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Pedro María Fernández Sandino, Errepublika Plaza, 15 de julio de 2026
El fracaso de la Sanjurjada no supuso el final de los intentos por derribar la Segunda República. Constituyó, por el contrario, un aprendizaje. Los conspiradores comprendieron que un pronunciamiento militar al estilo del siglo XIX ya no bastaba para acabar con un régimen que contaba con un amplio respaldo popular y con una legitimidad emanada de las urnas. Si querían triunfar, el próximo golpe debía ser cuidadosamente planificado, contar con apoyos políticos y económicos sólidos y garantizar la adhesión de las principales guarniciones militares del país.
Entre 1933 y el verano de 1936 fue tejiéndose una compleja red de complicidades en la que confluyeron generales, aristócratas, grandes propietarios, financieros, dirigentes monárquicos, tradicionalistas, falangistas y una parte significativa de la jerarquía eclesiástica. Aquella alianza no respondía a un proyecto político único; coexistían en ella monárquicos alfonsinos, carlistas, conservadores autoritarios y fascistas. Sin embargo, todos compartían un objetivo inmediato: destruir el régimen republicano antes de que las reformas emprendidas desde 1931 modificaran definitivamente la estructura económica, social y política de España.
La victoria conservadora de 1933: una tregua para los conspiradores
Las elecciones generales de noviembre de 1933 dieron la victoria a las derechas. La llegada al poder del llamado bienio conservador alivió temporalmente la presión que muchos sectores ejercían contra la República. Algunas reformas fueron paralizadas o ralentizadas, especialmente la reforma agraria y determinados proyectos de secularización del Estado. Sin embargo, aquella victoria electoral no desactivó la conspiración.
Muchos dirigentes de la derecha parlamentaria continuaban considerando que la República era un régimen provisional. Para una parte importante del conservadurismo español, la democracia solo era aceptable mientras garantizara el mantenimiento del orden social tradicional. Si las urnas devolvían el poder a las izquierdas, la solución debía buscarse fuera del marco constitucional. Esta idea fue extendiéndose progresivamente entre sectores militares y civiles que comenzaron a preparar alternativas autoritarias inspiradas en los regímenes que estaban consolidándose en Europa.
El miedo de las élites económicas
Pocas reformas provocaron una oposición tan intensa como la reforma agraria. Durante siglos, enormes extensiones de tierra habían permanecido concentradas en manos de un reducido número de familias aristocráticas y grandes propietarios. En regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla, miles de jornaleros sobrevivían dependiendo de campañas agrícolas irregulares mientras inmensas fincas permanecían parcialmente improductivas.
La legislación republicana no pretendía una colectivización revolucionaria de la tierra. Su objetivo consistía en favorecer el asentamiento de campesinos mediante expropiaciones con indemnización en determinados casos y promover una explotación más racional del suelo agrícola. Para los grandes terratenientes aquello suponía un precedente inaceptable. El temor no era únicamente económico.
La reforma cuestionaba un modelo de poder construido durante generaciones, en el que la propiedad de la tierra implicaba también influencia política, prestigio social y capacidad de controlar la vida de pueblos enteros.
A partir de 1934 comenzaron a intensificarse las reuniones entre representantes de la gran propiedad agraria y dirigentes monárquicos decididos a preparar el derribo de la República. Muchos de ellos consideraban que el Ejército constituía el único instrumento capaz de restaurar el orden tradicional.
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La banca y la financiación de la conspiración
La preparación del golpe militar exigía recursos económicos considerables. Era necesario financiar desplazamientos de los conspiradores, adquirir armamento, sostener organizaciones clandestinas, mantener contactos internacionales y asegurar la logística necesaria para movilizar a miles de hombres.
Las investigaciones históricas han demostrado que diversos banqueros, grandes empresarios e industriales vinculados a los sectores monárquicos y conservadores contribuyeron económicamente a la conspiración militar. Entre los nombres más citados por la historiografía destacan el financiero Juan March Ordinas, considerado uno de los principales patrocinadores civiles del golpe; el banquero Luis de Urquijo, perteneciente a una de las grandes sagas financieras del país; el empresario Lucas de Urquijo; el industrial José Lázaro Galdiano, cuya fortuna había estado vinculada al mundo financiero, y diversos miembros de las familias Oriol, Ybarra y Chávarri, estrechamente relacionadas con la gran industria, la banca y los sectores monárquicos.
