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Juan Antonio Aguilera Mochón, Público, 18 de marzo de 2026
La próxima visita del papa -líder supremo de un Estado y una Iglesia contrarios a los derechos de mujeres, LGTBI+ e infancia- debería aprovecharse para comunicarle el fin de los privilegios eclesiásticos en España. Su discurso-homilía en el Parlamento el 8J es una ofensa confesional que debe cancelarse
Unos días después de conmemorar el 45 aniversario del 23F, nos anuncian que el próximo 8J habrá un nuevo «asalto» al Parlamento. Esta vez será pacífico, con todos los honores de Estado, y protagonizado no por un guardia civil con tricornio y pistola, sino por el papa de Roma con solideo y crucifijo. Todo un «golpe» de efecto contra la laicidad y la democracia.
El 8 de junio, el papa León XIV, líder supremo de la Iglesia católica, será recibido en las Cortes Generales, la principal sede institucional de la soberanía popular, para pronunciar un discurso –entiéndase predicar una homilía– a diputados y senadores en sesión conjunta. Aquella Cámara, que es el espacio laico por excelencia de la ciudadanía, se confundirá con un templo, y la tribuna de oradores con un púlpito. También habrá otros altos cargos del Estado, presumiblemente el rey. Pero el papa no será recibido como líder de la Iglesia, sino como jefe del Estado teocrático conocido como «Santa Sede»; con esta pintoresca denominación, este Estado firma tratados internacionales, envía embajadores –nuncios– y participa en organismos como la ONU.
El doble papel de León XIV como jefe de Estado y como líder religioso se aprovecha para justificar una intromisión confesional de primer orden en la vida institucional de países como España. La Iglesia actúa como Estado para disfrutar de influencia diplomática, pero recurre a su identidad como institución religiosa para recibir prerrogativas y evadir responsabilidades.
1. El Estado del que el papa es jefe
Pues bien, si lo contemplamos como jefe de Estado, conviene recordar algo tan obvio como que la Santa Sede es una monarquía absoluta teocrática, donde el papa es un autócrata que concentra los poderes legislativo, ejecutivo y judicial; por tanto, no existe la separación de poderes de cualquier democracia. No en vano el origen de ese Estado ubicado en la Ciudad del Vaticano está ligado a los favores del fascista Benito Mussolini. Además, se puede decir que la Santa Sede es un «Estado patriarcal», cosa de hombres, como aquel brandi, pues las pocas mujeres que hay no pueden acceder a los cargos específicos del clero (ni siquiera al sacerdocio), los importantes desde el punto de vista doctrinal y político. Por decirlo gráficamente: en el Vaticano, como en toda la Iglesia, si no tienes pene sólo sirves para servir.
Merece la pena repasar algunos de los convenios internacionales sobre derechos humanos que no ha suscrito la Santa Sede. Ésta, a pesar de su estatus de Estado Observador Permanente (no miembro) en la ONU, tiene plena capacidad jurídica para suscribir, ratificar y adherirse a tratados, acuerdos y convenciones internacionales.
Derechos de las mujeres
La Santa Sede no ha ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), de 1979, considerada la Carta Internacional de los Derechos de las Mujeres, por sus discrepancias doctrinales respecto a la salud reproductiva (aborto, anticoncepción) y, claro, porque no es compatible con su radical discriminación de las mujeres en la estructura jerárquica eclesiástica.
En diversas cumbres de la ONU (como la de El Cairo en 1994 o Beijing en 1995), la Santa Sede ha rechazado o expresado reservas formales sobre derechos sexuales y reproductivos. Tampoco ha ratificado el Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer), de 2011, un tratado fundamental para proteger a las mujeres contra la violencia machista. Etc., etc.
Derechos LGTBI+
En relación con los derechos de las personas LGTBI+, recordemos que la Santa Sede se opuso a la Declaración de la ONU sobre la Orientación Sexual e Identidad de Género (2008). También a los Principios de Yogyakarta (de 2007), que establecen que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, prohibiendo la discriminación, violencia y abusos basados en la orientación o identidad. Rechazó asimismo diversas resoluciones y normativas de la ONU y del Consejo de Europa que promueven derechos LGTBI+. Etc., etc.
