Una fundación del Arzobispado vendió 14 edificios en el centro, obtenidos con donaciones, a una empresa en 2019. La Justicia paralizó el acuerdo después de una denuncia de los vecinos, que temen ser expulsados y cuestionan la legalidad de la operación, que impugnarán en los tribunales
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Lourdes Barragán, El Diario / El País, Natalia Jiménez, 1 de septiembre de 2025
La Archidiócesis de la Comunidad de Madrid ha dado el visto bueno a que continúe la venta de 13 edificios, propiedad de la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), dirigida por la Iglesia, que en 2019 se había paralizado debido a denuncias por irregularidades por parte de los vecinos. Estos inmuebles fueron donados por miembros de la fundación con la condición de que nunca se vendieran, y de que los beneficios que se obtuvieran de su uso siempre fueran a esta entidad. Aun así, en 2019, la fundación intentó vender las 14 fincas por solo 65 millones de euros a la sociedad Tapiamar, cuando, según los vecinos, su precio total no baja de 250 millones.
Ahora el arzobispado ha subido el precio a 99 millones de euros por 13 de los inmuebles, en un intento —ya que el Juzgado debe aprobarlo— de que la operación siga adelante con el mismo comprador, que actualmente se encuentra imputado por los delitos de estafa y corrupción. En el nuevo acuerdo, la Iglesia también ha renunciado “libre y expresamente” a las acciones penales y civiles en contra de esa persona, dejando en el Juzgado la decisión de que se siente o no en el banquillo. Los vecinos de los inmuebles no se han quedado de brazos cruzados y escribirán una carta al nuevo Papa. A todo esto, el Arzobispado madrileño ha decidido guardar silencio y ha dicho a este diario que “no hará declaraciones”.
El reciente acuerdo fue comunicado el 30 de julio de 2025 al Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid. En este se explica que Fusara, Tapiamar e Intuitiva (otra empresa también dirigida por uno de los investigados por corrupción y estafa durante la transacción anterior) alcanzaron “un acuerdo para la resolución amistosa de las controversias existentes entre las partes, derivadas de la compraventa de los catorce inmuebles de la fundación, formalizada el pasado 30 de julio de 2019″.
En el nuevo acuerdo, del que El País tiene copia, las condiciones de venta han cambiado. En 2019 el negocio era de 64 millones de euros por 14 edificios en calles estratégicas de Madrid como Fuencarral, San Bernardo, Imperial y Delicias. Pero ahora la fundación ha aumentado el precio a 99 millones y ha quitado un inmueble, el de la sede social de la fundación en la calle Barquillo, 22. A pesar de esto, los vecinos calculan que el precio real de los edificios alcanza los 250 millones de euros. “Siguen siendo unos precios irrisorios”, denuncia Mónica Sevil, abogada de los vecinos que viven en los edificios y también una de las afectadas.
Según se lee en el nuevo documento, la decisión de seguir adelante bajo estas condiciones ha sido votada por “unanimidad” del patronato de la fundación, que lo componen el arzobispo de Madrid, José Cobo Cano, el sacerdote Pedro Pablo Dones Sabrido, párroco de Asunción de Nuestra Señora y José Andrés Silva Martín, párroco de San Juan de Ribera.
Y a pesar de que en 2019 también eran parte del patronato los representantes del Tribunal de la Rota, del Ayuntamiento de Madrid y de la Delegación de Gobierno, estos dos últimos renunciaron a su cargo y dejaron de ser parte tras la primera polémica, según han confirmado a EL PAÍS recientemente. Es decir, la decisión ha sido tomada exclusivamente por la parte eclesiástica, algo que los vecinos también dudan de que sea legítimo.
“Cuando se creó la fundación, la dueña dijo que el patronato siempre tenía que estar representado por el mismo número de miembros eclesiásticos que laicos, con lo cual este no sería válido”, añade Sevil. EL PAÍS ha intentado conseguir una reacción del arzobispado sobre toda la decisión, pero han asegurado que no harán declaraciones y, curiosamente, han derivado a los medios a la fundación, que son ellos mismos.
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“La Iglesia de los pobres” está inmersa en un negocio millonario. Esta expresión popular se atribuye a un mensaje radiofónico del Papa Juan XXIII y reivindica la institución católica como un lugar que pretende ser, ante todo, para los humildes. Más allá del ideal, todas las entidades –religiosas incluidas– necesitan dinero para mantenerse a flote. Según el Arzobispado de Madrid, el 25% se cubre a través de donaciones voluntarias en la declaración de la renta. El otro 75% surge de donativos mayores o colectas, así que para generar solvencia también se saca partido a estas propiedades. Precisamente la archidiócesis madrileña lleva años inmersa en una pugna a tres bandas: con un fondo inmobiliario, con el propio Vaticano y con más de 200 familias que residen como inquilinas en alguno de los pisos que gestiona. Ahora temen ser expulsadas, más después de un último acuerdo en verano.
