El Estado ha de determinar las cantidades con las que dentro de cada procedimiento, y en concepto de reparación económica, deba indemnizar la Iglesia Católica como entidad responsable a cada una de las víctimas.
Luis Fernández, Asturias Laica, 1 de diciembre de 2023
Vaya por delante que difícilmente se pueden reparar los daños producidos por los abusos causados a personas en el periodo más frágil de su desarrollo (la infancia) por aquellos que socialmente no sólo estaban revestidos de una autoridad moral reconocida por su comunidad sino que supuestamente anclaban esa autoridad en ser representación (muy importante para una parte de la sociedad) de un poder “divino”.
La pederastia ejercida desde el poder que reviste a los representantes de la Iglesia Católica sobre una población infantil (socialmente, por razones culturales derivadas de la figura de su agresor, notablemente desprotegida) produce un daño de una gravedad difícilmente medible y mucho más difícil de estimar en cuanto a su reparación.
La permanente estrategia de ocultación desarrollada por la estructura de la Iglesia Católica la ha convertido en cómplice. No podemos afirmar que eran acciones individuales de personas aisladas. El abundante conocimiento sobre estas acciones por muchos responsables desencadenaba, cuando eran muy sobresalientes, desplazamiento de culpables y ocultación de los hechos. Es indudable que esta complicidad no es generalizable a toda su estructura (hubo, hay y habrá personas ejemplares en ella). Pero precisamente la afectación de partes nucleares de esa estructura la incapacita como autoridad para determinar todas las condiciones de esta reparación, entre las que se hallan el cuantificarlas económicamente.
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