Muere Luis Montes, el defensor de la muerte digna que abrió el debate de la eutanasia

Luis Montes, presidente de la asociación DMD, nos ha dejado esta tarde, precisamente cuando se dirigía a un acto sobre muerte digna.

El doctor Luis Montes nos había acompañado en Asturias, como lo hacía siempre allí donde  se le requiriera para defender la libertad de conciencia y el derecho a  una “muerte digna”, una “buena muerte” y a “vivir y morir con dignidad”, en unas charlas organizadas conjuntamente por Asturias Laica y DMD en Oviedo y en Gijón.

Desde Asturias Laica lamentamos profundamente su desaparición. Su muerte es una enorme pérdida por su calidad humana y su incansable lucha. Gracias por su apoyo, su compromiso y su labor.

 

Luis Montes / EFE/ El Confidencial

Fuentes: Borja Rodrigo, El Confidencial, 19 de abril de 2018 / El País, Oriol Güell / Infolibre

Luis Montes (Salamanca, 1949), presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), y que en 2005 fue acusado -y posteriormente absuelto- de aplicar la eutanasia a 400 enfermos terminales ha muerto este jueves de un infarto cuando se dirigía en vehículo a Molina de Segura (Murcia), según ha podido saber El Confidencial. El caso Leganés, como se bautizó a la acusación que enfrentó Montes sirvió para abrir el debate sobre la eutanasia, práctica de la que este médico se volvió abanderado años más tarde.

Desde 2009 el doctor era presidente federal de DMD, desde donde defendía la despenalización de la eutanasia, el acceso universal a los cuidados paliativos y a la sedación. Montes ponía en el centro de su trabajo el derecho a la autonomía, la libertad individual y la voluntad del paciente. La militancia de Montes se remonta a los tiempos de la oposición al franquismo, donde se volcó en el trabajo comunitario en los barrios de chabolas que abundaban en el norte del actual distrito de Tetuan.

Montes saltó del anonimato a la primera página de los diarios sin pretenderlo. El que fuera coordinador de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, en Madrid, fue acusado de 400 «homicidios» por sedaciones paliativas a pacientes terminales entre 2003 y 2005. La Justicia tardó tres años en limpiar su nombre, pero eso no evitó el «linchamiento moral» al que fue sometido por parte de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno de la entonces presidenta regional Esperanza Aguire y su consejero de Sanidad Manuel Lamela fueron los protagonistas del calvario de este hombre. Lamela llevó a Montes a los juzgados después de conocer dos denuncias anónimas a las que dio credibilidad sobre la supuesta mala praxis médica en el Severo Ochoa por una sedación excesiva de enfermos terminales que fueron remitidas por la Asociación de Víctimas de Negligencias Sanitarias de Madrid y la Asociación El Defensor del Paciente.

El mismo día en que recibieron la denuncia, Sanidad suspendió a Montes y comenzó una inspección en el hospital. La decisión no fue aceptada por los trabajadores del Severo Ochoa que se manifestaron para exigir su restitución y pedir la dimisión de Lamela.

Manifestación contra el cese de Montes tras declarar en los juzgados. (EFE) / El Confidencial

De las 339 historias revisadas desde 2003, en 151 hubo sedación, en 94 consentimiento familiar y en 57 no consta, mientras que en 25 pacientes se destacaron «incidencias» y se detectó «caos organizativo», por lo que fueron cesados el coordinador de Urgencias, el gerente y el director médico. En 2007, el caso quedó sobreseído después de que el Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid dictaminara que se produjo mala praxis médica, pero no podía acreditarse relación alguna entre esta y las muertes, lo que es imprescindible en materia penal para apreciar la existencia del delito.

Por su parte, Luis Montes presentó una querella contra las asociaciones denunciantes y un recurso contencioso administrativo contra la decisión de la Consejería de relevarlo de su puesto. En abril de 2011 se conoció la sentencia por la que se condenaba a Miguel Ángel Rodríguez, antiguo portavoz del gobierno de José María Aznar al pago de 30.000 euros como autor de un «delito continuado de injuria grave realizado con publicidad» contra el doctor.

Activismo

En los últimos años, ya retirado, siguió con su trabajo «incansable» en la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), a la que estuvo vinculado durante una década, según comentan en su entorno. «Era muy militante de las cosas en las que creía», dicen estas mismas fuentes. Estaba convencido de que los representantes políticos debían tener en cuenta la importancia de la libre disposición de la propia vida para no estar de espaldas a la ciudadanía. «La mayor sensibilización ante la eutanasia es haber vivido una mala muerte en tu entorno», dijo en 2016 en una entrevista con infoLibre.

La defensa de la sanidad pública fue otro de los grandes caballos de batalla de su vida. Su participación fue muy activa en la marea blanca que detuvo el plan privatizador que impulsó la expresidenta Esperanza Aguirre junto a  un viejo conocido para él, Manuel Lamela, y que pretendía entregar a manos privadas la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud construidos con fondos públicos.

También estuvo vinculado a Podemos, de cuya primera dirección en Madrid formó parte entre 2015 y la segunda mitad de 2016. De hecho, su muerte fue anunciada en la Asamblea de Madrid por su amiga Carmen San José, médica y diputada de la formación morada, mientras se debatía una comparecencia del consejero de Sanidad sobre las medidas que lleva a cabo el Gobierno regional para hacer efectiva la ley por una muerte digna de la Comunidad de Madrid, aprobada hace un año, y que garantiza el derecho de las personas en situación terminal y de agonía a recibir cuidados paliativos integrales en los hospitales públicos o privados o en su propio domicilio.

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