Algunos pagan entre 900 y 1.000 de media por pisos de unos 70 metros cuadrados en el centro de Madrid. Son precios bajos si se comparan con la situación actual del mercado en la zona, donde para un tamaño similar el alquiler mensual oscila entre los 1.500 y 3.000 euros de media según el portal inmobiliario Idealista.
Los vecinos consultados explican que esto se debe principalmente a la antigüedad de los inmuebles y a la finalidad de los edificios, que fueron donados con idea de destinarse a uso social. Es uno de los principales argumentos que eximen las familias e inquilinos: muchos afirman haber invertido miles de euros en reformas y haber sido advertidos antes de firmar de los edificios eran “invendibles”, pues eran bienes gestionados por la Iglesia. Sin embargo, hace años todo dio un giro de 180 grados.
“Nosotros pensamos que el arzobispado de Madrid ha sido cómplice desde el primer momento de esta venta fraudulenta. Tanto el arzobispo que estaba en su momento, Carlos Osoro, como el actual, José Cobo, son conocedores de esta historia. La ética de la Iglesia es terrible, haciendo negocio en este momento donde la vivienda es uno de los principales problemas en España”, ha criticado Jesús Manrique (60 años), uno de los vecinos afectados.
El llamado caso Fundaciones, que involucra a varias entidades dependientes del Arzobispado de Madrid y ha sentado en el banquillo a algunos de sus cargos, suma nuevos capítulos. El pasado mes de julio, la sociedad privada Tapiamar accedió a pagar un 65% más de lo acordado inicialmente para oficializar sin perjuicios la compra de 14 edificios residenciales a una fundación de la Iglesia, Fusara, que los obtuvo a través de donaciones con fines benéficos. Finalmente, según publicó El Confidencial, Fusara recibirá 99 millones de euros en efectivo y la empresa recibirá un inmueble menos, el edificio de la calle del Barquillo. Recuperarlo era parte del acuerdo al encontrarse ahí su sede.
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Tapiamar adquirió en 2019 más de una decena de bloques en el centro de la capital por 74 millones de euros, que gestionaba esta fundación católica. La denuncia de los inquilinos, más de 200 familias afectadas por la compra, cuestionó el acuerdo y abrió el debate sobre una supuesta trama que hacía negocio a costa de fundaciones religiosas como Fusara, Santísima Virgen y San Celedonio (FSVSC), o Molina Padilla. Los edificios de Fusara reúnen 188 viviendas cuyo gobierno ejercía la entidad católica.
Sin embargo, la querella presentada por los residentes después de recibir la noticia de la venta por burofax –afirman no haber recibido aviso alguno durante la negociación y les notificaron directamente con el cambio de propiedad– paralizó la transacción con Tapiamar. El caso se vinculó a la enajenación por 37 millones de una parroquia y una residencia de mayores gestionada por otra fundación religiosa en el entorno del estadio Santiago Bernabéu, una de las zonas más cotizadas de la capital, y ambos procesos acabaron judicializados.
Ocurrió mientras el Juzgado número 51 de Madrid investigaba posibles delitos de estafa, corrupción y administración desleal con la venta de Fusara y se presentó una segunda querella, impulsada por los parroquianos del Bernabéu al cederse otro terreno de la Iglesia a la Universidad de Nebrija. Anticorrupción detectó algunos nexos entre ambas operaciones y, en noviembre de 2020, envió a la Fiscalía de Madrid sus sospechas sobre la existencia de una única trama inmobiliaria vinculada a operaciones en fundaciones religiosas. El periplo en los tribunales sigue hasta hoy día, y el reciente acuerdo sellado este verano entre Fusara y Tapiamar ya ha revuelto las aguas.
Los vecinos piensan impugnar el acuerdo entre Fusara y Tapiamar
“Ese pacto lo impugnaremos”, adelanta Mónica Sevil, abogada de los vecinos de los 14 edificios del centro que, además, es inquilina desde 2014. Se mudó con sus hijas en uno de los inmuebles gestionados por el Arzobispado de Madrid después de contactar con la fundación. Buscaba un sitio de alquiler a larga duración porque las niñas tenían el colegio cerca y necesitaba un apartamento donde establecer su despacho. Según su relato, había mirado otra opción que le ofrecía un plazo de 15 años pero, como en sus conversaciones con los religiosos le indicaron directamente que esos bienes eran “invendibles”, tal y como ella reproduce, decidió que esa opción le ofrecería más estabilidad.
En octubre de 2019 recibieron el aviso de que habían vendido su domicilio. “Alegaron que teníamos contratos a bajo coste y las casas no estaban lo suficientemente bien explotadas en esas condiciones, pero se están saltando las normas”, advierte la vecina y letrada. Según la Ley de Fundaciones en su quinto capítulo, que regula entre otras cosas las actividades económicas de estas entidades, se establece que las transacciones deberán estar “relacionadas con los fines fundacionales” o ser “complementarias o accesorias de las mismas”. Se prevén algunas excepciones, pero Sevil defiende que su caso no es una de ellas.
