Inmatriculaciones, un saqueo consentido a la iglesia católica_L´Astral nº 74

 

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El colectivo zaragozano L´Astral dedica su revista de diciembre a las inmatriculaciones, un saqueo consentido a la iglesia católica:

Introducción:

En términos de derecho (Ley Hipotecaria, artículo 7), la inmatriculación es la primera inscripción en el registro de la propiedad de una finca, edificio, etc. Cuando un profano se mete a leer textos jurídicos y buscar argumentos, se pierde irremediablemente… Y en este sentido con, “primera inscripción” e “inmatriculación”, hay trasfondo y debate en el cual no cabe meterse en este número. En línea con la unificación de conceptos y según propuso Roca Sastre, “el ingreso de una finca en la vida registral, realizado en virtud de una primera inscripción de su dominio a favor del inmatriculante, la cual abre folio de registro particular, es obtenido por medios particulares y surte efectos específicos”. También dice la ley, y me deja sorprendido que, “no se admite la inscripción de una finca que no pertenezca a nadie…”  ¿Esto significa que a la Iglesia Católica se le reconoce previamente y por ley el dominio de los bienes que ha inmatriculado? Parece que sí. ….

Artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 “El Estado, la Provincia, el Municipio y las Corporaciones de Derecho público o servicios organizados que forman parte de la estructura política de aquél y las de la Iglesia Católica, cuando carezcan de título escrito de dominio, podrán inscribir el de los bienes inmuebles que les pertenezcan mediante la oportuna certificación librada por el funcionario a cuyo cargo esté la administración de los mismos, en la que se expresará el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos. Mediante certificación administrativa, librada en los términos indicados en el párrafo anterior y con los demás requisitos en cada caso establecidos, podrán inscribirse la declaración de obra nueva, mejoras y división horizontal de fincas urbanas, y, siempre que no afecten a terceros, las operaciones de agrupación, división, agregación y segregación de fincas del Estado y de los demás entes públicos estatales certificantes”.

Según este texto, a la IC se le sitúa a la par de las administraciones públicas del Estado y se le faculta a inmatricular los bienes inmuebles… O sea, los obispos son reconocidos como fedatarios públicos, equiparándolos a notarios del Estado. En la misma línea el Reglamento de la Ley Hipotecaria, aprobado por el Decreto de 14 de Febrero de 1947, en su artículo 304: “En el caso de que el funcionario a cuyo cargo estuviese la administración o custodia de los bienes no ejerza autoridad pública ni tenga facultad para certificar, se expedirá la certificación a que se refiere el artículo anterior por el inmediato superior jerárquico que pueda hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficiales que sean indispensables. Tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones serán expedidas por los Diocesanos respectivos”.

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