«La Iglesia suelta migajas para poner punto final a las inmatriculaciones»

febrero 2, 2022

A José Mari Esparza no le sorprende ver las «migajas» que devolverá la Iglesia. A su juicio, el PSOE, «arrodillado ante la Iglesia», sabe de sobra que los bienes apropiados son muchos más desde 1978 y más aún desde 1946.

Jose Mari Esparza, editor y miembro de la Plataforma Navarra en Defensa del Patrimonio / (Jagoba Manterola | Foku)

Ibain Azparren, naiz.es, 2 de febrero de 2022

En estos 15 años de «pelea», después de que casualmente descubriera esa práctica en Nafarroa, Jose Mari Esparza, desde la Plataforma de Defensa del Patrimonio, ha denunciado reiteradamente la usurpación de bienes por parte de la jerarquía católica. Pese al realce que se le ha dado al acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno español, lo considera un «nuevo amago».

La cúpula católica ha admitido un 2,7% de errores en sus registros, un millar de bienes que la Iglesia reconoce como irregulares. ¿Qué supone esta noticia para la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro?

En primer lugar, es el 2,7 % de lo inmatriculado en el Estado español desde 1998, cuando Aznar amplió los poderes inmatriculadores a la Iglesia. En Euskal Herria supone casi el 10%, lo que ya es un error de bulto. Pero faltan todavía todos los «errores» cometidos desde 1978, cuando se aprobó la Constitución, o desde 1947, cuando Franco le concedió a la Iglesia el poder de poner a su nombre miles de bienes.

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¡Ay de los que se escandalicen!

febrero 25, 2021

Este Gobierno puede y debe declarar la inconstitucionalidad de todas las inmatriculaciones hechas a partir de 1978 y cancelar de oficio los asientos practicados con certificación eclesiástica, por ser, amén de inmorales, nulos de pleno derecho. Eso sí, la jerarquía católica mantendría intacto su derecho a registrar aquellos bienes cuya titularidad pueda demostrar por los medios establecidos a tal fin, sin privilegio alguno. Como Dios manda.

Jose Mari Esparza  /  Fuente foto

José Mari Esparza, Noticias de Navarra, 25 de febrero de 2021

Estos días se ha logrado parte de lo que llevábamos largo tiempo demandando: la publicación de las inmatriculaciones de la Iglesia católica en todo el Estado a partir de 1998, cuando el Gobierno de Aznar les permitió inscribir los lugares de culto, algo que ni siquiera Franco hizo. Desde el derecho romano, los templos fueron considerados bienes públicos (como lo son en Francia o Portugal), estaban fuera de comercio y no podían ser privatizados. Y, de serlo, basta ver los archivos de cualquier ayuntamiento para comprobar qué propietario pagó las facturas desde la primera campana al último copón.

No son 35.000. Son más que el doble si se cuenta lo inmatriculado desde 1946. Y la mayoría no son templos, sino casas y huertas municipales, tierras comunales, solares, escuelas, cementerios y plazas, registrados a cencerros tapados, sin más título de propiedad que el testimonio de unos obispos ladrones, convertidos en fedatarios públicos por un dictador para arrebañar el patrimonio de los pueblos. Un escándalo monumental. No debe extrañar que llevaran al Caudillo bajo palio. Lee el resto de esta entrada »