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Destaca la inversión de muchos vecinos en remodelar de su bolsillo las viviendas alquiladas, con una inversión que para su casa cifra en 35.000 dada la antigüedad de los pisos. “Era parte del acuerdo: el precio sería más bajo, pero nosotros contribuiríamos al mantenimiento de cada inmueble”, asegura, señalando con esto que el precio medio de los bloques ha subido con las obras de reforma y “es el Arzobispado quien se lucra de ello pese no ser su dueño de facto, sino el gestor de unas donaciones que se cedieron pensando en causas benéficas o sociales”. Y en este sentido, considera que “la venta de edificios a un fondo inmobiliario en el Madrid que tenemos no lo es”.
En 2020, ante la tormenta mediática que se avecinaba con el caso, el entonces arzobispo Carlos Osoro movió ficha e intentó abortar los dos pelotazos urbanísticos impulsados por la fundación católica, negociando directamente con los compradores con tal de revertir las ventas. Años después, el pulso continúa. En estos momentos la abogada de los vecinos prepara un escrito contra el acuerdo de finales de julio entre Fusara y la sociedad Tapiamar para expresar, en nombre de los vecinos, que este último movimiento “ratifica una estafa a la propia fundación” al sellar, a su parecer, un “un expolio de su patrimonio a menos de la mitad de lo que vale”. Eso aún está por comprobarse, pero en un auto del juzgado que investiga el caso se determinaron “sólidos indicios” de estafa.
Uno de los vecinos en los edificios de Fusara, visto el panorama, envió un escrito al Papa advirtiendo del acuerdo al que había llegado la fundación. El Vaticano envió como emisario a Javier Belda, abogado canónico, para supervisar los hechos y conocer al denunciante. El inquilino en cuestión es Jesús, que alquila desde hace 14 años uno de los inmuebles en la zona. “Ha sido una lucha y, a mi parecer, necesaria: una casa no es un lugar cualquiera, sino aquel en el que amas, piensas, meditas o haces toda tu vida. Sentí una fuerte injusticia cuando me enteré de la venta y, por qué no decirlo, cierta rabia por la desvergüenza de la Iglesia”, señala en una conversación con Somos Madrid. En estos momentos prepara otro escrito para enviarlo al nuevo Papa, León XIV, informando del último acuerdo “a espaldas de la Justicia”.
Comprador, intermediarios y otros investigados en el banquillo
En el momento de la compra a Fusara, Tapiamar era una sociedad recién creada administrada únicamente por Roberto de Juan a través de un intermediario, el despacho de Chávarri Abogados. El primero acabó imputado en 2024 durante la investigación del caso Fundaciones por un posible delito de estafa, después de admitir a trámite los recursos desde la acusación que pedían levantar medidas cautelares e incluir a compradores como De Juan, que se sumó a otros imputados relacionados o bien con el bufete de abogados o con las fundaciones del Arzobispado.
El Registro de la Propiedad ya frenó inicialmente la venta de dichos inmuebles tras encontrar irregularidades en la inscripción de compra de cinco de ellos: el de la calle Churruca, 15; Santa Teresa, 8 y 9; Barquillo, 22; y Castillo, 4. Esta fue una de las irregularidades que mantuvo el proceso en suspenso ya que la entidad no había hecho constar en el Registro de Fundaciones los cambios en su dotación patrimonial pese a que se han deshecho de más de 50 millones de euros en bienes.
Fusara tampoco subsanó la situación en el plazo establecido: diez días después, el órgano de control seguía sin tener noticias del adelgazamiento de patrimonio. Otro cabo suelto de la operación tiene que ver con las firmas que la autorizaron. La venta fue aprobada por “unanimidad” en el patronato de la fundación. La alcaldesa de Madrid –a quien representaba el concejal Mauricio Valiente– y la delegada del Gobierno en Madrid, María Paz García Vega, no asistieron pero delegaron su voto. De manera que, a efectos, se posicionaron a favor. Ambos confirman que conocían “algo” de la operación que se estaba aprobando, aunque no estaban presentes.
El nuevo acuerdo de venta debe ser aprobado o rechazado por el Juzgado de Instrucción Número 28 de Madrid. Mientras, los vecinos no se quedarán de brazos cruzados. “Vamos a esperar a ver que dice el juez y el fiscal, pero de momento vamos a intentar reunirnos con el Ministerio de Justicia, el de Vivienda y el delegado de Gobierno. Enviaremos, además, una carta al nuevo Papa pidiéndole una reunión”, han comentado los vecinos. Todo esto con la esperanza de que algo cambie para bien.
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Notas de Asturias Laica
Sobre Fusara y el caso Fundaciones en el blog de Asturias Laica
Historia de un pecado: así se han expoliado los bienes de fundaciones de la iglesia madrileña (2020)
Trama inmobiliaria en Madrid: ya son tres las fundaciones implicadas (2020)
Los protagonistas de la trama de las fundaciones en la archidiócesis de Madrid (2020)
