Oficialmente, Gabriel nunca nació, aunque si que quedó registrada su fallecimiento y hasta su autopsia. Alicia siempre sospechó que le habían robado a su bebé. El ADN desmiente la versión oficial. Su madre, Alicia Silvia Goitia Morán, prepara ahora una querella por desaparición forzada ante la justicia argentina
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Fuentes: Diario Red (Lucía Parro)/ Nueva Revolución (Ángel Nero) 10 de julio de 2025
¿Cómo puede haber un parte de defunción si no hay partida de nacimiento?”. La pregunta que Alicia repite desde hace más de medio siglo condensa la herida aún abierta de un país que no ha asumido responsabilidades por los crímenes del franquismo. La argentina Alicia Goitia dio luz a su hijo Gabriel el 26 de noviembre de 1972 en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Lo sostuvo en brazos, lo vio dormir, fue revisado junto a su cama por un pediatra que dijo que estaba “perfecto”. A la mañana siguiente al parto una monja se lo llevó de la habitación y dos días después le informaron de que había muerto. Nunca le entregaron el cuerpo. Nunca firmó ningún documento. Nunca se emitió una partida de nacimiento. Sin embargo, consta un parte de defunción y una autopsia. Una contradicción que lleva más de 50 años repitiendo: su hijo nació, pero legalmente no existe; y sin embargo, oficialmente está muerto. Alicia siempre sospechó que le habían robado a su bebe.
Este caso, documentado con pruebas contundentes, se suma a las miles de denuncias registradas en España por la sustracción de recién nacidos durante el franquismo y los primeros años de la democracia. Pero el de Alicia Goitia es especialmente grave: en 2016, una prueba de ADN concluyó que los restos conservados por el hospital como pertenecientes a Gabriel no tenían relación biológica con ella. “Ese bebé no es mi hijo. No me lo inventé. Lo tuve en brazos. Me lo quitaron. Y el que analizaron no tiene nada que ver conmigo”, afirma. En 2025, su búsqueda continúa con una querella por desaparición forzada que se presentará en Argentina, en el marco de la conocida Querella Argentina por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.
Una historia interrumpida: Gabriel nació el 26 de noviembre de 1972
Alicia tenía 24 años cuando dio a luz a su primer hijo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Argentina de nacimiento, residía legalmente y con carácter permanente en España. Ingresó el 26 por la mañana y, tras un parto largo y traumático, nació Gabriel pasadas las 22:30. “Era rubio, de ojos claros, pesaba cuatro kilos y medio. Estuvo conmigo hasta la madrugada”, escribió en una carta a su familia.
A la mañana siguiente, el 27, una enfermera le llevó al bebé a la habitación. Alicia volvió a tenerlo en brazos, lo acarició, le habló. Poco después, una monja entró en la habitación, se escandalizó de que el niño estuviera con ella, y se lo llevó. “Lo recogió como si usara una cuchara, sin mirarme. Esa fue la última vez que lo vi”. Más tarde, un pediatra revisó a Gabriel junto a la cama de Alicia y le aseguró que el bebé estaba perfectamente. “Solo tenía los testículos inflamados, algo normal en los varones”, recuerda ella.
Una muerte sin cuerpo, una madre sin respuestas
El 28 de noviembre le comunicaron que el niño tenía problemas respiratorios. Al día siguiente, el 29, un médico que pasaba por el pasillo se detuvo frente a ella: “¿Qué ha pasado? Me dijeron que su bebé ha muerto”. Fue así como se enteró. Después, otro médico confirmó el fallecimiento, atribuyéndolo a una malformación tiroidea, una patología que Alicia también padecía.
Pero nunca vio el cuerpo. No firmó ningún documento. Nadie le entregó pertenencias del bebé ni le proporcionó constancia médica alguna. Su marido, llamado de madrugada, solo pudo ver una figura envuelta en una sábana a través de un cristal. “Ni rostro, ni mentón, ni cejas. Le pudieron haber mostrado cualquier cosa”, sostiene Alicia.
Las pruebas que desmontan la versión oficial
Pero hay madres, como Alicia, que se han negado a pasar página. En su caso, gracias a la ayuda del antropólogo y activista memorialista Matías Viotti, después de pedir los expedientes de su caso en el juzgado, descubrieron que en el procedimiento se había llevado a cabo una prueba de ADN (gracias a que se conservaban restos de tejido en parafina), y que el supuesto hijo muerto no era Gabriel. El resultado negativo de la prueba señalaba que tanto la autopsia como el certificado de defunción estaban firmados sobre una identidad falsa.
En 2015, presentó su primera denuncia en el Consulado de España en Bahía Blanca. Cuando la representación diplomática se puso en contacto con el hospital, este negó tener constancia alguna sobre su ingreso y alumbramiento. El caso fue derivado al Juzgado de Instrucción nº 29 de Madrid. La demanda se suma a otras como la presentada por María José Callejo Alonso, que también denunció el presunto robo de sus dos hermanas, en 1972 y 1977 en el mismo hospital madrileño. En la trama del robo de bebés hay patrones que se repiten, centros, médicos y religiosas que han sido señaladas, sin embargo la justicia española sigue blindada ante este tema.
