La alcaldesa quería abolir la exención del IBI de la iglesia en la propuesta original que no llegó a aprobarse en Junta de Gobierno
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Eduardo Paneque, El Comercio, 14 de febrero de 2023
Según confirmó la portavoz de la Junta de Gobierno en una entrevista en EL COMERCIO hace un par de semanas, «el reglamento de laicidad se está tramitando». Aún así, y mirando el calendario de lo que queda para acabar el mandato, difícilmente llegará a tiempo para ser aprobado. Máxime cuando aún se está a vueltas con el del Consejo de la Memoria Democrática, que está previsto que llegue al pleno de marzo.
En cualquier caso, la versión sobre la que se trabaja, y que vería la luz, es mucho más descafeinada (o suavizada) respecto a la original que llegó a estar sobre la mesa. Según la información a la que ha tenido acceso este diario, hubo una propuesta de acuerdo elaborada el 17 de marzo que dejaría la absurda polémica actual prácticamente en nada.
Aquel texto original incluía una disposición adicional que sí hubiera dado bastante más que hablar. En él se podía leer: «Siendo consciente de este coste para las arcas municipales, buscará su compensación o promoverá la abolición de la exención de la que disfruta la Iglesia Católica». Hace referencia a la exención del IBI a los edificios de los que es propietaria la iglesia católica a partir del Real Decreto Legislativo 2/2004.
Un informe municipal avala el texto que, según el equipo de gobierno, se encuentra tramitándose actualmente
También se especificaba en su artículo 8.c) que «no se cederá suelo público para la construcción de edificios de carácter religioso ni dependencias, edificios o espacios públicos a entidades religiosas». Precisamente, ese artículo es uno de los que más cambios ha sufrido del texto original, entre que quiso ser aprobado hace un año y que entendía perfectamente lo que debe ser un estado laico, y su versión más descafeinada que se trataba ahora.
Juzguen la diferencia en la redacción. Entonces ese artículo 8 decía en su primer apartado: «El gobierno local no concederá ningún tipo de financiación, subvención o exención a ninguna entidad religiosa más allá del cumplimiento del ordenamiento jurídico vigente»; ahora es bastante más ambiguo: «La colaboración y relación municipal con entidades religiosas se regirá por los mismos principios que guían la colaboración del mismo con cualquier entidad de carácter privado, sustanciándose mediante convenios».
Aquella propuesta de acuerdo se retiró antes de ser sometida al visto bueno de la Junta de Gobierno, pero lo que no consta en el expediente es que se haya elaborado ningún informe jurídico sobre su legalidad. Sí que después de aquella fecha hubo cambios políticos en el PSOE que pidieron un poco de sosiego con la norma. De hecho, fue desde junio cuando esta ha empezado a dar vueltas sin un rumbo fijo. Primero se dijo que se remitía la FSA para que diese su opinión; después la dirección socialista en Gijón dijo que todo estaba correcto y que ahora solo quedaban informes jurídicos, de los que aún no hay constancia.
Lo que sí hay, como avanzó EL COMERCIO hace una semana, es un primer informe de impacto normativo elaborado por el Ayuntamiento que da el visto bueno a la nueva versión del reglamento de laicidad. Este asunto, además, fue una de las condiciones que ha formado parte de la negociación presupuestaria puesto que dos partidos lo introdujeron en las conversaciones: Ciudadanos para que se enterrase, y Podemos como requisito para el visto bueno a las cuentas.
