La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) afirma que “hay mucho margen de mejora” en la aplicación de la ley
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Fuentes: EFE / El Diario / DMD, 25 de junio de 2024
Unas 750 personas solicitaron la eutanasia en 2023, un 30 % más que el año anterior, y 350 personas lograron ejercer su derecho a una muerte digna, según los datos que ha dado a conocer este martes la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) con motivo del tercer aniversario de la entrada en vigor de la ley.
Son estimaciones que ha avanzado en rueda de prensa el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, quien ha destacado que el número de eutanasias realizadas en España el pasado año ha aumentado entre un 15 y un 20 por ciento con respecto a 2022.
En 2023 hubo un 20% más de solicitudes de eutanasia que un año antes. 727 personas pidieron ayuda para morir dignamente en España frente a las 576 de 2022. Sin embargo, solo el 44% de ellas (323) accedieron a la prestación, es decir, pudieron morir acorde a su voluntad, según los datos provisionales que aporta el Ministerio de Sanidad. Pese al crecimiento de solicitudes en el tercer año de aplicación de la ley, el porcentaje de personas que vieron reconocido su derecho de pedir ayuda para fallecer es menor que en 2022, según el Informe de Evaluación Anual del Ministerio. Entonces se situaba en el 50%.
Aquel año, además, uno de cada tres solicitantes murieron sin que se resolviera su proceso, que se demora de media 75 días “cuando no debería superar los 35”, según la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD). Aunque la norma no fija plazos, en unas circunstancias adecuadas, el procedimiento debería culminar en torno al mes de iniciarse la solicitud.
Son menos de las que esta asociación, que lleva 40 años luchando por la legalización de la eutanasia en España, estimaba para los tres primeros años de la ley. En concreto, la tasa de eutanasias registradas en 2022 fue inferior al 0,07 % del total de muertes registradas en España.
A estas bajas tasas se suma una “enorme desigualdad” entre comunidades, con cifras superiores en Navarra, Cataluña y País Vasco, y hasta 10 veces más bajas en Murcia, Extremadura y Galicia, según ha detallado la responsable área de internacional DMD, Loren Arseguet.
“No sabemos si estas cifras tan bajas en España se deben a que la tramitación de la eutanasia es farragosa y compleja, lo que explicaría el gran numero de personas que han muerto a la espera de tramitación”, ha lamentado.
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A partir del análisis de las últimas cifras oficiales -que corresponden a 2022- casi un tercio de las personas solicitantes de eutanasia fallecieron durante la tramitación de la prestación de ayuda para morir.
Además, DMD ha criticado la “excesiva duración” del procedimiento, con una media de 75 días, cuando por ley no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20 % del total.
Maltrato institucional
DMD considera que las trabas se ven de manera cristalina a través de los datos oficiales y afirma que todavía las “comunidades autónomas no están en condiciones de garantizar una tramitación adecuada”. A la organización le sorprende “el gran número de solicitudes denegadas con motivaciones muy variadas y contradictorias según el territorio”. Una vez denegadas, un tercio de los solicitantes logran que su recurso sea aceptado y la decisión negativa se revierta, “lo cual permite cuestionar la base sobre la cual se formulan denegaciones”, ha señalado el vicepresidente de la asociación, Fernando Marín, este martes en una rueda de prensa.
En este sentido, Marín habla de “maltrato institucional”. “Existe ese maltrato cuando ejercer un derecho se convierte en una pesadilla… cuando la comisión se inventa requisitos, cuando te exigen el informe de un trabajador social que no figura en la ley, cuando se suspende la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión”. Marín ha puesto ejemplos concretos: “que el papel de solicitud se quede vagando durante semanas”, “recibir respuestas fuera de lugar como que existen tratamientos fantásticos para tratar tu enfermedad neurodegenerativa que nadie te ha ofrecido” o “de repente un informe de un trabajador social que no está en la ley y que se inventa la comisión de garantías”.
Ha puesto el ejemplo de una mujer de más de 80 años, con un cáncer avanzado y varias patologías que vivía en una residencia de monjas y que pidió la eutanasia, pero las monjas le dijeron que eso no era para ella “y ahí se acabó todo”. Finalmente la mujer murió semanas después sin ni siquiera registrarse su petición.
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“Fue la gran discusión del neurólogo con mi padre cuando pidió acceder a su derecho. Estaba lúcido pero tenía una enfermedad crónica, imposibilitante e incurable, por lo tanto cumplía los requisitos de la ley, que en ningún caso dice que debe estar en grado avanzado. Muchos confunden que debes estar en cuidados paliativos”, ha denunciado Gina Montaner, su hija, un año después del fallecimiento de su progenitor. “Hubo un momento que dije al médico: si te traigo a mi padre en una silla de ruedas, sin capacidad cognitiva, ¿me dirías que sí? Y afirmó”, ha contado. Finalmente y tras recurrir la decisión, el padre de Gina consiguió ejercer su derecho.
En el caso de Ángel Martín, que también ha contado su experiencia, la administración puso en duda el testamento vital de su esposa Fernanda: “Consideraron que ese documento no tenía validez”. Fernanda era enfermera, tenía una demencia y registró que quería ayuda para morir cuando estuviera en “contexto eutanásico”. Cuando llegó el momento, su marido inició el trámite con muchas dificultades.
“Todavía hoy en España, si va una persona a su médico de cabecera a pedir al eutanasia, el medico le va a decir que no sabe lo que le está pidiendo y que ya le responderá, pero esa respuesta no le va a llegar nunca”, lamenta Marín, que aconseja informarse en las asociaciones que les pueden ayudar a gestionar esta solicitud.
Todo esto -lamenta Marín- contribuye a que haya muchas personas que lo pasan mal en el procedimiento.
Para el vicepresidente de DMD, el problema además es que las comunidades no están en disposición de garantizar que se vaya a hacer una tramitación adecuada porque hay solicitudes de las que no se tiene conocimiento, “porque muchas no llegan a registrarse porque el médico le dice que no al paciente”.
En todas las comunidades se realizan eutanasias
Desde DMD afirman, no obstante, que no existe un “boicot institucional”, y tampoco hay comunidades en las que no se practiquen eutanasias.
“Nos preocupa mucho Castilla y León porque dentro de la Comisión hay miembros que han declarado públicamente su oposición a la eutanasia y nos parece que existe un conflicto y que va a haber un sesgo”, ha denunciado.
Marín también ha citado a Murcia, donde hay un vocal y un jurista que hicieron un informe de una persona con demencia que decía que no se podía constatar el sufrimiento, cuando el sufrimiento no se puede medir.
Según los datos definitivos de 2022, publicados por Sanidad, donde más eutanasias se realizan sobre las solicitadas es en La Rioja (80%), Navarra (68%), Madrid (61%), Euskadi (60%). A la cola están Extremadura y Balears, donde solo llegan a término el 27% de las solicitudes, Aragón (30%) y Castilla-La Mancha (35%). El Ministerio está en vías de publicar el informe definitivo de 2023 con los datos que les hagan llegar las comunidades autónomas.
DMD denuncia que en los tres años que lleva en vigor la ley, ocho –Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y Navarra– todavía no han publicado ningún informe de evaluación de su aplicación, aunque sí remiten a Sanidad los datos.
Rueda de prensa
