Sumar considera incompleto el documento porque cree que es la Iglesia la que debe pagar las indemnizaciones. La iglesia, señalaba en nota de prensa la CEE, «no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales». Las víctimas critican el «rescate a los obispos».
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Fuentes: SER (Adela Molina); El País (Julio Núñez-Íñigo Domínguez); El Plural (Roberto Ugena); El Diario (Natalia Chientaroli-Alberto Ortiz-Jesús Bastante); 23 de abril de 2024
El Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Repuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Poder de los Poderes Públicos, impulsado por el Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto que tendrá vigencia hasta 2027 y que, entre otras cosas, contiene indemnizaciones a las víctimas, la organización de un acto público y una batería de medidas en materia de prevención, formación e investigación. Recoge así el guante que lanzó el Defensor del Pueblo, que en un informe que le pidió el Congreso sobre la cuestión calculó que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas) y proponía que se creara un fondo para compensarlas económicamente.
Vista la “respuesta insuficiente” que la Iglesia está ofreciendo a las víctimas de pederastia, el Gobierno indemnizará a todas las personas que hayan sufrido abusos por parte del clero y cuyos casos hayan prescrito penalmente. “Las conclusiones del Defensor fueron claras y contundentes”, ha asegurado Bolaños en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que ha señalado que “la Iglesia católica durante décadas no dio respuesta a esta situación” y que “como Gobierno queremos prevenir, reparar y tratar de saldar la deuda que tiene nuestra sociedad y democracia con las víctimas”.
El documento aprobado actúa en cinco frentes: reconocer y reparar; atender a las víctimas; prevenir; formar y sensibilizar; y por último, informar e investigar. Parte de la base de que “la respuesta de la Iglesia católica tanto a la encomienda del Defensor del Pueblo como a las denuncias de los abusos ha sido insuficiente”. Se recogen más conclusiones críticas del equipo de Gabilondo: la Iglesia ha concebido “el problema más como un pecado que como un delito” y su respuesta durante años ha sido “la negación o minimización del problema cuando no la culpabilización de la propia víctima y/o superviviente”, además de “dinámicas de encubrimiento y ocultación”.
Bolaños ha especificado la articulación del plan en cinco ejes:
-Reconocer y reparar: Organización de un acto público con las víctimas y con sus familiares que supondrá “una reparación simbólica que por sí misma no basta”. Así, vendrá acompañada de una “reparación material adecuada y suficiente en términos económicos” en los casos que esta no se haya podido dar judicialmente.
-Atender a las víctimas: Prestación de un «trato adecuado y óptimo» en las oficinas de atención a las víctimas habilitadas, generando entornos seguros para que en esos procedimientos judiciales que exijan declaración «no se someta a una revictimización» a los afectados. Garantía de asistencia jurídica gratuita a todas las víctimas.
-Prevenir: Refuerzo de las labores de supervisión en las inspecciones educativas para formar y dar mayores competencias a los inspectores, creando la nueva figura de coordinación de bienestar y protección en los centros docentes.
–Formar y sensibilizar a todos los profesionales futuros y presentes a todos los profesionales que tienen tratos con menores.
-Informar e investigar: Realización de un estudio sobre la prevalencia de la violencia hacia la infancia, analizando las causas y donde se produce con mayor frecuencia, para poder orientar correctamente las políticas públicas.
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Las indemnizaciones
El texto advierte la importancia de que “la reparación no dependa de las decisiones de las diversas entidades religiosas o de profesionales contratados por ellas, debido a los peligros que entrañan de desigualdad, arbitrariedad, opacidad y encubrimiento y que han formado parte de las dinámicas del abuso”.
Concretamente, el plan contempla el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos prescritos o en los que no haya sido posible el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, el texto no explica cómo se calcularán esas indemnizaciones ni de dónde saldrán esos fondos, aunque se entiende que se llevará a cabo con o sin la Iglesia, que hasta ahora se ha mostrado reticente a aportar dinero para la reparación.