Especial relevancia tuvo la actuación de Juan March Ordinas. Su apoyo económico permitió sufragar diversas operaciones esenciales para la conspiración, entre ellas el alquiler del avión británico Dragon Rapide, que trasladó a Francisco Franco desde Las Palmas de Gran Canaria hasta el Protectorado español de Marruecos, donde asumió el mando del Ejército de África. Asimismo, aportó importantes sumas de dinero destinadas a la adquisición de material bélico y al sostenimiento de la organización conspirativa, convirtiéndose en uno de los principales financiadores civiles del levantamiento.
Buena parte de estas aportaciones se canalizó a través de las redes organizadas por Antonio Goicoechea y por dirigentes de Renovación Española, en estrecha colaboración con José Calvo Sotelo y con representantes de la Unión Militar Española. La financiación permitió mantener contactos con oficiales comprometidos con la sublevación, sufragar viajes a Lisboa, Roma y Berlín, adquirir armamento en el extranjero y garantizar el funcionamiento de la infraestructura clandestina durante los meses previos al golpe.
No resulta sencillo cuantificar el volumen total de aquellas aportaciones, muchas de las cuales fueron deliberadamente ocultadas mediante intermediarios, sociedades mercantiles o cuentas privadas. Sin embargo, la mayoría de los especialistas considera que el respaldo económico proporcionado por una parte significativa de las élites financieras y empresariales fue un elemento decisivo para que la conspiración pudiera desarrollarse con eficacia.
Las razones de este apoyo combinaban factores ideológicos y económicos. La legislación laboral republicana fortalecía la negociación colectiva, los sindicatos incrementaban su capacidad de movilización, las reivindicaciones salariales se intensificaban y la posibilidad de nuevas reformas fiscales y sociales despertaba preocupación entre las grandes fortunas. Para numerosos representantes de estas élites económicas, la victoria del Frente Popular en febrero de 1936 reforzó la convicción de que el sistema parlamentario ya no garantizaba la defensa de sus intereses patrimoniales ni del orden social tradicional.
La conspiración militar se reorganiza
Mientras los apoyos civiles crecían, la conspiración dentro del Ejército adquiría una estructura mucho más sólida. La figura decisiva sería el general Emilio Mola. Destinado en Pamplona tras el triunfo electoral del Frente Popular, Mola recibió la misión de coordinar la futura sublevación. Sus instrucciones, conservadas parcialmente, revelan un grado extraordinario de planificación. No se trataba simplemente de ocupar edificios oficiales, Era preciso neutralizar cualquier resistencia desde las primeras horas. En varias de sus directrices aparece una idea que posteriormente caracterizaría la represión franquista: ejercer una violencia rápida y ejemplarizante para impedir cualquier oposición organizada. Aquellas instrucciones desmienten la imagen de un levantamiento improvisado. El golpe llevaba meses preparándose, Cada general conocía la misión que debía desempeñar, Las guarniciones consideradas dudosas eran vigiladas cuidadosamente. Se establecieron sistemas de comunicación clandestinos, Se estudiaron itinerarios para el traslado de tropas. Incluso comenzaron contactos discretos con gobiernos extranjeros.
La Unión Militar Española
Uno de los principales instrumentos conspirativos fue la Unión Militar Española (UME). Esta organización clandestina agrupó a centenares de oficiales profundamente hostiles a la República. Aunque nunca llegó a integrar a todo el Ejército, sí consiguió establecer una eficaz red de contactos entre numerosas guarniciones.
La UME elaboró listas de oficiales considerados leales al Gobierno, distribuyó propaganda clandestina y colaboró estrechamente con los generales comprometidos con la preparación del golpe. Su influencia fue especialmente importante porque permitió mantener la coordinación militar incluso cuando algunos de los principales conspiradores se encontraban destinados en lugares alejados entre sí.
