El texto, que tendrá ahora que seguir su trámite en el Senado y que contempla penas de prisión de seis meses a dos años, ha contado con la abstención del PP y la oposición de Vox, que ha acusado al resto de grupos de querer “eliminar la posibilidad de que alguien pueda si quiera dudar de su homosexualidad”
Fuentes Público (María Martínez) | El Diario (Marta Borraz) | Congreso de los Diputados | El País (Pablo León) | RTVE, 25 de junio de 2026
El Congreso ha aprobado este jueves la reforma del Código Penal que convierte en delito las denominadas terapias o prácticas de conversión dirigidas a modificar, reprimir o anular la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de las personas LGTBIQ+: Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar las terapias de conversión dirigidas a eliminar o negar la orientación sexual, identidad sexual o expresión de género.
La iniciativa, impulsada por el PSOE en junio del pasado año, ha superado el trámite en la Cámara Baja con 178 votos a favor, 32 en contra (Vox) y 137 abstenciones (PP), aunque Junts, Sumar, PNV, EH Bildu, Podemos y Compromis han reclamado «más ambición» para avanzar en otras medidas, como ofrecer vivienda y ayudas económicas para facilitar la denuncia de las víctimas.
El texto propone la inclusión de las terapias de conversión en el artículo 173 del Código Penal, que persiguen las torturas y los delitos contra la integridad moral, y el objetivo, según los grupos que han apoyado el texto, es principalmente que se convierte en una herramienta “disuasoria” de este tipo de métodos. La norma contempla castigar «con pena de prisión de seis meses a dos años, y multa de ocho a veinticuatro meses, al que aplique o practique sobre una persona, aun con su consentimiento (extremo contra el que se han opuesto ferréamente tanto el Partido Popular como Vox), o el de su representante legal, actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos de aversión o conversión».
La nueva propuesta establece que se aplicará la pena en su mitad superior, dentro del rango previsto, cuando la víctima sea menor de edad, se emplee violencia o una situación de superioridad, el culpable pertenezca a una organización u asociación, o las prácticas se realicen con fines lucrativos. En todos los casos, se añade también una inhabilitación para trabajar en educación, deporte o actividades de ocio con menores durante entre 3 y 5 años más del tiempo que dure la privación de libertad impuesta.
La aprobación supone un endurecimiento de la respuesta jurídica frente a unas prácticas que ya estaban prohibidas en España por la llamada ley trans, aunque hasta ahora únicamente podían ser sancionadas por la vía administrativa: se sancionaban con multas de 10.001 a 150.000 euros como infracción administrativa muy grave en la ley trans, pero no figuraban como delito en el Código Penal.
Debate en el Congreso
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Tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como el diputado del PSOE Víctor Gutiérrez han celebrado el “paso adelante” que supone la norma, que ha llegado al pleno a las puertas del Orgullo LGTBI. “A estas personas les hicieron creer que era un error, pero el error no eran ellas, lo eran la vergüenza que les impusieron, el silencio y la impunidad”, ha afirmado Gutiérrez, que ha reivindicado la ley como una forma de “cerrar una puerta que nunca debía estar abierta, la de la culpa y el miedo” que “les hicieron sentir” a quienes les dijeron “que había algo malo en ellos”.
Tesh Sidi, de Sumar, ha manifestado su rechazo al punitivismo, al mismo tiempo que ha defendido la vía penal argumentando que las meras sanciones económicas no bastan. No obstante, el grupo ha lamentado que, si bien la reforma hace justicia contra los agresores, se queda corta al no ofrecer una reparación «efectiva» a las víctimas, un objetivo por el cual ha asegurado que seguirán luchando.
Mientras, María de la Cabeza Ruiz, de Vox, ha rechazado la iniciativa al calificarla como un «absoluto despropósito» y un ataque directo «a la libertad individual», acusando a la izquierda de pretender «imponer» su pensamiento «a golpe de Código Penal». «Esta proposición de ley va de encarcelar a quienes no piensan como ustedes, a quienes no quieren actuar como ustedes», ha recalcado.
Pilar Calvo, de Junts, ha subrayado que el término «terapia» es incorrecto porque presupone la existencia de una enfermedad. La portavoz de la formación ha recalcado que hay que acotar con precisión qué es y qué no es una práctica de conversión para evitar ambigüedades con el acompañamiento psicológico.
Por su parte Teresa Jordà, de ERC, ha manifestado una satisfacción a medias, señalando que, aunque es un avance, la norma no va lo suficientemente lejos al no incorporar ayudas económicas ni habitacionales para las víctimas. «Y sabemos también que la justicia no consiste solo en castigar a los que hacen mal. Consiste también en garantizar que las víctimas puedan reconstruir sus vidas. Y no lo hemos conseguido, señorías. Hoy no lo hemos conseguido», ha afirmado.
Mientras, Isabel Pozueta, de EH Bildu, ha advertido de que «prohibir estas prácticas no es solo sancionar, es reconocer el daño, garantizar que no vuelva a ocurrir y construir un marco social que no reproduzca la discriminación». También ha destacado que «no existe consentimiento cuando la persona está inmersa en un entorno que le dice que su forma de ser es un error o una enfermedad».
También Maribel Vaquero, del PNV, ha expuesto que «las terapias de conversión parten de una premisa incompatible con la dignidad humana, sexual o la identidad de género de una persona constituyen una desviación que debe ser corregida». «El daño no reside únicamente en los métodos empleados, sino en el propio mensaje que transmiten», ha subrayado.