Derechos de la infancia
La Convención sobre los Derechos del Niño sí fue ratificada en 1990 por la Santa Sede, pero con reservas explícitas que establecen que «no tiene intención de prescindir de ninguna forma de su misión específica de carácter religioso y moral». Así, no suscribe nada que tenga que ver con el aborto o la salud sexual y reproductiva. E «interpreta los artículos de la Convención de forma que salvaguarden los derechos básicos e inalienables de los padres, en particular en la medida en que dichos derechos se refieren a la educación (artículos 13 y 28), la religión (artículo 14), la asociación con otras personas (artículo 15) y la vida privada (artículo 16)». En resumen, antepone el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales frente al interés superior de los menores.
En 1996, la Santa Sede retiró su contribución simbólica a UNICEF por la postura de esta organización tan extremista sobre el control de la natalidad y el aborto.
No ha ratificado el «Tercer Protocolo Facultativo», un tratado internacional en vigor desde 2014 que permite a niños, niñas y adolescentes presentar quejas directamente ante el Comité de Derechos del Niño de la ONU si sus derechos son vulnerados y han agotado las vías legales en sus países; de manera que este Comité no tiene competencia para investigar denuncias individuales contra la Santa Sede presentadas directamente por las víctimas. El Comité de Derechos del Niño ha censurado por ello a la Santa Sede, argumentando que está faltando gravemente a su compromiso de proteger a los niños en todas las instituciones católicas del mundo bajo su autoridad moral y jerárquica.
La Santa Sede no suele participar en tratados que regulan aspectos civiles y procesales de la infancia, ya que estos entran en conflicto con su estructura jurídica interna (el Derecho Canónico); por ejemplo, no ha suscrito los Convenios de La Haya sobre protección de la infancia (1980, 1993, 1996). Tampoco los de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, de la que no forma parte) sobre trabajo infantil.
Derechos humanos en general
De los 9 tratados fundamentales sobre Derechos Humanos de la ONU, la Santa Sede sólo ha ratificado 3; y de otros 9 protocolos facultativos, apenas 2 (hemos visto antes el rechazo del «tercero», referido a la infancia).
La Santa Sede tampoco ha firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), considerado el «estándar de oro» en la protección de los derechos fundamentales a nivel internacional, lo que le permite evitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo. Éste carece de competencia para juzgarla por posibles violaciones de derechos humanos (en temas como la ordenación de mujeres o el derecho de familia), y reconoce la inmunidad que le corresponde como «potencia soberana extranjera».
Las posiciones de la Santa Sede, y de su Iglesia, no se quedan sólo en el papel. No olvidemos nunca la catástrofe humanitaria que supuso su oposición al uso de condones incluso en la peor época del SIDA, sobre todo en África a partir de los años 80. No hay estimaciones científicas fiables del número de muertes que ese rechazo pudo causar, pero pudieron ser millones. Por no hablar de otros horrores. Cuando Benedicto XVI siguió defendiendo en 2009 esa posición que se puede calificar de inhumana y criminal, la revista The Lancet lo criticó con dureza hablando de «una declaración científica falsa que podría ser devastadora para la salud de millones de personas», de la que debería retractarse. El Vaticano antepuso su aberrante moral sexual a la protección de la vida de millones de personas.
En suma, el papa que impartirá doctrina en el Parlamento es el jefe de un Estado que dista de ser un Estado de Derecho, que no reconoce ni protege derechos humanos básicos, y que no respeta la separación de poderes ni otras características esenciales de cualquier democracia, como la libertad de prensa y de expresión.
2. La Iglesia católica que lidera el papa, en España
Todo lo dicho para la Santa Sede vale para la Iglesia católica, claro está, con los matices que corresponda establecer en cada país. Como líder religioso, el papa lidera la misma Iglesia que respaldó sin fisuras al fascismo español en el golpe de Estado de 1936, en la guerra subsiguiente (que bendijo como «Cruzada») y durante la dictadura franquista (o nacionalcatólica). Sigue sin pedir perdón por aquellos crímenes y por haber hecho desgraciadas, con la imposición de su malvada moral represora y machista, las vidas de millones de personas, sobre todo mujeres.
No remuevo un pasado remoto y liquidado, pues no olvidemos que ni siquiera ha renegado de él. Antes al contrario, en los últimos años la Iglesia ha beatificado a más de 2.100 «mártires de la guerra civil», todos, sin excepción, del bando franquista. El papa del 8J ya lleva 135, todavía lejos de los más de 1.100 de Francisco.
Hablo de una herencia viva que contamina el presente institucional, como demuestra la vigencia del Concordato franquista de 1953 actualizado en los inicuos Acuerdos con la Santa Sede de 1976 y 1979 (pre y paraconstitucionales), que hipotecan la soberanía del Estado español en beneficio de la Iglesia católica.
Esa Iglesia sigue combatiendo hoy en España derechos de mujeres y LGTBI+ (como ya hemos visto), y, además de abusar mentalmente de la infancia en la catequesis escolar y parroquial (y en los bautismos y confesiones), protege y encubre a los abusadores sexuales de más de 440.000 menores en España desde 1940 –según los datos estimados por el Defensor del Pueblo–.
3. El confesionalismo del Estado español
La Constitución proclama en su artículo 16.3 que «Ninguna confesión tendrá carácter estatal», pero, bajo el amparo del final del mismo artículo (el que habla de mantener «relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones»), de los mencionados Acuerdos, y sobre todo bajo su propia indignidad, las autoridades e instituciones actúan como si España tuviera una religión oficial, la católica.
Hay que destacar, por su peso representativo, el caso del rey de España, que, siendo «Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia» (Art. 56.1 de la Constitución), dobla la cerviz ante el papa (y ante cualquier obispo) en actos públicos. Dado el carácter esencialmente simbólico de su figura, cuando se inclina ostensiblemente ante el jefe de otro Estado subordina y humilla al Estado español. No se inclina, y menos con esa unción, ante el presidente de Francia o el rey de Bélgica; sólo lo hace ante el papa, con lo que simboliza una claudicación ante una teocracia, un vasallaje del trono ante el altar, escenificando una supeditación del poder civil al eclesiástico. No sorprende tanto si tenemos en cuenta que esta monarquía la impuso el dictador nacionalcatólico.
El meapilismo del rey Felipe, como el que exhibiera su padre, se extiende a otros actos y discursos igualmente bochornosos. Por tanto, vigilemos con estos criterios laicos y democráticos el comportamiento de Felipe VI durante el 8J y el resto de días de la visita papal.
La conducta de tan católico rey trae otra consecuencia: su nefasta ejemplaridad. En efecto, la mayor parte de las autoridades públicas imitan su indigno proceder. Uno se pregunta que, si hacen gala de esa desvergüenza a plena luz, ¿qué no harán en la sombra?
Más allá de lo simbólico, el confesionalismo de hecho del Estado lo demuestran también los más de 13.100 millones de euros anuales que la Administración destina a la Iglesia por vías directas e indirectas, como podemos comprobar en el reciente y excelente informe realizado por Juanjo Picó para Europa Laica. Y los más de 100.000 bienes públicos que la Iglesia católica se ha apropiado mediante el recurso ilícito de las «inmatriculaciones». Lo confirma la asignatura –anticientífica y catequística– de religión en la escuela (y cuatro asignaturas en la Universidad pública). Lo refrenda el beaterío de las Fuerzas Armadas, que nos hace temer que en el fondo sigan siendo las mismas de los tiempos aciagos del nacionalcatolicismo. Etc., etc.
4. Una agenda de acciones que comunicar al papa
Dado el panorama expuesto, nos podemos preguntar qué sentido tiene que se haya invitado al papa a dar un discurso solemne en el Parlamento, un hito histórico. Sólo se me ocurre que sirva para reforzar las prerrogativas que ya tienen la Santa Sede y la Iglesia en España en tiempos en los que podrían peligrar por el avance de la secularización.
Frente a ello, hay que insistir en la obviedad de que es inadmisible que se otorgue privilegio alguno a organizaciones por el hecho de ser de naturaleza religiosa. Pero es que, además, aquí hablamos de prerrogativas desorbitadas a una Iglesia y un Estado que vulneran gravemente derechos humanos y valores democráticos.
Naturalmente, se trata de acabar con las prerrogativas de la Iglesia, no de extenderlas a otras confesiones religiosas –como ya se viene haciendo–. Sólo eliminando los privilegios de todas las religiones puede garantizarse un Estado neutral e igualitario con todas las opciones de conciencia de la ciudadanía, que van mucho más allá de lo religioso.
En esa línea, lo deseable y exigible sería que se comunicara al papa –por cortesía institucional; es decir, no se trata de negociar nada con él– que se van a anular (no modificar) los Acuerdos de 1976 y 1979, tan «leoninos» (León XIV sabrá apreciar el término con una sonrisa); y que, al mismo tiempo, se anularán los establecidos en 1992 con otras confesiones.