La Iglesia y el final de un mundo
Ninguna otra institución perdió tantos privilegios con la llegada de la Segunda República como la Iglesia católica. Durante siglos había desempeñado un papel central no solo en la vida religiosa, sino también en la enseñanza, la asistencia social, la organización del Estado y la formación de las élites dirigentes. La Constitución de 1931 alteró profundamente aquella situación, España dejaba de ser un Estado confesional, Se establecía la libertad religiosa, Se implantaba el matrimonio civil, Se reconocía el divorcio, La enseñanza pública adquiría un carácter laico, las órdenes religiosas veían limitada su participación en determinados ámbitos educativos y económicos. Para buena parte del episcopado, aquellas reformas no constituían simples cambios legislativos, representaban una ruptura histórica con el modelo de sociedad construido desde la Restauración e incluso desde siglos anteriores.
El conflicto entre la República y la jerarquía eclesiástica fue intensificándose conforme avanzaban las reformas. Debe hacerse, sin embargo, una precisión imprescindible, hablar de la actitud de la Iglesia exige distinguir entre la institución y el conjunto de los creyentes, gran cantidad de católicos continuaron siendo leales a la República, existieron sacerdotes comprometidos con ideales democráticos e incluso algunos que defendieron abiertamente el régimen constitucional.
Pero la realidad es que una parte muy importante del episcopado español interpretó la evolución política como una amenaza para la supervivencia del catolicismo en España. Figuras como el cardenal Isidro Gomá y Tomás acabarían convirtiéndose en algunos de los principales legitimadores ideológicos de la sublevación.
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El Vaticano y la República
Las relaciones entre la Santa Sede y la Segunda República atravesaron momentos de gran tensión. El pontificado de Pío XI observó con preocupación la política laicizadora desarrollada desde 1931, la diplomacia vaticana protestó en diversas ocasiones por la legislación religiosa y por algunos episodios de violencia anticlerical, especialmente la quema de conventos de mayo de 1931.
Se puede afirmar que la evolución política favoreció un progresivo acercamiento entre la jerarquía eclesiástica española y los sectores que preparaban el golpe. Una vez iniciada la Guerra de España, ese acercamiento se transformaría en un decidido respaldo moral y político al bando sublevado, culminando con la famosa Carta Colectiva del Episcopado de 1937, que definió la guerra como una empresa de restauración religiosa y nacional.
El nacimiento del fascismo español
Mientras la conspiración avanzaba, surgía un nuevo actor político cuya importancia crecería rápidamente. En octubre de 1933, José Antonio Primo de Rivera fundó la Falange Española, inspirada claramente en el fascismo italiano, la organización defendía un nacionalismo extremo, el rechazo del parlamentarismo liberal, el antimarxismo militante y la creación de un Estado autoritario de carácter corporativo.
Aunque electoralmente obtuvo resultados muy modestos, su influencia política fue mucho mayor de lo que reflejaban las urnas, la Falange convirtió la violencia callejera en uno de sus principales instrumentos de actuación, sus militantes participaron en atentados, agresiones, enfrentamientos armados y asesinatos políticos. La estrategia perseguía un objetivo muy concreto: crear una sensación permanente de desorden que desacreditara al régimen republicano y facilitara la aceptación social de una solución militar. El fascismo español no actuó aisladamente. Desde muy pronto estableció contactos con la Italia de Benito Mussolini, que veía con interés el desarrollo de movimientos fascistas en la península ibérica y comenzaría a prestarles apoyo económico y político.
La Falange todavía era una fuerza minoritaria en 1936, pero desempeñó un papel fundamental como organización de choque, difundiendo un discurso que glorificaba la violencia, el sacrificio, el militarismo y la destrucción del sistema parlamentario.
Su existencia demostraba que España no permanecía al margen de una Europa en la que el fascismo avanzaba con rapidez, erosionando las democracias y ofreciendo respuestas autoritarias a las profundas crisis económicas y sociales del periodo de entreguerras.
Salud y República
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