Gobierno e Iglesia han firmado un acuerdo para la reparación de las víctimas de pederastia: contarán con un asidero en la administración pública que tendrá la última palabra en caso de discrepancia, y las reparaciones económicas -exentas de IRPF- serán a cargo de la Iglesia.
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Fuente: Julio Núñez, Eleanora Giovio, El País, 8 de enero de 2026
La Iglesia se retracta y acepta un acuerdo con el Gobierno para colaborar en un sistema de reparación mixto con el Estado en el que se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en el clero español. El documento señala que será el Defensor del Pueblo el que estudiará cada caso, “elaborará una propuesta de reconocimiento de la condición de víctima que incluya la reparación pertinente” y, en caso de que las partes no estén conformes con la resolución, será el encargado de “adoptar la resolución definitiva”. El convenio, al que ha tenido acceso este periódico, ha sido firmado este jueves por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.
Los responsables eclesiásticos se comprometen a acatar tal decisión. “La Iglesia católica asume la reparación de aquellas víctimas que no quieran acudir al PRIVA [en referencia al equipo que gestiona desde hace un año los casos que llegan a la Iglesia y que se denomina Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos]”, recoge el texto, que señala que el convenio “no está basado en la imposición unilateral de una obligación jurídica, sino en el mutuo acuerdo de las partes” y que cuenta “con la opinión de las víctimas”.
📺 Bolaños agradece la difusión de casos de abuso en medios de comunicación: "Ha generado una conciencia colectiva de que la reparación era necesaria". EL PAÍS puso en marcha una investigación sobre los casos de pederastia en el clero hace siete años https://t.co/3GzSSXgjAF pic.twitter.com/eBZ08BzlGQ
— EL PAÍS (@el_pais) January 8, 2026
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En su intervención, Bolaños agradeció la colaboración de las asociaciones de las víctimas, del Episcopado, de los religiosos, del Vaticano[1], con una mención especial a Francisco, a León XIV y al cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin. “En los momentos en los que la negociación entraba en una dificultad, ha sido necesario que el Vaticano optara por la vía del acuerdo”, apuntó el titular de Justicia. De la misma manera, reconoció que “ha sido una negociación compleja y ardua”.
Félix Bolaños ha calificado así el acuerdo: “Hoy somos una democracia mejor porque saldamos una deuda histórica y hacemos justicia. Saldamos la deuda moral que teníamos con las víctimas de la Iglesia que durante décadas se han encontrado con un muro de silencio, ocultamiento e incomprensión y un daño moral imposible de reparar. Hoy podemos decir que el Estado cumple con las víctimas”.
Luis Argüello, por por su parte ha dicho: Queremos asumir nuestra propia responsabilidad” aunque ha afeado al Gobierno focalizarse en los abusos en el clero y no abordar los casos en otros ámbitos. El presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, de hecho, ha querido destacar el “compromiso moral” de la Iglesia: “¿Qué institución en este país asume delitos que están prescritos?“
Ampliando lo recogido por El País, tanto RTVE como Noticias de Navarra y la CEE hacen referencia a lo señalado por Argüello como un aspecto importante de este acuerdo: el hecho de que recoja explícitamente el desarrollo de la ley de protección a la infancia de 2021 para generar una «propuesta análoga» a la que la Iglesia ha ido realizando a través de la comisión asesora del Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (PRIVA) «para que otros sectores en donde han acontecido abusos puedan también ofrecer una propuesta de reparación integral aunque los asuntos estén prescritos». No obstante, el presidente de la Conferencia Episcopal ha añadido que no están especificados en el acuerdo los plazos para abordar este asunto y ha explicado que analizarán su desarrollo cuando se aborde la renovación del acuerdo suscrito. Sin embargo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha señalado que el compromiso del Gobierno español alcanza a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia: «No hay ningún objetivo más fuera de ese título».
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La noticia llega tras años de negativa por parte de los obispos de hacer frente al escándalo y siete años después de que EL PAÍS pusiera en marcha una investigación sobre los casos de pederastia en el clero. El trabajo de este diario provocó, entre otras medidas, que el Congreso de los Diputados encomendase al Defensor del Pueblo un informe sobre la magnitud de los delitos y una batería de recomendaciones, entre las que se incluía la reparación de los afectados. La decisión se adoptó en 2022 por mayoría absoluta.
