San Antolín de Bedón no tiene quien le inscriba

Ésta es la historia de la insólita privatización de un monasterio románico de Llanes. Su propiedad ahora la reclama Víctor Madera**, el empresario asturiano que gestionó la sanidad pública de la Comunidad de Madrid cuando fue privatizada por el gobierno de Esperanza Aguirre

El acceso a San Antolín de Bedón permanece cerrado durante la mayor parte del año / Foto: Pablo Lorenzana

Patricia del Gallo, Atlántica XXII, 27 de diciembre de 2018

A una distancia de unos 400 metros, apenas se vislumbra la torre y una verja de la que cuelga un cartel que dice: «Propiedad privada. Cerrado por motivos de seguridad». Con el paréntesis estival de unas visitas guiadas gratuitas obligadas por ley, eso es todo lo que ahora, y desde hace un año y medio, se puede ver del monasterio de San Antolín de Bedón en Naves (Llanes), un monumento románico del siglo XIII declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y situado en el Camino de Santiago. Ahora, la desidia del Estado –que según el Ayuntamiento es su único dueño aunque éste lo niegue– y el propietario de la finca, que dice serlo también de la iglesia, han terminado por dejarlo así, en un limbo.

La finca fue desamortizada por el Estado en 1823, durante el Trienio Liberal. Se subastó toda, incluida la iglesia del monasterio. Pero, a diferencia del resto de la propiedad, el templo no se vendió. La razón se desconoce: puede ser que la subasta quedara desierta o que el monasterio fuera retirado de ella a última hora. La finca y los edificios civiles los adquirió un ingeniero, Wolfrang Mucha. Desde entonces, pasó por distintas manos hasta que acabó en las de José Pesquera García, antepasado de los actuales propietarios. En aquel documento de compraventa realizada en 1870, se señalaba claramente que la titularidad del templo era del Estado. El texto dice lo siguiente: «Adquirió la casería nominada de San Antolín de Bedón, (…) donde existe un templo y vestigios de un antiguo monasterio, (…) sin más propiedad ajena que la mencionada iglesia que corresponde al Estado como exceptuada de la venta». El monasterio fue declarado Monumento Nacional en 1931, una figura que en la actualidad equivale a un BIC, y por tanto goza de protección.

«ESPECULACIÓN CON UN BIEN DE TODOS»

Los descendientes de aquel Pesquera son ahora copropietarios, ya que vendieron las dos sextas partes a la empresa Paisajes de Asturias, del médico y empresario Víctor Madera. Fue en febrero del año 2000 mediante un documento privado. Un año antes se había marchado de la finca el casero que la mantenía en buen estado. Desde entonces han tratado de demostrar, por distintos medios, escritos y recursos, que son «los legítimos propietarios» y, según los colectivos AVALL, Asociación de Vecinos del Concejo de Llanes, Amigos de la iglesia de San Antolín de Bedón, la Asociación Cultural La Volantina y el Ayuntamiento de Llanes, «quedarse con la iglesia y hacer negocio, a toda costa». Y recuerdan que por Bedón pasan al año miles de peregrinos. Detrás, sostienen, «solo hay pura especulación con un bien de todos».

En diciembre de 2012, la Dirección General de Patrimonio del Estado acuerda iniciar un expediente de investigación sobre la titularidad de la Iglesia. Concluye que hay realizados por el Estado «actos de dominio inequívocos, que habrían interrumpido la posesión de cualquier tercero como son las actuaciones de restauración y consolidación en los años 1951, 1953, 1956, 1968 y las realizadas a partir de 1998». Este informe se completa con otro de la Abogacía del Estado en Asturias. En él se informaba de que «existen indicios suficientes para sostener la propiedad actual de la Administración General del Estado sobre el citado inmueble». Se detallan los derechos del Estado sobre la finca. Entre ellos, que el edificio procede de aquella desamortización y la escritura de la familia Pesquera. Y concluye que «ni éste, ni sus sucesores, han podido transmitir nunca lo que nunca tuvieron.»

Esa escritura de 1870 nunca fue modificada y por tanto «la titularidad del Estado está asegurada por la protección de que gozan los asientos en el registro de la propiedad», dice ese informe. Pero el Estado nunca inscribió la iglesia a su nombre. Y ese es el problema.

La primera reclamación de los dueños del resto de la finca y del edificio civil fue en 1998. Varios integrantes de la familia Pesquera solicitaron al Ministerio de Economía y Hacienda que se les declarase titulares de la iglesia, basándose, según argumentaron, en que «la había poseído de forma pública, pacífica, ininterrumpida a título de dueños y con buena fe durante un plazo muy superior al requerido para ganar el dominio por prescripción adquisitiva». Se acordó no admitir esa reclamación. En 2003 el registrador de la propiedad de Llanes les impidió inscribir el monasterio a su nombre. En marzo de 2013, volvieron a intentarlo aportando distintas escrituras de compra de partes de la finca. Era el tercer intento.