“Entiendo que la Iglesia asumirá los costes”, ha señalado el ministro de Presidencia. “No se entendería que fuera de otra manera. Nadie entendería que la Iglesia española no actuara como lo ha hecho en países de nuestro entorno como Irlanda o Bélgica o como en Estados Unidos”. En cuanto a la negociación, Bolaños señaló que el diálogo ha comenzado el pasado jueves y destacó: “La iglesia ha reconocido la existencia de estos abusos y están trabajando en este tema”. Las nuevas autoridades de la Conferencia Episcopal se han mostrado proclives a establecer una relación con las asociaciones de víctimas, pero de facto la Iglesia reconoce una mínima parte de los abusos que incluye el informe del Defensor del Pueblo. En el polémico informe Para dar Luz, hablaban de apenas unos 800 casos. Además la Conferencia Episcopal señaló que solo se avendría a participar de un fondo de reparación si este incluyera “a todas las víctimas y no solo a las de la Iglesia”.
En los casos en los cuales la acción penal no ha prescrito, la indemnización se atendrá a lo que dispone la Ley de Libertad Sexual en su artículo 41, en el que se establecen las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales que carezcan de rentas superiores al salario mínimo interprofesional. Se trata de una suma equivalente a seis meses de subsidio por desempleo. Estas ayudas son financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y son independientes de las indemnizaciones que puedan ser acordadas por sentencia judicial.
Si la Iglesia rechaza colaborar, otra opción sería la aprobación de “un proceso administrativo” que reconozca la condición de víctima y “las medidas reparadoras que sean adecuadas”. En este caso, se contempla una posible colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. El plan no incluye un baremo de cantidades ni tampoco los procesos que tendrán que seguir los afectados para obtener su reparación y su condición de víctima.
Este será uno de los aspectos decisivos, como ha ocurrido en otros países. En España se suelen tomar como referencia para indemnizaciones los baremos de los accidentes de tráfico, que son de cuantías bajas. A diferencia de otros países como Reino Unido, Irlanda, Canadá o Australia, en España no existe uno oficial específico para abusos de menores. Para las víctimas, seguir la tabla de los siniestros de tráfico es un anacronismo, y constituye una de sus principales quejas. Consideran que no es aplicable a este tipo de delito. Cómo se fijan estos baremos y qué cuantías se marcan será una de las claves del plan.
En otros países católicos, las indemnizaciones van de un mínimo de casi 6.000 euros que paga Bélgica de media a cada víctima, a los 62.245 por persona que ha desembolsado Irlanda, el país con los resarcimientos más elevados. Con esta horquilla, y con el millar de casos que ya admite la CEE, en España supondría pagos de 6,7 a 70 millones de euros. Y eso considerando solo una víctima por agresor, cuando en casi todos los casos hay más, y teniendo en cuenta que el número de casos que salen a la luz no para de crecer. El informe del Defensor del Pueblo ya apuntó datos sobre las indemnizaciones en seis países católicos que ya llevaron a cabo estos procesos, tanto desde la Iglesia como desde las autoridades públicas. Además de Irlanda y Bélgica, en los extremos, Australia ha pagado 53.000 euros de media; Francia, 37.000; Países Bajos, 32.221; y Alemania, 22.000. La media de todos ellos es de 35.397 euros.
Indemnizaciones por pederastia en la Iglesia
| Víctimas | Indemnización | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contabilizadas / Estimadas | Indemnizadas | Mínimo | Máximo | Promedio (euros) | Total (millones)Total (millones) | |
| Irlanda | 25.000 / – | 15.500 | 50.000 | 300.500 | 62.245 | 970,0970,0970,0 |
| Australia a | 25.000 / – | 10.600 | – | 1.500.000 | 53.000 | 561,8561,8561,8 |
| Francia | 6.500 / 330.000 | 190 | 5.000 | 60.000 | 37.000 | 7,07,07,0 |
| Países Bajos | 1.800 / 20.000 | 860 | 5.000 | 100.000 | 32.221 | 27,727,727,7 |
| Alemania | 3.677 / – | 1.809 | 3.000 | 75.000 | 22.000 | 39,839,839,8 |
| Bélgica | 628 / – | 507 | 2.500 | 25.000 | 5.916 | 3,03,03,0 |
| Sentencias en España (EL PAÍS) | 230 / – | 230 | 675 | 73.000 | 10.000 | 2,32,32,3 |
| Cálculo del coste para la Iglesia española | ||||||
| Conferencia Episcopal Española | 1.125 / – | 1.125 | – | – | 35.397 b | 39,839,839,8 |
| Base de datos de EL PAÍS | 2.495 / 440.000 c | 2.495 | – | – | 35.397 b | 88,388,388,3 |
(a) Investigación en todas las instituciones públicas.
