La Ley de Libertad de Conciencia queda fuera del plan legislativo de 2022 y se incumple el compromiso programático de regular la financiación de las confesiones, la simbología y la educación religiosa, los lugares de culto, la fiscalidad, la igualdad entre credos, la neutralidad de las autoridades públicas y el fin de los privilegios de la Iglesia católica.
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Aristóteles Moreno, Público, 28 de marzo de 2022
«Un Estado que no define con claridad la libertad de conciencia y de religión es un Estado que permite desequilibrios y desigualdades, privilegia a una parte de la ciudadanía y renuncia a la igualdad plena». Este texto aparece en el programa electoral con el que Pedro Sánchez concurrió a las elecciones de 2015. Siete años después, y cuatro ya al frente del Ejecutivo, la esperada Ley de Libertad de Conciencia, que estaba llamada a regular aspectos clave en la relación entre el Estado, la sociedad y las confesiones religiosas, ha vuelto a ser laminada de las prioridades políticas. El Plan Anual Normativo para 2022 no incluye su desarrollo y todo indica que la legislatura concluirá sin abordar uno de los principales compromisos de la coalición progresista.
Bajo el epígrafe de «Laicidad. Defensa de lo Público«, el PSOE de Pedro Sánchez apostó entonces sin circunloquios por la «construcción de un Estado laico» y desgranó un amplio catálogo de actuaciones que deberían quedar reguladas en una ley orgánica. El texto enumeraba un paquete de medidas muy concretas: autofinanciación de todas las confesiones, religión fuera del currículo escolar, fiscalidad para bienes no afectos al culto, retirada de símbolos religiosos en edificios públicos, cementerios no confesionales, protocolos para actos de Estado, recuperación de bienes inmatriculados y, por encima de todas ellas, denuncia de los Acuerdos con la Santa Sede.
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Posted by asturiaslaica 
