Tutelada por el Estado, su fallecimiento en 1983 aceleró el fin del Patronato de Protección a la Mujer
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Fuentes Público (Henrique Mariño) | El Diario (Laura Martínez) 19 de mayo de 2026
Inmaculada Valderrama Morato falleció el 19 de septiembre de 1983 tras precipitarse desde la ventana del tercer piso de un reformatorio de San Fernando de Henares (Madrid) gestionado por el instituto secular femenino Cruzada Evangélica. Tenía solo catorce años y la versión del centro de reeducación Nuestra Señora del Pilar, vinculado con el Patronato de Protección a la Mujer, una de las redes represivas más longevas y opacas de la dictadura franquista, fue que había muerto cuando intentaba fugarse descolgándose con unas sábanas. El juez concluyó que se había suicidado, aunque el escándalo que generó el caso aceleró el fin del Patronato, una institución franquista cuyo objetivo era controlar los cuerpos y las mentes de las mujeres.
El lunes de su muerte, a la hora del desayuno, de la ventana colgaba una cuerda con sábanas. Un intento de fuga. O tal vez un suicidio. Caso cerrado.
María Palau y Marta García llevan años estudiando el Patronato de Protección a la Mujer. Forman parte de una red de investigadoras y supervivientes que tratan de desentrañar el oscuro funcionamiento de estos centros que, bajo el aparente control de la prostitución, se convirtieron en unas cárceles de niñas y control de la moralidad pública. En 2023 publicaron Indignas hijas de su Patria, un trabajo de investigación periodística que vio la luz gracias a la Beca Josep Torrent de Periodisme d’Investigació otorgada por la Unió de Periodistes Valencians y la Institució Alfons El Magnànim. Prologado por Esther López Barceló, fue el germen de una obsesión: averiguar qué sucedió para que una niña de 14 años apareciera muerta en el patio del reformatorio. Y en la vida y muerte de Inmaculada encontraron un caso paradigmático, que encierra los elementos comunes de las supervivientes del Patronato y las fragilidades de la joven democracia española en la época.
Por entonces, las periodistas y la historiadora apenas contaban con varios recortes de prensa que hablaban del caso de Inmaculada Valderrama y escasas referencias al centro de San Fernando de Henares. Tres años después, las investigadoras han documentado una cadena de negligencias e incongruencias en torno al caso del reformatorio, a cargo de una orden religiosa y, en última instancia, del Ministerio de Justicia, según denuncian
¿Quién era aquella chica? ¿Qué hacía allí? ¿Cómo intentó huir por la ventana cuando podría haberlo hecho por la puerta? ¿Por qué la Justicia había despachado tan rápido su caso? La historiadora Esther López Barceló y las periodistas Marta García Carbonell y María Palau Galdón intentaron dar respuesta a estas y a otras muchas preguntas, comenzaron una investigación y ahora ofrecen sus conclusiones en Inmaculada. La muerte que precipitó el final del Patronato (Libros del KO), donde rescatan su figura del olvido y rinden homenaje a las mujeres que fueron reprimidas por alejarse del canon nacionalcatólico. Aunque en su libro lo explican con profusión de detalles, aquí relatan cómo sucedió todo a modo de historia oral
«Inmaculada Valderrama nació el 4 de mayo de 1969 en Jerez de la Frontera, en el seno de una familia humilde con doce hermanos. Sus padres, Diego y Ana, eran analfabetos y vivían en La Barca de la Florida, una pedanía a veinte kilómetros de la ciudad. En 1973 se mudaron a San Pedro de Alcántara (Marbella), donde la niña tuvo una infancia feliz. Sus hermanos la recuerdan como una niña muy buena y normal. Como cualquier adolescente, empezó a ir a la discoteca y a la feria hasta que, cuando tenía trece años, se fue unos días a Madrid con su hermana Antonia», explica Marta García Carbonell.
Allí son detenidas y encerradas en el reformatorio sin juicio, sentencia ni condena, aunque su madre entiende que están internas en un colegio. Desconoce que, al aceptar que permanecieran ingresadas, sus hijas pasaron a estar tuteladas por el Patronato de Protección a la Mujer. Inmaculada se fuga y vuelve a ser arrestada por un policía en la calle Valverde, «lugar frecuentado por prostitutas, en actitud manifiesta de estar dedicándose a dicha actividad», según el agente. La periodista conjetura que ese dato pudo ser aportado durante la instrucción judicial tras su muerte y pone en duda el motivo de su detención.
