público global que incluya “la publicación inmediata de los 3.400 clérigos declarados culpables por la Congregación para la Doctrina de la Fe”; y “declarar la obligación de denunciar” los casos. Esta asociación –de la que el español Miguel Hurtado es cofundador y que integra a colectivos de afectados de 18 países, entre ellos Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, Polonia, Italia y Chile– vincula directamente la cultura de la opacidad con la cultura del encubrimiento.

Todas las exigencias de la ONU y de Ending Clery Abuse, recogidas ahora por Infancia Robada, atañen también a la Iglesia española. Aquí incluso el Gobierno ha tratado de que la jerarquía haga un ejercicio de transparencia, que todavía está por llegar. El Ministerio de Justicia solicitó a principios de mes a la Conferencia Episcopal la entrega de sus investigaciones sobre abusos sexuales, sin resultado.

Los propios protocolos de Iglesia para encarar los abusos [pueden leerse íntegros aquíy aquí] evidencian las limitaciones de la institución en cuanto a la transparencia, así como su apego al secreto. “El secreto ministerial” lo marca todo. Es decir, la confesión. “No existe encubrimiento ni infracción penal alguna por no denunciar un delito del que se ha tenido conocimiento en ejercicio de las funciones del ministerio sacerdotal o religioso, ni obligación de declarar como testigo en procesos civiles ni penales respecto de hechos de los que se haya tenido conocimiento en virtud del ejercicio del citado ministerio”, señala el mecanismo interno. No obstante, sí es obligatorio “denunciar la próxima o actual comisión de un delito” aunque la sospecha se haya fundado en un confesionario. El modelo tiene limitaciones intrínsecas, ya que es más difícil anticipar lo que está por venir (y de lo que por tanto no hay pruebas) que denunciar lo que ya ha sucedido (y se conoce por la confesión del autor o el relato de la víctima).

3. Miedo al escándalo

La respuesta eclesial a las denuncias de abusos está condicionada por el miedo al escándalo y la sospecha de denuncia falsa. En contraste con las dimensiones colosales que está alcanzando el fenómeno de la pederastia en el seno de la Iglesia, la normativa de la CEE invita a la jerarquía a “no ceder al clima de sospecha, de acusaciones con frecuencia infundadas, de denuncias muy tardías con sabor a montaje, de aprovechamiento con objetivos económicos, de la confusión y del nerviosismo, que con frecuencia acompañan estas oleadas de escándalos públicos”. Se pone así a la víctima bajo sospecha.

La normativa eclesial contiene generalidades que los expertos consideran frenos al desarrollo de una investigación en profundidad. Como esta: “Hay que evitar que, por la investigación preliminar, se ponga en peligro la buena fama de alguien“. La decisión sobre las posibles medidas cautelares a adoptar contra un clérigo vienen determinadas expresamente por la voluntad de “prevenir el escándalo”, entre otros factores.

4. Filtro de “verosimilitud” del Obispo

Los obispos, que no se imponen en la normativa interna una obligación de denuncia, se reservan la decisión de si una denuncia parece cierta o incierta. Lo dice así el protocolo de actuación: “Tras la recepción de la denuncia, corresponde al obispo diocesano un primer juicio de verosimilitud (si las circunstancias mencionadas –personas, tiempos y lugares– responden a la realidad, si el denunciante es creíble, si la denuncia cuenta con un mínimo de consistencia, si carece de contradicciones flagrantes que pudieran desautorizarla…)”. Y añade: “Si el obispo considera que la denuncia carece absolutamente de verosimilitud no se inicia el procedimiento ni se informa a la Congregación para la Doctrina de la Fe. De todo ello se da comunicación al denunciante y al acusado. Si se demuestra que una acusación era infundada, se tomarán todas las medidas para restablecer la buena fama de la persona falsamente acusada. Si el obispo considera que la denuncia resulta verosímil, debe dictar un decreto para dar paso a la investigación preliminar”. El protocolo episcopal señala que la investigación, que siempre debe realizarse con cautela, se abrirá salvo que “parezca del todo superflua”.

Miguel Hurtado, uno de los fundadores de la asociación Ending Clergy Abuse, señala que la reserva episcopal de “una criba de las denuncias sin tener conocimientos de psicología ni de derecho” supone la autoatribución de una “potestad” que “todas las guías de buenas prácticas critican”. “Investigar delitos sexuales contra menores es muy complejo. Las decisiones deben estar en manos de profesionales”, señala Hurtado.