Por Podemos, Noemí Santana ha valorado positivamente que la nueva ley persiga y sancione a quienes ejercen la violencia de las «terapias de conversión», considerándola un paso adelante en materia de derechos, aunque ha advertido que la norma «se queda corta». A juicio de la formación, el texto legislativo adolece de una falta de medidas de acompañamiento y protección integral para las víctimas, al centrarse en el castigo. «Esperábamos algo más del Partido Socialista», ha admitido.
Finalmente, Águeda Micó, de Compromís, ha criticado al PSOE por no permitir incluir planes de ayuda habitacional y económica para las víctimas. «¿Tan difícil de entender es que las víctimas necesitan seguridad económica y habitacional para poder blindar su derecho a la denuncia?», ha cuestionado, al mismo tiempo que ha preguntado qué votaría el activista y político socialista Pedro Zerolo.
Por su parte, el diputado popular Jaime de los Santos ha asegurado que la ley “es necesaria” pero ha defendido la validez del consentimiento apelando a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, ya la ley del solo sí es sí. «El consentimiento está en la base de nuestro Estado y es imprescindible. ¿Consistió Miguel Ángel Blanco que le quitaran la vida?», ha preguntado antes de culpar al Gobierno de la salida de «violadores y pederastas» de la cárcel debido al «sectarismo» de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha calificado de «ley nefasta» de la que «fue base el consentimiento». “Esta ley es necesaria porque las terapias atentan contra los derechos humanos, pero nace corrompida”, ha dicho el diputado del PP Jaime de los Santos. “Yo soy maricón, pero [el PSOE] nos utiliza hasta la náusea”.
“Usted es una vergüenza para el colectivo LGTBI+. Yo también soy maricón, pero con orgullo”, ha respondido el socialista Gutiérrez. El también secretario de políticas LGTBI+ del partido ha agregado que “no son terapias, sino torturas”. “Y su partido [el PP] defiende la supuesta libertad de las familias, de los padres a arrastrar a sus hijos a ellas. Pues van a ser penalizadas, aunque se lleven a cabo con consentimiento”, ha continuado Gutierrez: “Esta ley existe por las víctimas, por las que denunciaron y por las que no pudieron contarlo. Una persona LGTBI+ no necesita ser ni curada ni reparada. Ser quienes somos nunca es el problema, el problema es que alguien pretenda convencernos de lo contrario”.
“Quieren impedir que alguien dude de su homosexualidad, que se cuestione su propia sexualidad, que acuda a un psicólogo o un sacerdote por voluntad propia”, ha dicho la diputada de Vox, María Ruiz, que se ha preguntado por la necesidad de penalizar las pseudoterapias si en los últimos años no se ha impuesto ninguna multa por este asunto. “Igual es porque no hay esas terapias de conversión”, ha añadido.
Desde la tribuna de invitados del Congreso, tres víctimas de estas prácticas no podían disimular su indignación. Una de ellas es Xavi Martínez Cal, de 29 años, que las sufrió durante cuatro años y ha denunciado a quienes se las aplicaban, la cúpula del movimiento Es Posible la Esperanza, una red de asociaciones que operan a nivel nacional.
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Martínez Cal ha detallado que la jerarquía de la Iglesia en España ha fomentado estas prácticas. Alguna de las actividades en las que se vio inmerso acababan con misas privadas oficiadas por jerarcas eclesiásticos, como Juan Antonio Reig Pla, que fue arzobispo de Alcalá de Henares (Madrid) entre 2009 y 2022: “Nos decía que estaba formando un ejército contra la ideología de género. Que éramos los elegidos. Según él, Dios selecciona a los mejores para las peores batallas”.
“Estas prácticas se basan en el maltrato, los abusos, las vejaciones, la manipulación y la coacción”, ha dicho Martínez Cal a las puertas del Congreso. “A pesar de las multas, esta gente seguía actuando. Era necesario penalizarlas porque no se estaba protegiendo a las víctimas”, ha añadido.
La asociación No es terapia, que representa a víctimas de estas prácticas, lleva desde 2020 trabajando para que se persigan y castiguen. “Justamente, esa falta de sanciones de la que ha hablado Vox evidencia que, a pesar de estar castigadas, no había herramientas suficientes para hacerlo de manera efectiva. Los que las perpetran lo hacen amparados en esta supuesta libertad que la derecha y la extrema derecha dicen defender”, ha dicho Saúl Castro, abogado y presidente de la organización, que también ha acudido al debate en la Cámara baja.
Además, Castro ha criticado que en varias regiones donde gobierna el PP en solitario o en coalición con los ultras, como la Comunidad Valenciana, Andalucía o Madrid se han archivado las denuncias que han interpuesto “sin dar explicaciones, sin permitirnos recurrirlas o señalando, incorrectamente, que carecen de competencia para tramitarlas”.
“Hace seis años, cuando empezamos con la asociación, casi no se hablaba de estas falsas terapias. Se trata de una violencia que llevaba años silenciada”, ha continuado el presidente de No es terapia. “Nos ha emocionado muchísimo que haya llegado hasta el Congreso y que se garantice que aquellos que las ejecuten estén donde tienen que estar: en la cárcel”.
Por su parte, los representantes de formaciones como Sumar o Compromís han pedido que se aprueben leyes de apoyo y reparación para las personas afectadas. “Es una ley que se queda corta porque es tan importante señalar a los responsables como acompañar a las víctimas”, ha dicho la diputada del partido valenciano Águeda Micó. Su formación presentó enmiendas -que no salieron adelante- para ofrecer una solución habitacional a las víctimas, repararlas económicamente o darles acompañamiento. “Esto es el inicio de un camino porque hay que seguir peleando para que se garanticen derechos efectivos para aquellos que las han sufrido”, ha incidido el presidente de No es terapia.