También se le podría anunciar el fin de la asignatura de religión (de todas las religiones) en la escuela y en la Universidad, así como el progresivo adiós al dinero a los centros privados (es decir, a los llamados conciertos educativos). Por descontado, la desaparición de las dos casillas especiales de la renta y de toda exención fiscal. Se le avisaría de que se procederá a la devolución al Estado de todos los bienes inmatriculados ilegítimamente desde 1946 por la Iglesia. Y de que se prohibirá que los cargos públicos promuevan o participen en actos religiosos (siempre podrán hacerlo a título privado), así como de que concedan a entidades religiosas beneficios o derechos distintos a los de cualquier asociación. Se le podría hacer saber que los abusos sexuales a menores no prescribirán nunca, y que se exigirá a la Iglesia y otras organizaciones toda la documentación y colaboración, así como la reparación que corresponda. Que se estudiará cómo actuar contra otras formas de abuso y acoso contrarias a los derechos de la infancia, como los bautizos y las confesiones (las últimas, además, con el agravante de propiciar contextos favorables para los abusos sexuales). Y que se exigirá respetar la no discriminación de las mujeres en cualquier organización o asociación que quiera mantenerse en la legalidad; incluyendo un seguimiento y defensa de los derechos de las monjas –con proscripción de la semiesclavitud– mucho más allá de «los domingos».
Como a fin de cuentas se trata de acabar con una situación heredera del franquismo, muchos pensamos que las conmemoraciones por el 50º aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco ofrecen una oportunidad de oro para abordar por fin estas exigencias democráticas.
Sin embargo, lo que sabemos no apunta precisamente en el sentido expuesto, sino en el opuesto. Al invitar al papa a echar un sermón parlamentario, lo que se hace es asumir y aumentar la ya insoportable suma de agravios.
Hay unos responsables principales (o culpables) de tanta y tan continuada afrenta a la democracia y a la ciudadanía: los sucesivos gobiernos «democráticos» y los partidos que les han dado soporte. En esta acusación incluyo, claro está, al Gobierno actual, autoproclamado «progresista». Que también es responsable –junto al resto de partidos parlamentarios, por acción u omisión– de la afrenta del 8J. Tenemos un Gobierno que le para los pies a Trump pero se los besa al papa. Dignidad y valentía en un caso, indignidad y cobardía en el otro.
5. Cancelación o boicot
En definitiva, el «asalto papal» no es una anécdota protocolaria, sino la certificación de que España sigue considerándose, y dejándose tratar, como un país confesional católico, lo que genera un enorme perjuicio a la ciudadanía, especialmente a mujeres, LGTBI+ y menores. También lo aleja de la anécdota el hecho de que es la primera vez en la historia que un papa da un discurso-sermón en las Cortes españolas; no ocurrió ni durante el nacionalcatolicismo franquista.
Frente a este escenario, hay que apoyar la posición de Europa Laica: un rechazo radical a la intervención del papa en el Parlamento. La asociación laicista pide que no se le reconozca como «jefe de Estado» y llama a diputados y senadores a mantener su dignidad y coherencia democrática boicoteando la vergonzosa escenificación confesional.
En realidad, creo que la única salida estrictamente aconfesional y democrática sería la cancelación del acto en el Parlamento y la puesta en marcha de una agenda laicista como la antes resumida. Espero que algunos partidos o algunos parlamentarios tengan dignidad y valor para exigirlo.
Si se mantiene la afrenta parlamentaria del 8J, queda la respuesta del boicot; cada representante o autoridad pública que asista el ese día al Parlamento estará actuando –en mi opinión– contra la ciudadanía a la que se debe. Eso incluye de forma destacada al rey como jefe del Estado, al presidente del Gobierno, a la reina y a las tres vicepresidentas. Quiero destacar a las últimas porque me parece especialmente importante el boicot de las mujeres como principales agraviadas. No en vano el «asalto» del papa tiene un significado especial en clave de igualdad de género (y de derechos de la infancia, pero no se prevé la asistencia de menores). La imagen de un hemiciclo en pie, aplaudiendo al líder de una institución tan misógina, homófoba e infantófoba, lanzaría a las mujeres y al resto de damnificados un mensaje desolador: los privilegios eclesiásticos están por encima de sus derechos humanos.
Por tanto, si el asalto papal del 8J llega a consumarse, quedará retratado el envilecimiento del Parlamento y del Estado. Sin embargo, los asientos vacíos evidenciarán la dignidad de quienes se ausenten; ellas y ellos encarnarán la esperanza en un próximo Estado verdaderamente democrático, y por tanto laico.
Juan Antonio Aguilera Mochón es miembro del Grupo de Pensamiento Laico
