Regularizar y despenalizar la eutanasia se ha vuelto ya un imperativo moral.

Asturias Laica comparte el comunicado de DMD y exige la despenalización y regularización de la eutanasia.

4 de abril de 2019

Hoy nos enterábamos de la detención de Ángel Hernández por haber suministrado una sustancia a su mujer, María José Carrasco, con esclerosis múltiple desde hacía 30 años, que había expresado en numerosas ocasiones su deseo de morir, y a la que solo retenía el miedo a que pasara lo que al final acabó por pasar, que detuvieran a su marido.

La Proposición de Ley para legalizar la eutanasia, que recibió el 8 de junio el visto bueno inicial del Congreso (con la abstención de Ciudadanos y el voto en contra del PP) , no comenzó ni a tramitarse por el bloqueo de PP y Ciudadanos.

Desde Asturias Laica, en defensa de la libertad de conciencia, compartimos la exigencia (que manifiesta DMD en su comunicado) de una ley que despenalice y regule la eutanasia para que nunca más la defensa de esa libertad de conciencia aboque a situaciones como las sufridas por Maria José Carrasco y su esposo al que mostramos toda nuestra solidaridad.

Comunicado DMD
Reacción de DMD a la noticia de la muerte voluntaria de María José Carrasco con ayuda Ángel Hernández

Tras la publicación de la noticia de la muerte voluntaria de María José Carrasco, con ayuda de su marido Ángel Hernández, DMD declara:

Mª José Carrasco, de 69 años de edad, padecía una esclerosis múltiple desde 1989, una enfermedad degenerativa que en los últimos diez años la hizo dependiente para todas las actividades de la vida diaria.

Desde hace años, a causa de los sufrimientos que le provocaba su enfermedad, Mª José expresó de forma reiterada y firme su voluntad de morir. Estaba en plenitud de facultades mentales y era, por tanto, dueña de su vida y de su cuerpo. Incapaz de mover las manos, solicitó la ayuda de Ángel Hernández, su marido, para cumplir su deseo de morir.

En una sociedad democrática, basada en el respeto a la libertad individual y la pluralidad, resulta inaceptable que ayudar a una persona a disponer de su vida libremente esté castigado en el Código Penal. Defender el derecho a la vida no justifica obligar a una persona a vivir una vida deteriorada, con un sufrimiento inadmisible y que ya no desea.

El acto de Ángel Hernández de ayudar a morir a su mujer, a la que ha cuidado durante décadas, sólo puede entenderse como un acto de amor que no debería recibir ningún reproche penal.

La asistencia a las personas más vulnerables, como Mª José, con respeto a sus valores y a sus decisiones, es una medida de la calidad humana de una sociedad civilizada.

En ninguna otra cuestión hay tanta distancia entre los deseos de la ciudadanía y la legislación como en el de la regulación de la muerte asistida. Más del 80% de la población está a favor de despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido. Sin embargo, el artículo 143 del Código Penal sigue castigándola con penas de prisión.

DMD exige a los futuros diputados y diputadas que regulen y despenalicen la eutanasia urgentemente. Hacerlo se ha vuelto ya un imperativo moral.

 

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