El matrimonio firmado a ojos de Dios entre el PP y la iglesia valenciana ejemplificó con la bendición pública de los populares al proyecto educativo privado del arzobispado autóctono: la Universidad Católica de Valencia. Un milagro docente que hacerse por gracia del dinero público, los regalos y los privilegios fiscales otorgados por los conservadores. Según la documentación recopilada por EL TIEMPO, el centro superior del arzobispado recibió 10.248.549,39 euros. La cifra sólo contempla las aportaciones de la Generalitat Valenciana durante la etapa 2007-2015 y los recursos públicos cedidos por los ayuntamientos de Torrent y Alzira.
El arzobispo ultraconservador y Gran Canciller de la Universidad Católica de Valencia Antonio Cañizares | UCV
Moisés Pérez, El Temps, 19 de mayo de 2019
En la periferia de la capital del País Valenciano, en el enclave noroeste en el que se dibuja la línea divisoria entre la pedanía de Benimàmet y Burjassot (Valencia), ha encontrado la Universidad Católica de Valencia su tierra prometida. Entre una larga lista de grandes superficies comerciales, un hospital privado, carreteras y proyectos de impulso de restaurantes de comida rápida, el arzobispado de Valencia ha alquilado por 20 años una pastilla de terreno de 13.000 metros cuadrados. Unas parcelas que servirán para levantar tres facultades y dependencias administrativas. El objetivo es convertir el Campus de Burjassot en la sede espiritual de un proyecto que se ha expandido gracias a las prebendas otorgadas por los diferentes gobiernos locales y autonómicos del PP, pese a su condición de universidad privada.
Según la documentación recopilada por EL TEMPS la Universidad Católica de Valencia pescó 10.248.549,39 euros en dinero y recursos públicos. Esta cifra, sin embargo, sólo recoge las inyecciones de la Generalitat del PP entre 2007 y 2015, así como la valoración de los terrenos y los edificios propiedad de la administración que cedieron a la institución religiosa privada los ayuntamientos de Torrent (Valencia) y Alzira (Ribera Alta). No en vano, el centro universitario beneficiarse de otras prebendas otorgadas por el PP, como el exención de abonar el impuesto de bienes inmuebles en la ciudad de Valencia. Este semanario radiografía como bendijeron las administraciones en manos de los conservadores el proyecto eclesiástico con recursos públicos.
Santificarás el erario público
Años 2003. El entonces arzobispo de Valencia, el ultraconservador Agustín García-Gasco, está enfadado con la Universidad Cardenal Herrera-CEU , el único centro superior privado y de carácter religioso que había en ese momento en Valencia. García-Gascó no soporta la falta de influencia para hacer manos y mangueras a la institución educativa gestionada por la Asociación Católica de Propagandistas. Y ávido de influencia en el ámbito de la enseñanza, emplea su sintonía con el Consejo del PP que presidía el curita Francisco Camps para cumplir con su anhelo. «Nadie debería ser ajeno a la valoración del tesoro que ofrece la educación católica en la sociedad», repetía el purpurado a modo de confesión de su deseo divino.
En resumidas cuentas, y producto de la alianza entre la Escuela de Enfermería Nuestra Señora de los Desamparados, el colegio universitario Edetania y la Facultad de Estudios de Empresa, en 2004 se obra el milagro. Con la bendición de Campos y del sector católico de los populares valencianos representante por posteriormente salpicado en varios escándalos judiciales Juan Cotino, se impulsa la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir. Una institución que tendrá como faro ideológico Justo Aznar, director del Instituto de Ciencias de la Vida del centro universitario, numerario del Opus Dei , ex presidente de la organización antiabortista Pro Vida y contrario al matrimonio homosexual.
Con la Universidad Católica de Valencia erigiéndose como el centro educativo que representaba la ortodoxia integrista católica, y consciente de las posibilidades de negocio que hay en los estudios sanitarios, Camps autoriza en plenas Fallas la creación de una facultad de Medicina, donde impartiría odontología, fisioterapia y podología. La decisión se realiza sin que la universidad privada religiosa cuente con los requisitos impuestos por el Consejo de Coordinación Universitario al carecer de un plan de estudios y de un tope de alumnos. Aún más, la concesión adoptarse chocando con Ley Orgánica de Universidades, de carácter estatal, y con el artículo 7 de la normativa de Coordinación del Sistema Valenciano Universitario. Todo un conjunto de irregularidades que causaron un profundo malestar a los rectores y que inauguraron los regalos de los conservadores a la institución clerical.