El pacto entre la Iglesia y el Estado se basa en estas propuestas restaurativas, como que fuera un “órgano independiente” y “estatal” quien fije los baremos y los procedimientos para el reconocimiento de los delitos y la reparación de las víctimas. De hecho, el texto señala que este sistema mixto pivotará sobre el criterio técnico de la Unidad de Atención de Víctimas del Defensor del Pueblo (el equipo que habló con afectados durante la investigación del organismo público), además de la evaluación de la comisión del PRIVA y de la participación de las víctimas. “Es necesario disponer de un sistema de reparación temporal, especializado y con criterios transparentes, que garantice el reconocimiento y reparación integral a todas las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que ya no puedan acceder a la vía jurisdiccional”, contempla el texto.
El documento[2]prevé diversas formas de reparación: “de carácter restaurativo y simbólico del daño causado”, “de reparación psicológica y/o psiquiátrica con profesionales de elección de la víctima y que podría, en su caso, extenderse a su familia”, de “reparación moral del daño causado” o “cualesquiera otras formas de reparación que se puedan plantear en el marco de dicho convenio”.
Los baremos aún no están establecidos, aunque el Defensor siempre ha sostenido que deben utilizarse estándares europeos que han empleado otros países donde ya se han realizado estos procedimiento. Las cifras en el extranjero van de un mínimo de casi 6.000 euros que ha pagado la Iglesia de Bélgica de media, a los 62.245 que ha desembolsado la de Irlanda.
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El proceso se iniciará después de que las víctimas registren una solicitud en una Unidad de Tramitación creada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (encargada de la “recepción de solicitudes, comunicación con las partes, notificación de las propuestas, recabado de informes, etc).
Tras el registro, se remitirá al afectado a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que escuchará su relato, estudiará el caso y elaborará “una propuesta de reconocimiento”. Toda esa documentación se enviará a la Iglesia, a la comisión del PRIVA, y tendrá un plazo “para que manifieste su conformidad, o su oposición motivada a la propuesta”. En este punto, la jerarquía eclesial puede remitir información de dicho caso si ya se ha investigado o si anteriormente había reparado a la víctima “con el fin de evitar duplicidades”. Del mismo modo, esta documentación (la propuesta del Defensor como de los informes de la Iglesia) será enviada a la persona que la solicitó “para que exprese su conformidad o no”.
En el caso de que haya acuerdo entre las partes, el Defensor constituirá “la declaración de la condición de víctima y su reparación con carácter definitivo y se trasladará al PRIVA para su cumplimiento y ejecución”. La víctima estará constantemente informada.
Pero en el caso de que hubiera disconformidad con alguna de las partes, se convocará a la Comisión Mixta para la Resolución de Controversias, un equipo compuesto por miembros designados por el Ministerio de Presidencia, el Defensor del Pueblo y la Iglesia católica, que deliberará “para alcanzar un acuerdo unánime”. Si siguen sin acercar posturas, habrá un último intento. En caso de que no haya consenso, el Defensor del Pueblo adoptará la resolución definitiva.
La institución eclesiástica responsable del agresor (diócesis, orden o congregación religiosa) deberá cumplir con las reparaciones que se fijen. En el caso de que no las pueda asumir, la CEE y la Confer se hará cargo de los pagos o de ejecutar las medidas.
El plazo de vigencia del acuerdo para solicitar la reparación será de un año, prorrogable a otro más “si las partes así lo acuerdan”, aunque los procedimientos para el estudio de cada caso y su ejecución no tienen un tiempo establecido. El acuerdo especifica que la diócesis y órdenes religiosas podrán seguir reparando internamente a las víctimas que decidan tomar ese camino.
El ministerio también se compromete en el documento a promover “las modificaciones precisas para la aplicación de exenciones fiscales a las reparaciones que se reconozcan a todas las víctimas”. Este punto es de vital importancia para las víctimas. Este periódico desveló el pasado 20 de noviembre que, una de ellas descubrió que después de recibir la indemnización que tenía que tributar por ella. Lo contó, alarmado, a este periódico. La ley española establece que para que una indemnización esté exenta de impuestos tienen que ser judicialmente reconocida. En la gran mayoría de los abusos sexuales de la Iglesia no hay resolución porque los casos están prescritos penalmente y, por lo tanto, no tienen un recorrido judicial. El secretario general de la CEE dijo en la última plenaria que la Iglesia tiene conocimiento desde el pasado mes de junio del tema de la fiscalidad, pero que “lo han llevado con discreción”.