LOS VAIVENES DEL ESTADO

En 2014, el Estado parecía dispuesto a reconocer su titularidad y hacerlo en un documento. Su intención era transferir el bien al Principado, y hacerlo además ya restaurado. Tan convencido estaba el Estado central de sus intenciones que, incluso, se llegó a hacer ese anuncio a los vecinos, como ellos mismos recuerdan, y al Ayuntamiento llanisco, asegura la concejala de Cultura, Marisa Elvira, de Vecinos por Llanes.

Pero la sorpresa llegó cuando, meses después, la Delegación de Economía y Hacienda emite un informe en el que por un lado dice que hay base suficiente para considerar que «está razonablemente acreditado que el inmueble podría ser considerado perteneciente al Estado». Pero, al mismo tiempo, estima determinante un expediente de defensa patrimonial realizado en 1996 por el Subdirector General de Patrimonio del Estado. En él se decía que «consultados los organismos oportunos, se ha llegado a la conclusión de que no hay prueba o indicio alguno que permita atribuir al Estado la titularidad de la finca» y explica que no se trata de que la Administración atribuya la «propiedad a quienes formularon su reclamación, sino que él mismo declaró que no era el propietario y, por lo tanto, no cabe una vez finalizado un procedimiento con esa conclusión iniciar uno nuevo» y archiva el caso. Admitir lo contrario equivaldría, dice, «a negar la necesaria seguridad jurídica de los procedimientos administrativos» y alude a la doctrina de «actos propios», según la cual la Administración no puede desdecirse.

Las asociaciones de vecinos de Llanes sospechan que los dueños de la parte civil quieren conseguir la propiedad de la iglesia como sea, incluso mediante la fórmula de usucapión, que permite hacerse con bienes vacantes que no tienen registrada la propiedad, como es el caso. «Está vallada para poder argumentar que el propietario de la finca es el único que accede a la zona y por tanto es dueño de todo». Y gracias, sostienen los vecinos, «a la desidia de la Administración». Lamentan que para un Estado sin alma ni sensibilidad cultural no sea más «que una de las cientos de iglesias que tiene desperdigadas por el país y que tiene que mantener. Y si pueden evitarlo, lo harán».

Sin embargo, esa dejadez no siempre existió y demostraría, según sostienen AVALL, la Asociación de Vecinos de Llanes y el propio Ayuntamiento, que el Estado es su verdadero dueño. «¿Por qué si no en 1999 puso dinero para unas obras que contaron con la autorización de Patrimonio?». En 2005 el Principado contrató una reparación para la Iglesia por 59.000 euros. Y por si fuera poco, en las enmiendas a los presupuestos generales del Estado de 2018 presentadas por Foro Asturias, hay una para incrementar hasta los 500.000 euros la dotación asignada a la rehabilitación del patrimonio del románico asturiano de los monasterios de San Antolín de Bedón y Santa María de Obona, en Tineo. Enmienda que fue aprobada. Si como dice el Estado, él no es dueño del bien, ni los vecinos ni el consistorio entienden cómo se destina dinero público a arreglar un edificio que es propiedad privada y en el que nadie puede entrar, excepto en las visitas estivales, limitadas a un día a la semana de julio a septiembre, una obligación legal al tratarse de un BIC.

En marzo de 2017, cinco vecinos de Llanes fueron a juicio por «infracciones leves contra el patrimonio». El motivo fue que meses antes habían accedido a la finca. Reclamaban el derecho de acceso libre al monasterio de San Antolín, consolidado por el acto de pasar libremente por él durante muchas décadas. «Es un camino público, utilizado desde siempre por los vecinos, los amantes del románico, los peregrinos del Camino de Santiago o quienes desean, simplemente, admirar su belleza», sostuvieron ante el juez.

Uno de ellos acabó condenado a una multa de más de 400 euros, que abonaron solidariamente. AVALL presentó hace unos meses un interdicto para la recuperación y apertura del camino, que es público. «Por lo menos se llegaría hasta la iglesia», dicen en la asociación, pero no ha valido para nada. El Ayuntamiento explica que ese camino público no figura en el inventario municipal y, por tanto, no puede reclamar su apertura. Tampoco puede reclamárselo al Estado, al no figurar en ningún caso como dueño del bien para el que reclama un acceso. El mismo argumento por el que se descartó contratar un exhaustivo estudio que determinase de quién es el monasterio. «No podíamos gastar dinero público para algo que no iba a servir para nada. Se nos podría acusar de malversación», asegura la concejala de Cultura.

