La Mezquita de Córdoba, la Giralda, la Seo de Zaragoza o la catedral del Buen Pastor de Donostia, algunos de los casos más polémicos, si bien la inclusión en 1931 de algunas catedrales y otros monumentos en el Tesoro Artístico Nacional no suponía la propiedad de los mismos.
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Jesús Bustamante, El Diario, 14 de noviembre de 2017
Los obispos inmatricularon, sin apenas coste, miles de inmuebles gracias a la reforma de la ley hipotecaria del Ejecutivo de José María Aznar de 1998
Muchos de esos templos continúan siendo restaurados con dinero público, pero los beneficios de las visitas y las colectas van a nutrir las arcas eclesiásticas
Cuentan los Evangelios que Judas traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. 30 monedas, en este caso de euro, son el único coste que, entre 1998 y 2015, tuvieron los obispos de una treintena de diócesis para inmatricular a su nombre algunas de las catedrales españolas más importantes que, desde hacía décadas habían pasado a formar parte del Tesoro Artístico Nacional. La reforma de la ley hipotecaria del Gobierno Aznar vino a ser una suerte de compensación a la incorporación de dichos bienes al patrimonio general llevado a cabo por el Gobierno republicano de Niceto Alcalá Zamora en 1931.
Pese a todo, dichos bienes –catedrales, museos y bienes de interés cultural– que algunas fuentes estiman en 4.500 sólo en el período 1998-2015, pero que podrían resultar diez veces más si contamos desde la aplicación de la franquista Ley Hipotecaria de 1946, continúan contando con fondos públicos.
Así, las distintas administraciones financian la restauración de dichos templos o su iluminación, en virtud de su condición de bienes de interés cultural. Sin embargo, los pingües beneficios derivados tanto de su uso litúrgico (mediante limosnas, estipendios de misas, etc…) como de su explotación turística –la Seo de Zaragoza, la Giralda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba (inmatriculada ya en 2006) son tres de los lugares más visitados de España–, sólo tienen un destinatario: la Iglesia católica, que además se beneficia de las múltiples exenciones fiscales derivadas de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede.
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