Esta víctima pidió ayuda al Defensor del Pueblo el que, a su vez, formuló una queja a Hacienda para que aplique a las compensaciones de la Iglesia una exención, como ya ocurre, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo. La Comisión de Hacienda del Senado, tras la exclusiva de este periódico, aprobó el 4 de diciembre una moción de Esquerra Republicana para instar al Gobierno a modificar la Ley del IRPF para garantizar que las indemnizaciones percibidas por las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica queden exentas de tributación.
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Tres años de pasividad
El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia se ha retrasado constantemente desde que el Defensor publicara en octubre de 2023 los resultados de su informe, de 777 páginas, y en el que constataba que un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. En el documento ya detallaba una propuesta para indemnizar a las víctimas a través de un fondo estatal para pagar las indemnizaciones “en aquellos casos que por prescripción del delito u otras causas” sea imposible denunciar penalmente. La idea era que un “órgano independiente” y “estatal” fijara los baremos y los procedimientos para el reconocimiento de los delitos y la reparación de las víctimas. Los obispos respondieron que no colaborarían con el Defensor y que repararían por su cuenta a las víctimas.
Con esos datos, el Ejecutivo aprobó en abril de 2024 en el Consejo de Ministros un plan de reparación basado en las directrices de Gabilondo y anunció que dialogaría con los obispos para que se hicieran “cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”.
En ese momento comenzó una guerra cruzada entre la Iglesia y el Estado. La CEE definió el plan del Gobierno como “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica”. Bolaños tendió puentes con el episcopado español y consiguió que este aceptase crear un grupo de trabajo con el Estado. Se celebró una primera reunión dos meses después del anuncio del plan del Gobierno y se programó otra unas semanas después para que la Iglesia comunicase si finalmente participaría en el sistema de reparación gubernamental. Pero la cita nunca se produjo.
El plantón llevó a Bolaños a enviar varias cartas al presidente de los obispos, Luis Argüello. En la primera, le urgía a reunirse para “alcanzar un acuerdo”. El líder eclesiástico le respondió que los trabajos de ese grupo “se podrían reanudar a partir del próximo día 10 de julio [de 2024]”, después de que los obispos aprobasen su plan. El ministro envió una carta advirtiendo a Argüello de que “no aceptará” un plan sin “criterios y garantías públicas,” como recomienda el Defensor en su informe.
Paralelamente, la Iglesia española había diseñado su propio programa para reparar a las víctimas, bautizado como PRIVA (Plan de Reparación Integral a Víctimas de Abusos). Está coordinado por una comisión de especialistas que estudia cada caso y hace una propuesta económica. Es decir, envía a cada responsable del presunto agresor (diócesis u orden religiosa) una cifra del pago y finalmente el jerarca en cuestión decide si pagarla o no.
Este plan, que los obispos pusieron en marcha comenzado el 2025, ha naufragado. El obispo César García Magán, secretario general de la CEE, anunció a finales de este noviembre que la comisión ha “tratado” 101 casos, de los que 58 ya se han resuelto y “11 lo serán próximamente”. Las cifras que presentó en septiembre la comisión del PRIVA cuantifican en 39 las víctimas indemnizadas. Eso quiere decir que, de las 2.002 víctimas reconocidas por la CEE en las actualizaciones de sus informes Para dar Luz, las que han sido reparadas no llegan al 2%, según un cruce de datos de este periódico.
Tampoco hay un baremo fijo de las cuantías ni los obispos han anunciado el método utilizado para fijar las indemnizaciones. La diferencia de pagos en casos similares es enorme. Por ejemplo, en dos procedimientos que ha seguido EL PAÍS, con abusos de misma gravedad y secuelas parecidas, pero de agresores diferentes y pertenecientes a órdenes distintas, la Iglesia pagó 1.000 euros a una víctima y más de 60.000 a otra.
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Notas:
[1] El Vaticano forzó a los obispos a alcanzar el acuerdo con el Gobierno para indemnizar a las víctimas de abusos
Fuente: Jesús Bastante, Religión Digital
[2] DESCARGAR EL DOCUMENTO
Fuente Conferencia Episcopal Española
3.- Claves del acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno | ¿Cuándo podrán reclamar las víctimas de pederastia? ¿Quién estudiará los casos? ¿Quién paga? Julio Núñez, Eleanora Giovio, El País
El pacto tiene carácter retroactivo, según el ministro de Justicia. El convenio con los obispos y el Defensor del Pueblo se formalizará en febrero