El expresidente Francisco Camps, imputado en varios escándalos, impartió clases en la Universidad Católica de Valencia | UCV Live
El edificio que acogería la facultad de Medicina es, precisamente, un ejemplo de ello. Se trata de un viejo convento y una iglesia que estaban dentro del complejo histórico del Hospital General de Valencia. El trasladado del centro sanitario provocó que el clero registrara varios inmuebles anexos a su nombre, a pesar de la inscripción anterior de la Diputación de Valencia. El conflicto finalizó con la cesión de estos edificios a cambio de la renuncia de unas parcelas que gozaba en otra zona del arzobispado. La Generalitat de Camps aportó, a su vez, 2.411.260 euros para rehabilitar todo el complejo de la parroquia de San Carlos de Borromeo, según los datos a los que ha accedido este semanario.
La Universidad Católica de Valencia obtuvo, de hecho, 4.051.573,06 euros entre 2007 y 2011, cuando Campos ocupaba la presidencia del Gobierno valenciano y se financiaban diversas actividades didácticas realizadas por la institución clerical docente como congresos y jornadas científicas que seguían la doctrina católica. También sufragar los estudios de varios alumnos del centro privado con una inversión en becas de 626.458,87 euros entre 2006 y 2011. Para el curso 2006-2007, se destinaron 100.084,04 euros; en el 2007-2008, 128.395,38 euros; en el 2008-2009, 98.413,71 euros; en el 2009-2010, 123.557,31 euros, y en el 2010-2011, 176.008,43 euros. Sin embargo, los pagos de los cursos 2009-2010 y 2010-2011 efectuaron durante la etapa de Alberto Fabra como jefe del Consejo, según consta en la documentación a la que ha accedido EL TIEMPO.
Con Fabra, las ayudas a la universidad privada del arzobispado de Valencia redujo sensiblemente, con 1.068.512,33 euros entre 2012 y 2015. La mayoría de las aportaciones durante la última legislatura de los populares al frente de la Generalitat Valenciana produjeron en 2013. en aquel ejercicio, el ejecutivo valenciano inyectó 918.914,80 euros en el centro religioso privado. Entre las subvenciones concedidas a una institución que hace negocio de la enseñanza superior, destacaban los 655.000 euros en ayudas para equipamientos.
A pesar de la disminución de las aportaciones públicas, Fabra privilegió el centro universitario privado en cuestiones en autorizar el aterrizaje de la Universidad Católica de Valencia en el Centro Estatal de Referencia de Atención a Personas con Trastorno Mental Grave, ubicado en un edificio que costó 15 millones de euros públicos y que construyó en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Valencia. Según narró El País , la operación consistía en instaurar un Modelo Alzira en el campo de la investigación, ya que la Universidad Católica de Valencia tenía que compartir espacio con la Universidad de Valencia. La jugada enfadó fuerza a la Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Valenciano.
La apuesta por la Universidad Católica de Valencia como centro superior docente que encabezara la investigación en Valencia tuvo antecedentes durante la etapa de Camps. El curita intentó junto con el entonces alcaldesa de Valencia Rita Barberá la puesta en marcha del Instituto de Investigación y Desarrollo en Simulación Médica-Quirúrgica, que sería gestionado por la institución religiosa de carácter privado. Ambas administraciones aprobaron un convenio en el que se comprometían a «realizar cuantas acciones sean necesarias para ejecutar el proyecto».
El ex arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, impulsó el centro universitario religioso de carácter privado. Fue su gran sueño como apasionado de la educación católica | Arzobispado de Valencia
La incorporación de la universidad del arzobispado en el mundo científico al calor de los favores del PP causó un malestar considerable a los ámbitos investigadores. Especialmente, cuando ingresó en el Centro de Investigación Príncipe Felipe . La institución religiosa pidió la cesión de una de las torres del centro de investigación, la posibilidad de obtener beneficio del arrendamiento de equipos tecnológicos y ahorrarse el pago de los gastos de luz, agua, limpieza o seguridad . Las condiciones abusivas fueron rechazadas de entrada, pero la interceptación del Consejo del PP posibilitó el desembarco. La Universidad Católica, incluso, creó una unidad mixta con el Instituto Valenciano de Patología, lo que provocó que los trabajadores se quejaron de un trato de favor hacia la institución religiosa docente, según publicó Valencia Plaza .