Tanto la Junta General del Principado como los cinco grupos municipales del ayuntamiento llanisco, de forma unánime, reclaman al Estado que asuma su responsabilidad y recupere la titularidad del que fuera un monasterio benedictino. Ambas instituciones quieren llevar el caso al Congreso para que el nuevo gobierno actúe de manera «diligente» con un bien «clave» para Asturias. En el Ayuntamiento, el concejal de IU, Javier Ardines, asesinado el pasado 16 de agosto en un crimen sin esclarecer mientras se elaboraba este artículo, compartía absolutamente la posición del gobierno municipal cuatripartito del que formaba parte en el conflicto de Bedón.

El contencioso ha llegado también hasta la Comisión Europea a raíz de una pregunta de Podemos, que ha presentado una proposición no de ley para que el Estado abra nuevas diligencias para clarificar el estado de la titularidad de San Antolín y para que declare nulo aquel expediente de 1996, alegando «graves irregularidades» como que fuera un expediente de defensa patrimonial y no de investigación, como tenía que ser. Un expediente que provocó que en 1998 la Administración borrase a San Antolín del listado de bienes propiedad del Estado.

Los actuales propietarios saben que la iglesia no es suya, pero quieren que lo sea a cualquier precio, y parece que los poderes públicos, por alguna razón, se lo van a permitir», aseguran los vecinos.

Visita guiada a San Antolín de Bedón este verano. Es obligación legal en verano y un día por semana en este caso, al ser un Bien de Interés Cultural / Foto: Nel Acebal.

«MANIOBRA PRIVADA DE OCUPACIÓN»

Un temor que comparte Juan Carlos Villaverde, profesor llanisco de la Universidad de Oviedo, fundador y editor de la revista Bedoniana, en la que, a lo largo de doce años, se recogieron y estudiaron documentos y materiales relacionados con San Antolín. «Quien tiene que llevar la voz cantante y la iniciativa es el Principado». Considera que el «gran enemigo de San Antolín es la clase política. Para mí es claro y nítido que el dueño es el Estado, pero por dejación de la Administración ahora está en tierra de nadie. El interés de los partidos por el edificio fue variando según estuvieran en el poder o en la oposición».

También crítico con el proceso, e incluso más contundente, se muestra Fernando Urruticoechea, interventor municipal en Torre Pacheco (Murcia), que tiene su segunda residencia en el concejo de Llanes. Tras estudiar con rigor el caso y amparado en una montaña de documentación, Urruticoechea –un auténtico látigo contra la corrupción, de la que es víctima y especialista tras su paso por varios ayuntamientos– asegura que estamos ante «una escandalosa maniobra privada de apropiación de la iglesia de San Antolín». Considera que las instituciones y todos los partidos, en Llanes y en la autonomía, son cómplices necesarios en la operación. Las visitas guiadas gratuitas los viernes durante este verano son, en su opinión, el último paso de un proceso lamentable y «la crónica de una traición anunciada». «Los pobres ya pueden ir durante tres meses una vez a la semana, el resto del año será para los ricos pagando», dice adelantando el previsible futuro del monumento: un complejo turístico. Sobre estas visitas Marisa Elviro pidió explicaciones al consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, por conceder derechos de difusión e imagen de San Antolín a los dueños de la finca.

Desde el Ayuntamiento no dan el asunto por cerrado y aseguran que «van a defender el monasterio a capa y espada». «Les vamos a fastidiar el negocio». Y eso a pesar de que la justicia les obligó en febrero a conceder a los dueños de la finca licencia para arreglar la techumbre de la iglesia, una sentencia de un juzgado ovetense con la que es muy crítico Urruticoechea. Y ello, dice el fallo, porque «el hecho de que no esté acreditada la propiedad no es suficiente para denegarles ese trámite». Licencia que tiene el visto bueno ya de Patrimonio, pero no de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA).

A la vista de los últimos informes, el Principado considera que la iglesia no tiene un propietario reconocido, pero sí existen «poseedores» y la normativa de Patrimonio Cultural permite considerarles como interlocutores en lo referente al derecho de visitas por su condición de BIC.

La Consejería de Cultura ha delimitado recientemente el entorno de San Antolín, que protege las seis hectáreas de parcela en la que se asienta el monumento, y la de las construcciones auxiliares. Implica que las intervenciones y usos que se realicen en este espacio «no podrán alterar el carácter arquitectónico y paisajístico del área, perturbar la contemplación del bien o atentar contra la integridad física del mismo». Además, estará específicamente prohibido «cualquier movimiento de tierras que conlleve una alteración grave de la geomorfología y la topografía del territorio y cualquier vertido de basura, escombros o desechos». Esta revista se ha puesto en contacto con los actuales propietarios y con la empresa Paisajes de Asturias que se han negado a facilitar información y su versión sobre el insólito proceso de privatización de una joya del patrimonio históricoartístico asturiano.

 

Sobre San Antolín de Bedón en el blog


*** Víctor Madera, el rey de las privatizaciones

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: