El Tribunal de la UE evaluará si las actas de bautismo contradicen las leyes de protección de datos

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene pendiente resolver si la negativa de la Iglesia a borrar actas de bautismo vulnera el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), tras emitir la Abogada General sus conclusiones (considera que la Iglesia tiene que borrar los nombres de la partida de bautismo si se solicita)

Priest baptizing a baby while family members gather around a church baptismal font
Simulación de una partida de bautismo | IA
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Asturias Laica | Fuentes. Zenit, Infocuria, ABC, 2 de octubre de 2026

Un caso belga ha suscitado un debate jurídico discreto pero trascendental sobre la confluencia de la fe, la memoria y el derecho a la privacidad en la era digital. El tema central es el bautismo y la cuestión de si una persona puede borrar todo rastro del mismo.

Un ciudadano de la diócesis de Gante (Bélgica) solicitó borrar por completo sus datos de los registros bautismales tras abandonar la Iglesia. La diócesis de Gante -como sucede en España- en lugar de destruir el registro del bautismo optó por añadir una anotación marginal y marcar la entrada original con líneas diagonales para reflejar que la persona había abandonado la Iglesia.

El ciudadano recurrió a la Autoridad de Protección de Datos belga amparándose en el derecho de supresión (el «derecho al olvido») del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que falló a su favor en diciembre de 2023: la autoridad ordenó a la Diócesis de Gante que eliminara los datos, aceptando que la Iglesia tenía motivos para conservar los registros bautismales, pero concluyendo que, en este caso, los intereses del individuo tenían prioridad.

El Tribunal de Apelación de Bruselas ha remitido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea el caso que podría definir hasta qué punto el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea se aplica a la vida religiosa. La cuestión radica en si la negativa de la Iglesia Católica a eliminar las actas de bautismo, incluso cuando lo solicita la persona afectada, viola la legislación de privacidad de la UE.

Lo elevó a través de una serie de cuestiones prejudiciales:

Cuestiones prejudiciales

¿Debe interpretarse el artículo 17 [del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) [1] en relación con el derecho a la protección de los datos de carácter personal garantizado por el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión garantizada por el artículo 10 de la Carta y el artículo 9 [del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales] y el principio de separación de Iglesia y Estado consagrado en los artículos 19 y 21 de la Belgische Grondwet (Constitución belga), en el sentido de que una persona que fue bautizada siendo menor de edad y que, siendo adulta, desea desvincularse de la Iglesia Católica Romana tiene o no derecho a que se supriman sus datos personales del registro de bautismo?

¿Tiene alguna relevancia a este respecto, a efectos de la aplicación del artículo 17, apartado 1, letra c), [del Reglamento general de protección de datos], el hecho de que, según el responsable del tratamiento, la inscripción en el registro de bautismo afecta a los derechos fundamentales antes mencionados (libertad de religión) del responsable del tratamiento y de la comunidad eclesiástica católica romana a la que representa?

– ¿Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que este registro de bautismo no sea digital, sino un soporte material único en forma de libro con páginas en recto y verso en cuyo reverso figuran también los datos de otras personas interesadas?

– ¿Tiene alguna relevancia a este respecto el hecho de que el propio libro sea un objeto histórico y que el registro de bautismo constituya un reflejo único de hechos históricos que no constan en ningún otro lugar, de modo que el tratamiento de datos también se realiza con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos en el sentido del artículo 17, apartado 3, letra d), [del Reglamento general de protección de datos]?

– Si existiera un derecho a la supresión de datos con arreglo al artículo 17, apartado 1, [del Reglamento general de protección de datos] y si no fuera aplicable ninguna excepción a este derecho con arreglo al artículo 17, apartado 3, [de dicho Reglamento], ¿se cumpliría el derecho a la supresión de datos mediante la anotación en el margen del registro de bautismo de que una persona ha abandonado la Iglesia como medida equivalente?
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[1] Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO 2016, L 119, p. 1).
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Tribunal de Justicia de la Unión Europea / Archivo | Fuente
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En el proceso, un/a jurista independiente analiza a fondo el caso y propone públicamente una solución jurídica (que no es vinculante, pero el Tribunal la sigue en la gran mayoría de los casos). Y esto es exactamente lo que acaba de ocurrir ahora con el caso de las actas de bautismo de Gante:

La Abogada de la UE considera que la Iglesia tiene que borrar los nombres de la partida de bautismo si se solicita

En su dictámen, la letrada establece que los ciudadanos tienen derecho a la supresión de sus datos personales de los registros parroquiales

La Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha concluido este jueves que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) se aplica también a los registros de bautismo de la Iglesia católica y que, en principio, los ciudadanos tienen derecho a solicitar la supresión de sus datos personales de dichos libros sacramentales.

La opinión de la letrada europea, que no es vinculante para el Alto Tribunal cuando dicte sentencia pero suele marcar la línea de la gran mayoría de sus fallos, subraya que el derecho a la protección de datos no es automático, sino que corresponde a los tribunales nacionales ponderar caso por caso los derechos a la vida privada y la protección de datos del afectado frente a la autonomía institucional y la libertad religiosa de las iglesias.

El libro de bautismo constituye un «fichero»

En sus conclusiones, la Abogada General determina que un libro de bautismos constituye un «fichero», por lo que la autonomía de las iglesias no exime al tratamiento de sus datos de cumplir con el derecho de la Unión Europea.

En sus conclusiones, la Abogada General determina que un libro de bautismos contiene un conjunto «estructurado» de datos personales y, por lo tanto, «constituye un fichero», por lo que «la autonomía de las iglesias y de las comunidades religiosas» no exime al tratamiento de sus datos de cumplir con el derecho de la Unión Europea.

Si bien reconoce que la Iglesia puede tener «motivos legítimos» para conservar la información —como evitar que un sacramento único se repita—, corresponde a los tribunales nacionales evaluar si estos prevalecen sobre el impacto emocional o el derecho a la autodeterminación del afectado.

En manos de la Justicia nacional

Asimismo, la abogada aclara que, si la Justicia nacional resuelve que la Iglesia debe suprimir los datos, no basta con tacharlos si siguen siendo legibles. Estos deberán quedar ocultos de forma que la persona ya no pueda ser identificada o fácilmente identificable, sin que ello obligue «a arrancar páginas físicas del libro» y pudiendo conservarse de forma anónima la constancia de que el bautismo tuvo lugar.

Incluso si la Iglesia no logra justificar la conservación de los datos por estos motivos, la letrada contempla que puedan mantenerse con fines de archivo de interés público o de investigación histórica, siempre que sea necesario para esos fines y se respeten las garantías previstas por la normativa europea y nacional.

Por último, en el caso de que la Iglesia no pueda justificar el tratamiento por motivos religiosos, la letrada señala que «aún podría seguir haciéndolo con fines de archivo en interés público o de investigación histórica», aunque esta vía queda sujeta a «cumplir las garantías establecidas en el Derecho de la Unión y en la normativa nacional», a respetar el «principio de minimización de datos», y a que sirva «a la sociedad en su conjunto».

Resolución

Tras la publicación de las conclusiones de la abogada general, los magistrados del TJUE comenzarán a redactar la sentencia definitiva. Habitualmente, el tribunal tarda entre 3 y 6 meses en emitir su veredicto tras la presentación de las conclusiones. Por tanto, se prevé que el fallo final sobre el Asunto C-12/25 Bisdom Gent se dicte entre enero y abril de 2027.

La interpretación que establezca el TJUE sobre el RGPD deberá ser tenida en cuenta por los tribunales de los Estados miembros. Corresponderá después a la justicia belga resolver el litigio concreto de acuerdo con la interpretación del Derecho de la UE que establezca el alto tribunal europeo.

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