«Inmaculada desafiaba el modelo impuesto para las mujeres durante el franquismo. Era lesbiana y tenía un tatuaje en el brazo con el nombre de su novia, Begoña. Eso ponía en entredicho totalmente lo que se suponía que tenían que ser las mujeres y lo que las cruzadas esperaban que fueran. Sea cual sea el motivo de su internamiento, muere tutelada por el Estado en un reformatorio que dependía del Ministerio de Justicia, sin ningún tipo de resolución judicial que justificara su encierro», añade Marta García Carbonell.
Inmaculada cometió tres pecados por los que fue encerrada y castigada, explican las autoras. “El primero es que venía de una familia humilde de Andalucía, una familia rural de padres analfabetos, con 12 hijos. El segundo, por lo que se le acusa, es que un fin de semana decide irse con su hermana a Madrid, se fugan de casa. Este primer internamiento sí que se le comunica a su madre, una madre que no sabe dónde están sus hijas, que no sabe nada. Y el tercer pecado de Inmaculada sería ser lesbiana. Las mujeres que se salían de la identidad sexual o de la orientación sexual heterosexual eran encerradas también”.
Las autoras accedieron a un informe elaborado por un psicólogo en 1981 sobre las internas de Nuestra Señora del Pilar, una encuesta realizada a varias menores. “Nos encontramos con que el nexo común que tenían todas ellas es que tenían problemas dentro de casa. Ninguna había cometido ningún delito. Algunas se fugaron debido precisamente a esos problemas y nunca, en ningún momento, este señor que les pregunta ¿qué te ha pasado? ¿Cuáles son esos problemas? ¿Qué te han hecho? Es una pregunta que está constantemente presente en el libro”, apuntan. “Ese informe es revictimizador con ellas, porque de alguna forma las responsabiliza de que los problemas que tienen; evidentemente, todos vienen derivados en última instancia de la mala educación que han recibido por tener familias desestructuradas”, explica López Barceló. “En los años cuarenta sí podemos hablar de un factor socioeconómico y de muchas niñas huérfanas que se ven abocadas a la prostitución o a la mendicidad por una cuestión de supervivencia. Pero este factor se diluye prácticamente en el mismo momento de fundación del patronato, porque delincuencia e inmoralidad se fusionan completamente. Es al final una cárcel de los pecados”, añade Palau. La pobreza, la familia, la moral.
Reformatorio franquista
«El presunto crimen de Inmaculada evidencia que el Patronato de Protección a la Mujer, la institución más longeva del franquismo, siguió operando impunemente durante la democracia con los mismos métodos de la alianza católica y los resortes del Estado. Así, en 1983 tenía encerrada a una niña de catorce años sin haber cometido ningún delito, cuando la Constitución no permitía retener a nadie más de 72 horas sin resolución judicial», lamenta Esther López Barceló, quien recuerda que su muerte precipitó el fin de la institución en 1985.
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Las investigadoras logran dar con trabajadoras públicas del reformatorio, con el forense Alfonso Cabeza y con la familia de Inmaculada, que «durante más de cuarenta años se había tenido que resignar al silencio como una forma de supervivencia, asumiendo que su hija y su hermana había muerto en extrañas circunstancias», recuerda María Palau Galdón, quien denuncia una «negligencia muy clara en la custodia de la documentación que tenía que ver con su fallecimiento». El Consejo Superior de Protección de Menores no tenía su expediente y la Policía, tampoco, apenas una carpeta vacía con su nombre.
El informe del forense
«Alfonso Cabeza determina en el informe de la autopsia que no puede decir si ha sido un suicidio, un homicidio o un accidente. Lo que sí puede confirmar es que Inmaculada tiene unas lesiones, como las fracturas de las muñecas, incompatibles con una caída producida por haberse descolgado de las sábanas que pendían del tercer piso de la Torre B del reformatorio Nuestra Señora del Pilar, la planta de máxima seguridad que acogía a las menores más peligrosas de toda España. El suicidio, que es la conclusión a la que llega el juez, no se sostiene con ninguna declaración. Ni siquiera las de las cruzadas o las de las trabajadoras públicas llevan a pensar que tuviera intención de suicidarse. Así que fue un accidente o un homicidio», zanja Esther López Barceló.
La historiadora se pregunta por qué una niña se fuga en bragas y descalza. «Es completamente inverosímil. Como ya se había escapado previamente y las puertas del centro estaban abiertas varias horas al día, sabía que había muchas formas de evadirse y que no era necesario hacerlo de una forma tan drástica, a no ser que estuviera huyendo de un peligro mayor. Es decir, nadie se tira desde un tercer piso a menos que el peligro que se cierne sobre esa persona sea tan terrible y mortífero que prefiera arriesgarse a tirarse al vacío», razona López Barceló. «El juez comete una terrible negligencia al no indagar más y concluir que fue un suicidio». No hubo responsabilidad judicial ni económica, según las autoras de Inmaculada, pese a que su hija había muerto tutelada por el Estado y en un centro que dependía del Ministerio.