5. Pecado vs delito

Uno de los elementos a los que más atento habrá que estar en las conclusiones de la cumbre, así como en la interpretación normativa que hagan en en España la Conferencia Episcopal y cada una de las diócesis, es el grado de obligatoriedad que se impongan las autoridades eclesiásticas en la denuncia de casos de abuso. Actualmente la redacción de la normativa interna de la Iglesia española es poco exigente: “La autoridad eclesiástica invita o aconseja, en un primer momento, a los denunciantes a presentar ellos mismos la denuncia ante la Policía, el Ministerio Fiscal o el Juzgado de Instrucción”. Es decir, no se autoimpone un deber de denunciar. Este es el resultado, en palabras de Miguel Hurtado:“Hasta hoy ha habido más astronautas que han pisado la luna que obispos españoles que han denunciado a un pederasta ante la justicia civil”.

El problema es profundo. La Iglesia es una institución con moral propia. El juicio al que se sienten sometidos es antes que nada divino. No obstante, desde Benedicto XVI se viene poniendo unénfasis creciente en que la pederastia es delito. Los propios protocolos eclesiales subrayan que los religiosos están sometidos al imperio del Código Penal. “El obispo diocesano observará las normas que, eventualmente, puedan establecer las leyes penales del Estado relativas a la información acerca de estos delitos. La autoridad eclesiástica, asimismo, colaborará en las investigaciones que puedan llevar las autoridades civiles”, señalan los protocolos. Parecen obviedades, pero hasta 2010 no estaban incluidas en los protocolos. “Antes de 2010 se consideraban las investigaciones como secreto pontificio y bajo ningún concepto se podían notificar“, señala Miguel Hurtado, víctima de abusos, hoy psiquiatra infantil.

“Los abusos son delitos. Nosotros los vemos así, no como pecados. Hay denunciarlos por la vía de la justicia como paso número uno. Hasta que la Iglesia no acepte de arriba abajo esto y cambie del todo su criterio, seguirán pasando aberraciones y habiendo encubrimientos”, señala Cuatrecasas (Infancia robada).

6. Los límites de la prescripción

La acción criminal relativa a “los delitos más graves contra la moral” se extingue por prescripción en 20 años, “sin perjuicio del derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe de derogar la prescripción para casos singulares”. Con esto la Iglesia argumenta que, en materia de prescripción, va incluso por delante del poder civil. Es cierto que esta es, antes de que de la Iglesia, una tara pendiente de la política. Las propias asociaciones subrayan que son las autoridades civiles las que tienen que actuar en esta materia.

Actualmente el periodo de prescripción de los delitos sexuales cuenta desde que el denunciante alcanza la mayoría de edad, fijada en España en 18 años. Dependiendo de la gravedad del caso, la caducidad se produce entre 5 y 15 años después. ¿Resultado? Como máximo, el delito queda cancelado cuando la víctima cumple los 33. En muchas ocasiones los denunciantes dan el paso al frente cuando observan que las autoridades eclesiásticas se abren a escuchar, o cuando hay casos mediáticos. En Estados Unidos la publicación de una investigación del Boston Globe desató una cascada de acusaciones. Es decir, a menudo las denuncias llegan décadas después de producirse los hechos, cuando el delito está prescrito. Ello hace clave la intervención inmediata y transparente de la autoridad eclasiástica. Y, como vienen destacando asociaciones de fiscales y jueces, aconseja una ampliación del plazo de prescripción penal. Durante su visita al Vaticano en octubre, de gran repercusión, la vicepresidenta Carmen Calvo anunció a las autoridades pontificias la adopción de medidas legales para la imprescriptibilidad de los los abusos sexuales. La iniciativa, que pretendía ampliar el plazo a 30 años, se ha quedado en fase de anteproyecto.

Al margen de los deberes pendientes del poder político, la Iglesia tampoco facilita en España la investigación de hechos ocurridos tiempo atrás. La asociación internacional de víctimas Ending Clergy Abuse denuncia que todavía se queda fuera la denuncia de todo lo que afecte a mayores de 18 años, que pueden haber sufrido abusos durante la infancia y adolescencia, y cuyos abusadores pueden seguir en contacto con niños. “En los delitos de abusos sexuales, si la víctima es mayor de edad, sólo puede presentar la denuncia la persona agraviada”, señala la normativa de la Iglesia española.

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