A pesar de ser una la única confesión religiosa que recibe fondos estatales para su actividad de culto, la Conferencia Episcopal apenas informa sobre una pequeña parte del dinero público que recibe.
Violeta Muñoz, El Boletín, 2/05/16
La Iglesia sólo lleva tres años auditándose, aunque desde 2007 la Conferencia Episcopal debe explicar a Hacienda cómo gasta la asignación que recibe por la casilla del IRPF, de alrededor de 250 millones de euros al año. Se comprometió a ello cuando acordó con el Gobierno recibir un 37% más de los impuestos de los contribuyentes (de un 0,52% a un 0,7%). No obstante, sólo divulga los grandes epígrafes y el documento técnico enviado al fisco no se hace público: Price Waterhouse Cooper firma la gestión de esa partida desde 2011, pero en la memoria justificativa publicada por los obispos españoles, con dos años de retraso, no hay un desglose real.
En cualquier caso, el dinero público que llega a la Iglesia vía IRPF es un porcentaje casi irrelevante sobre lo que, se calcula, obtiene a través de subvenciones directas, exención de impuestos o bonificaciones tributarias. Sin olvidar que hablamos de una adjudicataria estrella de las administraciones en educación y sanidad. No existe un cómputo global para todo ese trasvase de dinero público, por lo que no es posible conocer las verdaderas cuentas de la Iglesia española. Sólo queda rastrear, partida por partida.
Atendiendo al Portal de la Transparencia, la entidad que agrupa a 70 diócesis en toda España se ha quedado con más de cuatro millones de euros en subvenciones directas procedentes de de Ministerios, autonomías y entidades locales desde 2014. Cantidad estimada tras una tortuosa búsqueda en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones, teniendo en cuenta que los adjudicatarios de la Iglesia responden a un sinfín de razones sociales: desde ermitas a arzobispados pasando por monasterios, catedrales, seminarios o conventos.