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Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 15 de julio de 2026
Cuando la democracia amenazó los privilegios
El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 no fue la respuesta improvisada de un grupo de militares ante una supuesta situación de caos revolucionario. Tampoco constituyó una reacción espontánea provocada por los acontecimientos de las semanas previas al levantamiento. La investigación histórica desarrollada durante las últimas décadas ha demostrado que la conspiración fue el resultado de un proceso largo y complejo, alimentado durante años por una amplia coalición de intereses económicos, militares, políticos y religiosos que nunca aceptaron plenamente el proyecto democratizador de la Segunda República.
Desde su proclamación el 14 de abril de 1931, la República representó una profunda transformación del Estado español. Por primera vez desde la Restauración borbónica se pretendía construir un sistema político basado en la soberanía popular, la ampliación de los derechos civiles y sociales, la separación entre la Iglesia y el Estado, la modernización del Ejército y una redistribución más justa de la riqueza mediante reformas económicas y agrarias.
Aquellas reformas no eran una revolución socialista ni una ruptura con la tradición democrática europea. Inspiradas en buena medida por los modelos republicanos de Francia y otros países occidentales, pretendían corregir los enormes desequilibrios sociales heredados del siglo XIX. Sin embargo, para quienes habían disfrutado durante generaciones de una posición privilegiada, cualquier limitación de sus prerrogativas era percibida como una amenaza existencial.
La República nacía en un país profundamente desigual. Una reducida minoría concentraba la mayor parte de la riqueza agraria, industrial y financiera, mientras millones de jornaleros sobrevivían en condiciones de extrema precariedad. En amplias zonas de Andalucía, Extremadura y Castilla, el latifundismo condenaba a cientos de miles de familias campesinas al desempleo estacional y al hambre. La legislación laboral apenas protegía a los trabajadores, el analfabetismo afectaba todavía a una parte muy importante de la población y la Iglesia católica ejercía una influencia determinante sobre la educación, la moral pública y numerosos aspectos de la vida política.
La Segunda República intentó modificar ese panorama mediante reformas graduales. La Constitución de 1931 reconoció derechos inéditos hasta entonces en España: el sufragio femenino, la libertad de conciencia, el matrimonio civil, el divorcio, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres y un amplio catálogo de libertades públicas. La reforma agraria aspiraba a corregir la concentración extrema de la propiedad de la tierra; la reforma militar impulsada por el ministro de la Guerra, Manuel Azaña, pretendía profesionalizar un Ejército sobredimensionado y excesivamente politizado; y la política educativa impulsó la creación de miles de escuelas públicas para combatir el analfabetismo y reducir la dependencia de la enseñanza confesional.
Aquellas medidas despertaron enormes esperanzas entre amplios sectores populares. Pero también provocaron un rechazo frontal entre quienes consideraban que la República atentaba contra el orden social tradicional. Desde el primer momento comenzaron a articularse redes de oposición cuyo objetivo no era simplemente derrotar electoralmente al nuevo régimen, sino impedir su consolidación.
Una democracia rodeada de enemigos
La Segunda República nunca tuvo enfrente únicamente a una oposición parlamentaria. A diferencia de otras democracias europeas, debía enfrentarse simultáneamente a varios poderes fácticos que conservaban una enorme capacidad de influencia: una parte significativa del alto mando militar, la gran propiedad agraria, importantes sectores de la banca y de la industria, buena parte de la jerarquía eclesiástica, los grupos monárquicos y, más adelante, organizaciones abiertamente fascistas.
No todos compartían exactamente los mismos objetivos políticos. Algunos deseaban restaurar la monarquía de Alfonso XIII; otros defendían un Estado corporativo inspirado en el modelo italiano; los carlistas aspiraban a instaurar una monarquía tradicionalista; determinados militares simplemente pretendían recuperar el protagonismo político perdido tras la aprobación de la reforma militar. Sin embargo, todos coincidían en una idea fundamental: la República debía ser derrotada antes de que consolidara un nuevo modelo de Estado.
