Sumar considera incompleto el documento porque cree que es la Iglesia la que debe pagar las indemnizaciones. La iglesia, señalaba en nota de prensa la CEE, «no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales». Las víctimas critican el «rescate a los obispos».
Fuentes: SER (Adela Molina); El País (Julio Núñez-Íñigo Domínguez); El Plural (Roberto Ugena); El Diario (Natalia Chientaroli-Alberto Ortiz-Jesús Bastante); 23 de abril de 2024
El Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Repuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Poder de los Poderes Públicos, impulsado por el Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto que tendrá vigencia hasta 2027 y que, entre otras cosas, contiene indemnizaciones a las víctimas, la organización de un acto público y una batería de medidas en materia de prevención, formación e investigación. Recoge así el guante que lanzó el Defensor del Pueblo, que en un informe que le pidió el Congreso sobre la cuestión calculó que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas) y proponía que se creara un fondo para compensarlas económicamente.
Vista la “respuesta insuficiente” que la Iglesia está ofreciendo a las víctimas de pederastia, el Gobierno indemnizará a todas las personas que hayan sufrido abusos por parte del clero y cuyos casos hayan prescrito penalmente. “Las conclusiones del Defensor fueron claras y contundentes”, ha asegurado Bolaños en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que ha señalado que “la Iglesia católica durante décadas no dio respuesta a esta situación” y que “como Gobierno queremos prevenir, reparar y tratar de saldar la deuda que tiene nuestra sociedad y democracia con las víctimas”.
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