Los tentáculos del arzobispado en el universo de la investigación van expandirse aún más. Llegarían hasta Alicante. El Gobierno valenciano entregarle el control de la investigación pesquera con un convenio que encareció -de 54.000 a 170.000 euros- los servicios respecto del anterior prestatario, el Instituto Ecológico Litoral.
Devoción inmobiliaria
Mientras la Universidad de Valencia hubo de desembolsar 42 millones de euros para su última ampliación en el Campus de Tarongers, la Universidad Católica de Valencia recibió todas las facilidades para instalar una zona universitaria en el barrio de Campanar, situado al noroeste de la capital del País Valenciano. Con los únicos votos del PP, Barberá otorgó al centro docente privado una concesión demanial para uso y disfrute de unos terrenos de 13.144 metros cuadrados durante 75 años. El propósito de la institución religiosa era levantar dos facultades y un hospital privado impulsado por la firma Inverso -controlada por Juan Bautista, propietario de varios laboratorios, y la fundación del Arquebisbat.
La adjudicación fue polémica a raíz de las críticas de las fuerzas de izquierdas, que comparaban la concesión con la carencia de dotaciones educativas en el barrio y recordaban la cesión anterior de otra parcela para instalar un centro infantil privado. También causó controversia por la relación del vicealcalde de Valencia, la actualmente imputado a varios escándalos Alfonso Grau, con la Universidad Católica de Valencia. Miembro en ese momento del patronato de la institución religiosa, fue director de varios institutos del centro privado y, incluso, retornó el año 2015 en el laboratorio médico de la universidad integrista una vez fue desahuciado el PP de la vara de mando local.
La decisión del ayuntamiento se topó con el recurso que presentó la aseguradora médica Nisa. La firma sanitaria afirmaba que el concurso carecía de publicidad y que el pliego de condiciones era favorable a la Universidad Católica de Valencia. La reacción social, civil y vecinal al proyecto provocó que el consistorio progresista nacido de las elecciones municipales de 2015 revertiera la concesión del suelo. De este modo, el Govern de la Nau (tripartito) detuvo el plan de la Universidad Católica de Valencia.
Regalos públicos. Varios campus del centro universitario privado ha edificado sobre parcelas públicas. En la imagen, la delegación en Torrent (Valencia) de la institución docente | UCV
A Carcaixent (Ribera Alta), también fracasó la jugada planeada por la universidad del arzobispado. Ahora bien, esta vez con perjuicio para el erario público del consistorio ribereño. En el año 2011, con la Universidad Católica de Valencia ocupando en Carcaixent un edificio de manera gratuita y un segundo por un alquiler anual de 30.000 euros, la institución religiosa proyectó otro aulario. Para edificarlo, invirtieron a 2,2 millones de euros públicos . «Cuando la Universidad Católica debía poner dinero, se marcharon. Han incumplido », criticó el entonces alcaldesa, la popular Lola Botella, quien había promocionado la llegada del centro universitario católico. «Siempre hemos denunciado que la Universidad Católica venía a nuestro pueblo únicamente para hacer negocio», censuró el concejal de Compromís Vicente Albelda, quien quejarse de que «el PP no contemplara ninguna cláusula de penalización» en caso de que fracasará la operación .
Esta retirada, sin embargo, estuvo motivada por su expansión en la capital de la Ribera Alta, en Alzira. El ayuntamiento ribereño, entonces gobernado por la popular Elena Bastidas, cedió un edificio público que se había financiado con 840.000 euros del Plan E. Anteriormente, la universidad del arzobispado había recibido otro inmueble y un suelo de titularidad pública. Compromiso impugnó las prebendas en el centro universitario privado alegando la falta de solvencia económica y financiera de la institución en la documentación presentada, así como por la proximidad de las instalaciones en una zona de carácter inundable. La coalición valencianista cuantificar los regalos en aproximadamente cuatro millones de euros. Izquierda Unida hizo unos cálculos más conservadores: estimaba un valor de tres millones de euros.
