La Iglesia se retracta y pagará las reparaciones por los casos de pederastia bajo la supervisión del Estado

enero 8, 2026

Gobierno e Iglesia han firmado un acuerdo para la reparación de las víctimas de pederastia: contarán con un asidero en la administración pública que tendrá la última palabra en caso de discrepancia, y las reparaciones económicas -exentas de IRPF- serán a cargo de la Iglesia.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes , Félix Bolaños (centro), junto al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello (izquierda), y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), Jesús Díaz Sariego (derecha), este jueves durante la firma del acuerdo
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Fuente: Julio Núñez, Eleanora Giovio, El País, 8 de enero de 2026

La Iglesia se retracta y acepta un acuerdo con el Gobierno para colaborar en un sistema de reparación mixto con el Estado en el que se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en el clero español. El documento señala que será el Defensor del Pueblo el que estudiará cada caso, “elaborará una propuesta de reconocimiento de la condición de víctima que incluya la reparación pertinente” y, en caso de que las partes no estén conformes con la resolución, será el encargado de “adoptar la resolución definitiva”. El convenio, al que ha tenido acceso este periódico, ha sido firmado este jueves por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.

Los responsables eclesiásticos se comprometen a acatar tal decisión. “La Iglesia católica asume la reparación de aquellas víctimas que no quieran acudir al PRIVA [en referencia al equipo que gestiona desde hace un año los casos que llegan a la Iglesia y que se denomina Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos]”, recoge el texto, que señala que el convenio “no está basado en la imposición unilateral de una obligación jurídica, sino en el mutuo acuerdo de las partes” y que cuenta “con la opinión de las víctimas”.

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