Argentina deja de pagar la asignación mensual a la iglesia católica

enero 3, 2024

La Conferencia Episcopal del país sudamericano ratificó que la jerarquía ya no percibirá los fondos previstos en una ley de la dictadura a la que la institución renunció en 2018

Un sacerdote da misa en la iglesia de San Cayetano, en Buenos Aires (Argentina), en agosto de 2017 / Anadolu (Getty Images)
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Fuente: Constanza Lambertucci, El País, 3 de enero de 2024

El Estado argentino dejará de pagar a arzobispos y obispos de la Iglesia católica una asignación mensual como ha hecho durante más de cuarenta años. La Conferencia Episcopal del país sudamericano ratificó este martes con un mensaje en redes sociales que desde enero ya no recibirá el aporte económico previsto en la ley 21.950, una norma que rige desde 1979, durante la última dictadura militar.

La renuncia de la Iglesia a ese dinero, una decisión histórica, empezó de forma gradual en 2018, mientras en Argentina se debatía la ley del aborto y el debate sobre la separación entre la Iglesia y el Estado se intensificó.

“El último día hábil de diciembre de 2023, concluye (…) el proceso de renuncia de los arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares a la asignación mensual prevista en la ley 21.950″, se lee en el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina. La norma que menciona el texto estableció durante la dictadura de Jorge Rafael Videla que los prelados ganaran el equivalente al 80% de la remuneración de un juez nacional de primera instancia –los obispos auxiliares y el secretario general del Episcopado, el 70%–. El monto, que recibía un centenar de sacerdotes, era de unos 55.000 pesos mensuales (64 dólares al cambio oficial), según los medios nacionales, y no se actualizaba desde hacía años.

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La memoria democrática exige un Estado laico y, para ello, la revocación de los Acuerdos con la Santa Sede · Juan Antonio Aguilera

enero 3, 2024

En el 45 aniversario de la firma de los Acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede

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Juan Antonio Aguilera, 3 de enero de 2024

El 3 de enero de 2024 se cumplen 45 años de la firma de los Acuerdos de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, y apenas 5 días más de la entrada en vigor de la Constitución hoy vigente, el 29 de diciembre de 1978. Es bien sabido que aquellos Acuerdos con un Estado teocrático, que se negociaron antes que la Constitución, siguen socavando la soberanía nacional en desorbitado beneficio de la Iglesia católica, una institución que viola los derechos humanos, especialmente de las mujeres, los homosexuales y la infancia.

Con motivo de esta efeméride, quiero mostrar cómo la pervivencia de esos Acuerdos y, en definitiva, de la situación de confesionalidad de hecho del Estado español, contraviene la denominada “memoria histórica” o “memoria democrática”.

El 19 de octubre de 2022 entró en vigor la Ley de Memoria Democrática (LMD), que palió deficiencias de la Ley de Memoria Histórica de 2007, algo muy de celebrar, pero que aún quedó lejos, en varios aspectos, de ser suficiente, a pesar de la autocomplacencia de los partidos políticos que la sacaron adelante, y del rechazo de la derecha ultramontana –lo que desde la razón democrática se suele interpretar como buen indicio–.

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