En 2009, y con el PP ocupando la alcaldía, Torrent (Valencia) fue el antecedente de la operación alzirenca. El ayuntamiento cedió una parcela pública de 6.750 metros cuadrados en el centro universitario privado. El suelo estaba tasado en 2.128.464 euros. El PSPV criticó que la concesión a la Universidad Católica de Valencia suponía el traslado de la Brigada de Obras municipal, con lo cual había erario local debía asumir un alquiler extra de 39.790,32 euros al año. Gandia (Safor), con gobiernos populares y socialistas, también ofrecieron recursos públicos, pero la institución religiosa se decantó por Alcoy (Alcoyano), a pesar de que el consistorio alcoyano no otorgó ninguna prebenda en el centro universitario privado.
Un año después de la cesión de los torretins se produjo otra por parte de Paterna, también gobernada entonces por la formación de la gaviota. Aquella cesión por 30 años no sería la única que consiguiera el arzobispado en 2010. Alfonso Rus, entonces alcalde de Xàtiva (Valencia) y actualmente investigado como presunto cabecilla de la trama Taula, cedió el viejo IES Lluís Simarro. Es cierto que la institución católica abonó 2,5 millones de euros de su bolsillo para rehabilitar el edificio, pero el regalo gratuito de las instalaciones comportó la construcción -con sobrecostes incluidos- de un nuevo instituto público para valor de 12,5 millones de euros.
La devoción inmobiliaria de la Universidad Católica de Valencia que se cumplía gracias a la caridad de los ejecutivos populares se transformaba en alergia cuando había que pagar impuestos. El centro universitario privado estaba exento en Valencia abonar el impuesto de bienes inmuebles, por el que debería haber desembolsado 51.000 euros cada año , tal como reclama el actual consistorio progresista. De este modo, el centro docente religioso contaba con una facultad de derecho ubicada en una de las zonas de mayor valor catastral de la ciudad sin abonar los tributos correspondientes.
En expansión. El crecimiento del centro universitario privado no se detiene. Y como muestra, está el campus que proyecta en Burjassot (Valencia) | UCV
No en vano, y de acuerdo con el listado elaborado por Europa Laica el año 2015, la Fundación Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir cuenta con un voluminoso patrimonio inmobiliario al cap i casal. Tiene una finca de cuatro plantas con una superficie construida de 2.544 metros cuadrados en el centro de la ciudad, así como otra de cinco alturas en una de las zonas más exclusivas de Valencia. También es propietaria de una tercera con cuatro alturas, 1.950 metros cuadrados de suelo para construir y una superficie edificada de 3.055 metros cuadrados. Una parcela entonces sin edificar y varios inmuebles en otras ubicaciones céntricas conforman la radiografía hecha por el colectivo cívico.
Fe judicial
La universidad del arzobispado ha visto beneficiada, además, por el blindaje jurídico del Tribunal Superior de Justicia valenciano respecto la posibilidad de los alumnos del centro privado de realizar prácticas sanitarias en hospitales públicos. Manuel Domingo, uno de los magistrados que firmó la resolución, fue profesor invitado de un máster de Abogacía del mismo centro educativo religioso y forma parte del tridente judicial de corte conservador –radiografiado por este semanario– que ha obstaculizado la normalización lingüística en el País Valenciano.
Una mercantilización de la docencia -en este caso, sanitaria- que no se ha dado en las becas de la Generalitat Valenciana, ya que los tribunales han avalado la postura del bipartito progresista de no subvencionar los alumnos del centro superior privado. La justicia valenciana, con todo, sí ha determinado que el Consejo debe sufragar la primera matrícula de los másters de los centros superiores privados.
Con un patronato que integra a obispos auxiliares imputados por la trama Gürtel, popes del PP como el abogado profundamente conservador Adolfo Suárez Illana o juristas vinculados a Camps y salpicados por supuestas causas de corrupción como es Vicente Garrido, la Universidad Católica de Valencia se ha expandido gracias a los recursos públicos. Una bendición del erario público que ha obrado el milagro: convertir el anhelo espiritual del ex arzobispo García-Gascó en pura realidad.
