A diferencia de Francia, donde los templos son propiedad del Estado, la Iglesia española cobra entradas y decide sobre su uso, pero son las Administraciones las que se ocupan de la restauración, seguridad e iluminación

Vista de las obras en el claustro de la catedral de Pamplona
Jesús Bastante, El Diario.es, 19 de abril de 2019
¿Qué hubiera pasado si, en lugar de Notre–Dame, hubieran ardido la mezquita de Córdoba, la catedral de León o la de Santiago de Compostela? ¿Quién tiene la responsabilidad de la conservación, restauración y mantenimiento de los templos católicos, que también son patrimonio cultural, histórico y artístico de nuestro país?
En el caso de Francia, paradigma del Estado laico, desde 1905, todos los templos son propiedad del Estado, que cede su uso a la Iglesia católica. Y es el Estado quien se hace responsable de la conservación y restauración de su patrimonio, así como de los seguros (Notre–Dame no estaba asegurada) y el personal.
En España, sin embargo, la situación es bien distinta. Aunque oficialmente somos un Estado aconfesional, la influencia y privilegios de la Iglesia católica son innumerables, comenzando por el hecho de que las catedrales y templos son propiedad(***) de la Iglesia, aunque se trate de patrimonio cultural e histórico.
La Iglesia decide y cobra, el Estado paga
Esto implica que es la Iglesia la que se encarga de cobrar entradas y decidir el uso que se da a dichos templos. De ahí la importancia de que no se sepa cuántos inmuebles han sido registrados a nombre de la Iglesia gracias a la famosa ‘Ley Aznar’. En lugares como la mezquita de Córdoba o la catedral de León, por poner dos ejemplos de patrimonio de la humanidad, es el obispo del lugar quien puede decidir quién entra y quién no, qué exposición o concierto puede darse, o si la construcción tiene o no seguro.
El auténtico problema viene al comprobar cómo, aunque la Iglesia es la única que decide sobre los muros de sus templos, quien financia buena parte de su mantenimiento, seguridad y personal son las administraciones públicas. Además, tanto el Estado como las distintas administraciones regionales, provinciales o municipales también financian la conservación de estos templos, con infinidad de convenios que sería imposible relatar en un artículo.
Más de 500 millones de euros del erario público para las catedrales