En 2016, Alicia viajó a España junto a su abogado y se presentó en el juzgado para interponer una nueva denuncia. Fue entonces cuando apareció su expediente médico. El documento contenía una anomalía reveladora: en la hoja clínica constaba la fecha de muerte del bebé escrita sobre la casilla destinada a la fecha de nacimiento, que estaba tachada. No había partida de nacimiento, pero sí un certificado de defunción y un acta de entierro.
La prueba clave llegó ese mismo año. El juzgado descubrió que en el hospital aún se conservaban, en parafina, restos de tejido atribuidos a Gabriel. Se ordenó una prueba de ADN. El resultado fue inequívoco: no existía vínculo genético entre esos restos y Alicia. El auto judicial fue claro: “No hay ninguna posibilidad de error”.
Una causa archivada sin agotar las vías de investigación
A pesar de las pruebas, en mayo de 2020 el juzgado decidió archivar la causa. No lo hizo por falta de indicios, sino porque el abogado y la procuradora abandonaron la petición de nuevas diligencias, como seguir la pista de otra mujer que podría haber dado a luz en la misma planta y fechas. El plazo para recurrir se agotó. Sin embargo, la jueza reconoció que se había cometido un delito y dejó la puerta abierta a reabrir la causa si aparecían nuevas pruebas. Una de ellas, la más decisiva, sería encontrar a Gabriel.
Un delito que no ha prescrito: la desaparición como crimen permanente
Esto le dio razones a Alicia para continuar la búsqueda de su bebé robado, y a continuar su denuncia por desaparición forzada a través de la Querella Argentina, que bajo la instrucción de la jueza María Servini busca juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Alicia tiene ahora 78 años, diez menos que la jueza argentina, y quiere ampararse en el derecho internacional, ya que ese tipo de crímenes no prescriben hasta que no se conozca el paradero de la víctima. Junto al antropólogo Matías Viotti, coordinador del Informe de Contexto sobre bebés robados, y al abogado argentino Máximo Castex, especialista en causas de lesa humanidad, Alicia Goitia confía en llevar adelante la querella, gracias al trabajo de documentación y análisis aportado. Su caso se integrará en la Querella Argentina, que investiga los crímenes del franquismo como delitos de lesa humanidad. La base jurídica es clara: el derecho internacional reconoce la desaparición forzada como un delito permanente, que no prescribe mientras no se conozca el paradero de la víctima.
Una vida rota, pero no vencida
Alicia rehizo su vida. Tuvo dos hijos más en el Hospital de La Paz, Belén y David. Es abuela y bisabuela. Pero nunca dejó de buscar a Gabriel. “He vivido dos vidas. Una para mis hijos, con sonrisa. Y otra, cuando estoy sola, llorando”, confiesa.
Sufrió ingresos psiquiátricos, tratamientos agresivos, incomprensión social. Pero jamás dejó que sus hijos crecieran sin saber que tenían un hermano. “No busco venganza. Solo verdad. Si la familia que lo crió sabe lo que ocurrió, que le diga que lo busco. Que me envíe una foto. Si él no quiere saber nada de mí, lo aceptaré. Solo quiero saber que está bien”.
Un engranaje de poder: las instituciones implicadas en una desaparición silenciada
El caso de Alicia y Gabriel no es un error aislado. Forma parte de un entramado institucional que legitimó, durante décadas, la separación de madres e hijos bajo criterios ideológicos, religiosos o eugenésicos. El nacionalcatolicismo impregnó la medicina, la justicia y los servicios sociales. Ginecólogos como José Botella Llusiá o pediatras como Juan Bosch Marín defendieron la maternidad como una función sagrada subordinada al poder médico y clerical.
En este caso intervinieron múltiples actores: el hospital emitió certificados sin base legal; un médico firmó una autopsia falsa; otro avaló una evolución clínica inexistente; el Ayuntamiento de Madrid inscribió una sepultura sin partida de nacimiento; la Facultad de Medicina tramitó un entierro sin cuerpo identificado. Todas estas estructuras contribuyeron a borrar el rastro de un bebé que nació, vivió… y desapareció.
Más de medio siglo después, ninguna de ellas ha asumido responsabilidad.
En Argentina acaban de recuperar al nieto 140, hijo de Graciela Romero y Raúl Metz, secuestrados el 16 de diciembre de 1976, estando ella embarazada de cinco meses, y luego llevados al centro clandestino «La Escuelita» de Bahía Blanca. Allí Graciela dio a luz a un varón el 17 de abril de 1977. Sus padres desaparecieron, pero Adriana, la otra hija de la pareja, nunca cesó de buscar a su hermano, ahora recuperado.
Tal vez, algún día Alicia pueda recuperar también a Gabriel. Mientras viva no va a dejar de buscarlo.