(b) 35.397 euros es el promedio de indemnización en los países mencionados.
(c) 440.000 son las víctimas estimadas, según la encuesta del Defensor del Pueblo.
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La Iglesia, por su parte, aún no ha aclarado cómo va a indemnizar a las víctimas y con qué baremos. Lo que ha hecho la Iglesia española hasta ahora en materia de resarcimientos está rodeado de secretismo. En la investigación del Defensor del Pueblo, solo cuatro diócesis revelaron compensaciones: Mallorca (30.000 euros), Tui-Vigo (44.000), Cartagena (47.000, 600 y 25.000) y Vitoria (5.000). EL PAÍS ha revelado este mes la lista interna con la gestión de los casos que admite la Iglesia y salía a la luz un caso muy reciente en Jerez de la Frontera, Cádiz: un acuerdo particular en 2022 entre la víctima y los marianistas para un resarcimiento de 70.000 euros por abusos en el colegio de la orden en Jerez entre 1964 y 1976. Es uno de los más altos conocidos hasta ahora a una sola persona. El mayor que ha trascendido es de los jesuitas, según publicó EL PAÍS, que desembolsaron 72.000 euros a una víctima de Salamanca en 2002. En cuanto a sentencias judiciales, la mayor compensación conocida es la dictada por el Tribunal Superior de Castilla-La Mancha en 2022 contra el sacerdote J. L. G., un caso desvelado por este diario, que ascendió a 100.000 euros, sin que la Iglesia fuera considerada responsable civil subsidiaria. Aún está pendiente de resolución el recurso ante el Tribunal Supremo.
El periodo inicial de vigencia del plan, cuya tramitación ya adelantó este sábado El Periódico, será entre 2024 y 2027. La Dirección General de Libertad Religiosa será la responsable de su impulso y seguimiento, aunque también se creará una comisión integrada al menos por los ministerios implicados en la ejecución de las medidas. También se buscará la participación de las víctimas y sus asociaciones. “Se impulsará la coordinación necesaria con la Iglesia católica en el marco de los instrumentos previstos en los Acuerdos de cooperación entre el Estado y la Santa Sede, a fin de facilitar el desarrollo de las recomendaciones del Informe del Defensor del Pueblo que requieren la colaboración de la propia Iglesia católica”, dice el documento.
Conferencia Episcopal Española. La posición de la iglesia
Fuentes episcopales sostenían a primera hora de la mañana que durante la reunión mantenida el pasado jueves entre Félix Bolaños, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, “el tema de las víctimas se abordó en general”, y que en ningún momento se les adelantó que a los pocos días habría un plan de reparación. El ministro de la Presidencia señaló, por el contrario, que las conversaciones se iniciaron entonces y que ayer adelantó a los obispos las líneas generales del plan, del que hoy remitirá el texto completo.
En todo caso, la nueva cúpula episcopal adelanta que ya existen negociaciones para la creación de un estatuto de las víctimas y su inclusión en un futuro comité que determine qué indemnizaciones pueden recibir. Y lanzan mensajes de entendimiento con el Gobierno que podrían dar a entender la intención de la Iglesia de participar de un posible fondo de reparación.
La Iglesia española “colaborará con el Estado” para “afrontar todas las dimensiones” del escándalo de la pederastia clerical, “asumiendo nuestra responsabilidad y colaborando en todo lo que haga falta, partiendo de los apuntes que daba el Defensor del Pueblo en su informe”. Así respondía el cardenal de Madrid, José Cobo, a las preguntas de elDiario.es tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
“En la última Plenaria –señaló Cobo– establecimos una línea y un horizonte”. Y recalcó que “hay un acercamiento con el Gobierno para implementar esa colaboración, siempre teniendo en cuenta la centralidad del sufrimiento de la víctima y la necesidad del acompañamiento, no solo a corto plazo, sino en todo el proceso de acompañamiento que necesita”.
Sin embargo, y pese a la puerta abierta tanto de Cobo como de Argüello, lo cierto es que buena parte de la Comisión Ejecutiva de la CEE sigue mirando con recelo el acercamiento de la nueva cúpula episcopal a las víctimas. Mientras tanto, y pese a las críticas de las asociaciones, la Conferencia Episcopal ha continuado utilizando el polémico informe Para dar luz en distintas reuniones de trabajo. La última de ellas, este mismo viernes.