La victoria republicana en las elecciones municipales de abril de 1931 había demostrado que el viejo sistema de la Restauración estaba agotado. Sin embargo, las élites tradicionales nunca asumieron plenamente el resultado. Para muchos aristócratas, terratenientes, financieros y altos mandos militares, la República era considerada un accidente histórico, una anomalía que debía ser corregida tarde o temprano.
Este rechazo no surgió únicamente por razones ideológicas. También respondía a intereses económicos muy concretos. La reforma agraria amenazaba la estructura latifundista; la legislación laboral fortalecía el papel de los sindicatos; la política fiscal pretendía aumentar la contribución de las grandes fortunas; la secularización cuestionaba los privilegios económicos y educativos de la Iglesia; y la reorganización del Ejército reducía la influencia política de una institución acostumbrada a intervenir periódicamente en la vida pública mediante pronunciamientos militares.
En ese contexto comenzaron a establecerse contactos discretos entre dirigentes monárquicos, oficiales del Ejército, representantes de la gran propiedad y destacados financieros. Durante los primeros años de la República aquellas conversaciones carecieron de una dirección única, pero compartían una misma finalidad: preparar el momento oportuno para poner fin al nuevo régimen.
El Ejército y la tradición del pronunciamiento
Desde el siglo XIX, el Ejército español había desempeñado un papel político extraordinariamente activo. Generales como Baldomero Espartero, Leopoldo O’Donnell o Miguel Primo de Rivera habían llegado al poder mediante pronunciamientos militares. Para numerosos oficiales, la intervención del Ejército en la política constituía casi una función natural destinada a preservar la unidad de España y el orden social cuando, a su juicio, los gobiernos civiles fracasaban.
La reforma impulsada por Manuel Azaña alteró profundamente esa cultura política. Se redujo el exceso de oficiales mediante jubilaciones voluntarias, se cerró la Academia General Militar de Zaragoza dirigida por el entonces general Francisco Franco y se subordinó de manera expresa el poder militar a las instituciones civiles.
Muchos oficiales aceptaron lealmente aquellas reformas. Otros, en cambio, comenzaron a considerar que la República estaba debilitando deliberadamente al Ejército. Entre los más descontentos se encontraban varios generales africanistas que habían desarrollado sus carreras durante las guerras coloniales en Marruecos y que concebían la disciplina, la autoridad y el nacionalismo como valores absolutos. Ese malestar cristalizó muy pronto en la primera gran conspiración militar contra la República.
La Sanjurjada: el primer ensayo del golpe
El 10 de agosto de 1932, apenas un año después de proclamarse la República, el general José Sanjurjo encabezó un intento de golpe de Estado que pasaría a la historia como la Sanjurjada.
Aunque la sublevación fracasó en pocas horas, puso de manifiesto que una parte del Ejército estaba dispuesta a derribar por la fuerza un gobierno elegido democráticamente. El golpe contó con el apoyo de destacados sectores monárquicos y con importantes simpatías entre propietarios agrarios afectados por la reforma de la tierra.
La rápida actuación del Gobierno permitió controlar la situación. Sanjurjo fue detenido y condenado, aunque posteriormente se le conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Meses después sería amnistiado por el Gobierno surgido de las elecciones de 1933 y marcharía al exilio en Portugal, desde donde continuaría conspirando contra la República.
El fracaso de la Sanjurjada no desmanteló la conspiración; simplemente enseñó a sus promotores que un nuevo golpe requería una preparación mucho más minuciosa, una mayor coordinación entre los mandos militares y un respaldo político, económico e internacional mucho más sólido.
Durante los años siguientes esa red conspirativa no dejó de crecer. Mientras la República atravesaba sucesivas crisis políticas y sociales, generales, financieros, dirigentes monárquicos, representantes de la gran propiedad, líderes tradicionalistas y organizaciones fascistas fueron estrechando sus vínculos en torno a un objetivo común: destruir el régimen democrático nacido en 1931 antes de que las reformas alteraran de forma irreversible el equilibrio tradicional del poder en España.
Salud y República
