Critican que la Iglesia pida dinero público para investigar sus inmatriculaciones

La Plataforma de Defensa del Patrimonio recuerda que recuperar bienes es un deber legal y no “interés privado”

Representantes de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, durante la rueda de prensa. / Iban Aguinaga
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Unai Yoldi, Noticias de Navarra | Coordinadora Recuperando, 13 de noviembre de 2026

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro rechazó este jueves que el Gobierno foral financie con dinero público una investigación de la Iglesia católica sobre los bienes inmatriculados a su nombre –tal y como había solicitado la organización eclesiástica–, al considerar que no se puede equiparar el interés de esta institución por defender sus propiedades con la obligación legal de los ayuntamientos y concejos de recuperar el patrimonio comunal. En una rueda de prensa, la plataforma expresó su “sorpresa” por las declaraciones de representantes de la Iglesia en Navarra, que solicitaron financiación pública para investigar posibles inmatriculaciones de bienes comunales y mostraron su malestar por no disponer de información sobre las propiedades que están siendo examinadas.

“La investigación que realizan las entidades locales y la que pueda querer desarrollar la Iglesia Católica no son equiparables y, por tanto, no tienen por qué recibir el mismo tratamiento económico”, defendió la plataforma. La organización recordó que el Gobierno de Navarra destinó una partida de 50.000 euros a financiar los trabajos impulsados por la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), con el objetivo de determinar si entre los bienes inmatriculados por la Iglesia existen propiedades que históricamente pertenecieron a los pueblos. La investigación comenzó en febrero de 2025 mediante un convenio entre el Ejecutivo foral y la FNMC, mientras que en abril de ese mismo año el Gobierno anunció que disponía de un primer listado de bienes susceptibles de reclamación. Además, desde la pasada legislatura existe una relación de 2.952 bienes inmatriculados por la Iglesia católica en Navarra, elaborada a partir de la información registral.

La plataforma argumentó que el artículo 110 de la Ley Foral de Administración Local obliga a las entidades locales a conservar, defender y recuperar su patrimonio, una responsabilidad reforzada mediante una modificación legislativa de 2019 relativa a los bienes inscritos al amparo del antiguo artículo 206 de la Ley Hipotecaria.

Por ello, consideró que la financiación pública responde a una obligación legal de los ayuntamientos y concejos y no puede equipararse a una eventual investigación de la Iglesia para defender sus intereses patrimoniales. “Una cosa es ejercer ese derecho y otra muy distinta pretender que los contribuyentes navarros financien una investigación destinada a defender sus propios intereses patrimoniales”, señaló.

En este sentido, subrayó que la Iglesia tiene derecho a consultar sus archivos, recopilar documentación y defender jurídicamente los bienes que considera suyos, pero insistió en que esa actividad no tiene la misma finalidad de interés general que la recuperación del patrimonio público. Respecto a las quejas del Arzobispado por la falta de información, la plataforma indicó que la Iglesia tiene derecho a conocer el alcance de la investigación y defender la titularidad de sus propiedades, pero ha advertido de que deben respetarse las garantías jurídicas del procedimiento.

Según apuntó, el Arzobispado ha remitido dos cartas al Gobierno de Navarra solicitando información sobre los bienes investigados y ha recibido una respuesta que alude a la protección de datos para justificar que determinada documentación no pueda facilitarse. “La información se facilitará cuando corresponda y en los términos legalmente establecidos”, afirmó la plataforma, que reclamó que la investigación se desarrolle con rigor, transparencia y seguridad jurídica.

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Nota Asturias Laica

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