La lentitud –y, en algunos casos, el “desprecio”– de algunos obispados a la hora de colaborar ha retrasado varios meses la investigación, que calcula, según ha podido saber elDiario.es, que el número de afectados será ocho veces mayor al que había reconocido la Conferencia Episcopal hasta ahora.
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Jesús Bastante, El Diario, 16 de febrero de 2023
Unas 4.000 víctimas. Esta es la cifra que se maneja, con suma cautela, en el entorno de la auditoría encargada, hace ahora un año, por la Conferencia Episcopal española al despacho Cremades & Calvo Sotelo para intentar desentrañar, desde dentro, el drama de los abusos sexuales a menores en la Iglesia española. Y para ofrecer, tal y como lo anunciaron en su día los obispos, recomendaciones que en ningún caso serán de obligado cumplimiento.
Según ha podido saber elDiario.es, los primeros datos de esta investigación –el Congreso encargó otra independiente al Defensor del Pueblo– apuntan a una cifra (necesariamente conservadora, al tratarse de una auditoría de parte) de alrededor de 4.000 víctimas, ocho veces más de las reconocidas hasta ahora por la Conferencia Episcopal y una cifra mucho más alta que la presentada por distintas indagaciones periodísticas. La tarea del bufete se ha centrado en estos meses, por un lado, en hablar con víctimas, lo que se ha concretado en unas 120 entrevistas, por el momento. Por otro lado está el repaso a los archivos eclesiásticos con el fin de elaborar un mapa de lo acontecido en los últimos 60 o 70 años. Como en Portugal, el límite, un tanto difuso, se coloca en torno a la década de los años 50.
Aún con lo sorprendente de la cifra para lo que ha sido el discurso de la Conferencia Episcopal hasta el momento, hay quienes piensan que puede ser demasiado conservadora. Se acerca a la que una investigación adjudicó solo a la archidiócesis de Múnich (Alemania), que hablaba de 3.600 víctimas. Este mismo lunes la Iglesia portuguesa presentó su propio informe en el que apunta a casi 5.000 afectados en un país mucho más pequeño que España. Lo cierto es que personas que han participado en estos dos informes están trabajando con el equipo de Cremades en la elaboración del español.
Retraso en la entrega del informe
La auditoría, contratada el año pasado por estas fechas –en principio pro bono, aunque la Iglesia está pagando los costes derivados de las contrataciones externas y los viajes, con importes que no se han detallado públicamente– tenía un plazo estimado de finalización en 12 meses, tal y como adelantó elDiario.es al publicar el contrato entre ambas entidades, pero no llegará a tiempo. El informe no se entregará, como estaba previsto, la semana que viene, y las previsiones más optimistas apuntan a primavera (mayo-junio), aunque lo más probable es que el informe final no se presente hasta pasado el verano.
¿Cuáles son las causas del retraso? En primer lugar, la lentitud –y, en algunos casos, el “desprecio”– de algunos obispados a la hora de colaborar con la auditoría, así como las dificultades para acceder a datos reservados, tal y como apuntan fuentes cercanas al estudio. La salida de Luis Argüello de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal no ha ayudado mucho a la aceleración de unos trabajos en los que se echa de menos una colaboración “intensa” del episcopado en pleno.
Así, se establecen sonoras diferencias entre la actuación de diócesis como la de Madrid, que este mismo miércoles presentaba los datos del proyecto Repara, que atendió durante 2022 a 121 víctimas de abusos (alrededor de la mitad religiosos o sacerdotes) y cinco victimarios (tres de ellos clérigos); o, en el otro extremo, Valladolid, que sigue asegurando no haber encontrado casos (pese a que, tal y como apunta El Independiente, el cardenal Blázquez pudo haber reubicado a un cura sabiendo de había mantenido comportamientos “reprobables” con una menor en su anterior destino).
La colaboración con las congregaciones religiosas, en cambio, está resultando más abierta, y los investigadores han admitido que muchas órdenes religiosas ya tenían “buena parte del trabajo hecho” antes de que ellos llegaran, algo que contrasta con la situación en al menos una docena de diócesis, donde las oficinas antiabusos no existen en la práctica.
Un representante de la auditoría viajó hace poco a Roma para informar de los avances (y retrasos) del estudio, y compararlo con otras experiencias similares, como la italiana, la francesa, la alemana y, ahora, la portuguesa. En segundo objetivo de la auditoria es elaborar un manual de buenas prácticas y prevención y, finalmente, plantear una serie de recomendaciones de actuación para los responsables eclesiásticos en la que plantearán resarcimientos económicos, más allá del pago de los tratamientos. En cualquier caso, no es un informe de obligado cumplimiento y las autoridades de la Iglesia española no se han mostrado muy favorables a las indemnizaciones.
Acuerdos secretos
Algunos datos preliminares, como adelantó elDiario.es, también han revelado la existencia de decenas de acuerdos extrajudiciales firmados entre denunciados y víctimas de pederastia. El equipo que está al frente de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal ha detectado “alrededor de una treintena” de documentos en los que se “renuncia a los tribunales” en casos de agresiones sexuales.
Algunos han sido desvelados por este medio, como la indemnización a la víctima del ‘caso Cociña’, sacerdote del Opus Dei que ‘compró’ el silencio de una víctima por 17.000 euros. El acuerdo, implicaba la renuncia de la víctima “a cuantas acciones pudieran corresponderle” contra el cura, el Opus Dei o la Iglesia, y le prohibía pronunciarse sobre el pacto.
Paralelamente, algunas instituciones eclesiásticas están planteando fondos para poder hacer frente al hipotético pago de indemnizaciones, toda vez que la mayor parte de los casos admitidos están prescritos por la ley civil. Con todo, el mayor problema que seguramente encuentre la auditoría estará en su lectura por parte de un episcopado que, a diferencia del portugués, sigue pareciendo más remiso a aceptar su responsabilidad, a tenor de sus constantes referencias al porcentaje de abusos que se dan en Iglesia y en el resto de la sociedad, además de la actitud frente a otras investigaciones (fundamentalmente, la del Defensor del Pueblo), con las que no se está colaborando activamente.
Tras unos inicios titubeantes, con la presencia de destacados eclesiásticos de tinte conservador, en la auditoría de Cremades ha ido ganando peso la labor de Pedro Precht, encargado del informe en Portugal y uno de los más reconocidos expertos en la lucha contra la pederastia clerical. Su tarea, al parecer, ha logrado que poco a poco el informe fuera centrándose en aportar claves de presente, y de futuro, en la relación con las víctimas. Otra cosa es qué harán los obispos con los resultados: si se comprometerán de manera definitiva con los supervivientes de abusos o, por el contrario, seguirán mirando hacia otro lado.
