El TC maneja desde hace un año un boceto de sentencia que fija la línea entre ofensa religiosa y libre expresión

La Fiscalía ya se posicionó a favor de anular las sentencias que condenaban a una activista feminista que participó en la procesión de una vagina ataviada como una virgen

Protesta por la condena a una feminista por ofensa a los sentimientos religiosos | Fuente Europa Press
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 16 de noviembre de 2026

El Tribunal Constitucional sigue sin dar respuesta al recurso por la Gran Procesión del Santo Chumino Rebelde, una performance feminista llevada a cabo durante una manifestación del 8M en Málaga. Cuatro años después de su admisión a trámite, la corte de garantías aún no ha resuelto un amparo que, en principio, debería fijar la fina línea que separa la libertad de expresión y el delito de ofensa contra los sentimientos religiosos. La Fiscalía, por el momento, ya se ha inclinado a favor de las activistas. Y desde hace meses, según las fuentes consultadas por infoLibre, hay listo un borrador de sentencia sobre este asunto. Pero la ponencia no termina de someterse a debate y votación.

La activista Elisa Mandillo fue condenada al pago de una multa de 2.700 euros por su participación en la procesión de una vagina de plástico ataviada como una virgen. La sentencia del Juzgado de lo Penal nº10 de Málaga, luego ratificada por la Audiencia Provincial, recogía que Mandillo había actuado con una «evidente intención de ridiculizar y burlarse de forma gratuita» de una «tradición católica fuertemente enraizada en nuestra sociedad». Y destacaba que la activista «no paró de proferir expresiones altamente vejatorias y ridiculizantes», imitando «de forma vejatoria» el Credo o el Ave María y culminándolos con un «himen» –en lugar de «amén»–.

Mandillo acudió en amparo al Constitucional. «Tanto la puesta en escena de la protesta (…) como el contenido literal de la versión de las oraciones católicas están directamente vinculadas y conectadas con el motivo de la protesta, la cual es la reivindicación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entre los que se encuentra el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo», recogía el recurso de la activista. Y concluía: «La condena impuesta vulnera el derecho a la libertad de expresión a pesar de la afectación a los sentimientos religiosos que la actuación de mi representada haya podido causar».

La Sección Cuarta de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de amparo por el chumino rebelde el 4 de abril de 2022. Lo hizo al entender que tiene una «especial trascendencia constitucional», ya que «plantea un problema» o afecta «a una faceta de un derecho fundamental» sobre el que no hay «doctrina». El asunto le cayó a Antonio Narváez, de tendencia conservadora. Pero el mandato de este magistrado, que en las últimas semanas ha vuelto a un primer plano por la suspensión del voto a los nacionalizados por la ley de nietos, expiró unos meses después. Todos sus asuntos quedaron desde ese momento en manos de Laura Díez, ubicada en el sector progresista de la corte de garantías.

Juicio por participar en la exhibición pública, a modo de procesión, de la imagen de una vagina de plástico durante la manifestación del 8M de 2003 en Málaga | Fuente Europa Press
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Desde su admisión a trámite el recurso apenas se ha movido. Lleva ya cuatro años en un limbo del que parece no salir. «No tenemos ninguna noticia», dicen desde el entorno de la activista. Una parálisis que choca con uno de los objetivos que Cándido Conde-Pumpido se fijó cuando llegó a la Presidencia de la corte de garantías: resolver los asuntos en un plazo razonable de tiempo. En los últimos meses, la corte de garantías ha resuelto recursos muy posteriores al de Mandillo –en concreto, de los años 2024 o 2025–, aunque también algún otro amparo anterior –por ejemplo, el que puso Más Madrid contra una decisión de la mesa de la Asamblea de Madrid en 2020–.

La Fiscalía, del lado de la activista

Las fuentes consultadas por este diario explican que ya hay elaborado un borrador de sentencia. Sin embargo, el mismo lleva casi un año metido en un cajón. La Fiscalía, por su parte, ya se ha posicionado a favor de que se anulen las sentencias al entender que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión. En un escrito de junio de 2022, el fiscal Alfredo Ramos consideraba que las resoluciones impugnadas no hacían una «cabal ponderación» de ambos derechos y que se había hecho «prevalecer» en «términos incompletos» el de libertad religiosa sobre el de expresión. «La falta de adecuada ponderación sobre el ejercicio legítimo del derecho en su confrontación con otro derecho fundamental y la relevancia y adecuación de sus efectos, habría vulnerado el derecho a la libertad de expresión», completaba.

El fiscal, en este sentido, recordaba que las sentencias impugnadas omitían «una valoración del contexto espacial, temporal, político y social» en el que se enmarcan los hechos enjuiciados. Así, afeaba que no se hiciese referencia alguna al «debate generado» por la «modificación legal sobre la interrupción voluntaria del embarazo» que se presentó al Consejo de Ministros en diciembre de 2013 y que fue retirada en otoño de 2014. «Proyecto que contó con una postura de apoyo de la Iglesia Católica, cuyo derecho a expresar su criterio reconoce la propia Audiencia Provincial de Málaga, lo que implica asumir la posibilidad de críticas«, sostiene el fiscal en su escrito, en el que también recuerda que el ejercicio a la libertad de expresión se efectuó «sin que conste que afectase a ningún acto de culto religioso».

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