La Conferencia Episcopal publicó una nota de prensa en la que consideraba que el plan de reparación del Ministerio de la Presidencia “parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”. “La Iglesia no puede aceptar un plan que dejaría fuera a nueve de cada diez víctimas”.
“La CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse sólo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”, concluye el comunicado.
Sumar critica el plan y pide que la Iglesia pague
Sumar ha presentado objeciones formales al texto porque cree que es la Iglesia quien debe pagar las indemnizaciones. Los ministros de la coalición, a través de la Vicepresidencia segunda, han trasladado a la parte socialista del Gobierno su disconformidad con el plan, que consideran “incompleto e insuficiente”.
La principal queja de los de Yolanda Díaz es que no incorpora de forma expresa “un modelo de reparación integral a las víctimas”. Es, argumenta Sumar, lo que viene reiterando las asociaciones de víctimas: “El establecimiento de un mecanismo de indemnización y reparación a cargo de la Iglesia católica que garantice el ejercicio del derecho de reparación en todos los casos”.
Sumar recuerda que el propio plan del Gobierno hace referencia el “grave problema social y de salud pública” que suponen los abusos sexuales en la Iglesia y especifica que la respuesta de esa institución es “insuficiente”. “Incluso el Defensor del Pueblo indica que ”es preciso asumir la obligación de reparar tanto por parte de la Iglesia como de los poderes públicos [de forma] simbólica, restaurativa e integral incluida la compensación económica“, señala el socio minoritario de la coalición.
Es por eso que Sumar ha presentado sus quejas dentro del Gobierno tanto formalmente como oralmente en los órganos pertinentes. “Sumar se posiciona del lado de las víctimas que, para su correcta y profunda reparación, deben verse compensadas en su totalidad”, sostienen fuentes de la vicepresidencia segunda.
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Las víctimas critican “el rescate de los obispos”
“Hay tres patas en el asunto: el Estado, las víctimas y la Iglesia. Si no están las víctimas, esto no funciona”. La presidenta de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), Ana Cuevas, ha acogido con cierta “perplejidad” el plan aprobado por el Consejo de Ministros, del que las víctimas no tenían conocimiento previo.
Algunos supervivientes consultados por elDiario.es saludan la iniciativa, siempre y cuando se sigan los criterios incluidos en el informe del Defensor del Pueblo. En todo caso, cuestionan no haber sido consultadas por el Ejecutivo, y esperan poder tener voz y voto en las concreciones del plan. También aguardan la respuesta de la Conferencia Episcopal, y cómo afecta esta decisión del Gobierno a las reuniones que se habían iniciado, tanto con la nueva cúpula episcopal como con la Confer.
Por su parte, Miguel Hurtado, víctima de abusos en Montserrat, calificó el plan de reparación como “un plan descafeinado, con graves lagunas, y que beneficia a los obispos a costa de las víctimas y al contribuyente”. En su opinión, con esta iniciativa el Ejecutivo “consagra el rescate económico a los obispos”, y “asume que ante la negativa de la Conferencia Episcopal a participar en un plan estatal de reparación, será el Estado quien pague la factura de la pederastia de la Iglesia”.
“Diez años después de que los españoles rescatáramos a los banqueros, ahora el Gobierno más progresista de la historia pretende que rescatemos también a los obispos”, lamenta Hurtado, quien insiste en que esta medida “traiciona el compromiso firme que adquirió Pedro Sánchez en su sesión de investidura de aprobar la imprescriptibilidad civil de las indemnizaciones”.
Finalmente, Hurtado lamenta que el plan gubernamental “se niega a establecer un baremo específico de indemnización”. En su opinión, “el Gobierno parece apostar por indemnizaciones simbólicas e insuficientes que no compensen los elevados costes económicos que el abuso sexual supone para las víctimas”.
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Más información
El catedrático de Derecho Penal, que ha coordinado el texto del Defensor del Pueblo, afirma que la “negación” de la pederastia por parte de la Iglesia ha sido “una de las cosas más dolorosas para las víctimas” y pide que se comprometa a repararlas, aunque también destaca la responsabilidad subsidiaria de los poderes públicos.