La familia de Inmaculada
A través de una detective, contactan con Pepa, Manuel y otros tres hermanos. Nadie les había dicho a sus padres que Inmaculada y Antonia estaban encerradas en «uno de los reformatorios más duros del Patronato de Protección a la Mujer». Y al aceptar sus padres que estén en un colegio, como pensaban, pasan a estar «tuteladas por el Ministerio de Justicia», sin que ellos puedan hacer «absolutamente nada», hasta el punto de que el juez no toma declaración a la madre. «Pese a que enviaron cartas al Consejo Superior de Protección de Menores preguntando por las pesquisas, tanto Ana como Diego murieron sin conocer siquiera que esas investigaciones habían sido archivadas», explica María Palau Galdón.
El libro deja abiertas muchas preguntas, al tiempo que acerca la figura de la joven gaditana a los lectores. «Cuando lo lean, conocerán a Inmaculada, su vida y a su familia, pero también a muchas otras mujeres que fueron encerradas en los centros del Patronato», afirma Marta García Carbonell. «Pese a las dudas que despeja nuestro libro, queremos denunciar que la investigación sobre la muerte de Inmaculada Valderrama no fue bien hecha ni tuvo las garantías que debía tener. Por tanto, no podemos saber realmente qué le pasó a Inmaculada cuarenta años después. No lo sabemos ni nosotras ni la sociedad, aunque lo que es más grave es que no lo sepa la propia familia, cuando todo sucedió en plena democracia».
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El cierre del Patronato
Pese a que es una opinión personal que no puede confirmar documentalmente, «el hecho de archivar el caso como suicidio demuestra una voluntad de ocultamiento, porque así cierras cualquier reapertura e indagación posterior», asegura Esther López Barceló. «Yo creo que el juez sabía perfectamente lo que estaba haciendo, o sea, un favor al Estado. Porque si se hubiera llegado a determinar que fue un homicidio —involuntario o no—, eso habría conllevado una indemnización económica muy importante y además habría abierto la puerta a otras familias que podrían haber sufrido el mismo tipo de violencia».
Es decir, más personas reclamarían justicia, porque entonces «seguía habiendo centros del Patronato de Protección a la Mujer por todo el Estado y había habido muchísimos otros casos a lo largo de toda la vida de esta institución», añade la historiadora. «Este es paradigmático no porque fuera aislado, sino precisamente porque evidencia que esto no pasó una sola vez, sino que era una práctica heredada de la impunidad franquista y que quedó completamente sellada incluso a pesar de la Constitución».
«Igual que sabemos que Inmaculada era una niña desprotegida que murió en extrañas circunstancias y a cuya familia se le negó cualquier posibilidad de reparación, también tenemos a miles de personas que seguían yaciendo en las fosas comunes», concluye Esther López Barceló. «Nuestra democracia se cimentó sobre miles de fosas y sobre el olvido de miles de vulneraciones contra niñas de este país. Queda muy claro que si Inmaculada murió, principalmente fue porque era lesbiana y menor de edad».
La muerte de Inmaculada provocó la indignación del municipio madrileño de San Fernando de Henares. Intervino el alcalde, el Consejo Superior del Menor, se celebraron manifestaciones. Y también aceleró el proceso de expulsión de las órdenes religiosas de los centros, hasta su cierre dos años después
Responsabilidad y reparación
La muerte de Inmaculada se produce en 1983, cinco años después de la aprobación de Constitución española, y queda fuera del amparo de la ley de Amnistía. Es un hecho sucedido en democracia “que no ha sido reparado”, señala López Barceló. “La parte que nos tocaba a las investigadoras está hecha, ahora le toca al Estado”, plantea, poniendo sobre la mesa una reparación económica para la familia.
El objetivo de las investigadoras es “que las víctimas dejen de sentir vergüenza. Romper silencios para contar las violaciones de derechos humanos. Que las familias que llevan años calladas puedan dar el paso”, añade Palau, que reclama que se revisen los convenios con las órdenes religiosas que siguen en los mismos espacios. No sirve una disculpa simbólica. García concluye, sumándose a sus compañeras: “Queríamos reescribir su historia, contar que a Inmaculada no solo le pasó la muerte”.
