La batalla por anular toda la rapiña de la Iglesia con las inmatriculaciones 

abril 11, 2024

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Interior de la catedral de León / Diego García Paz – Fuente
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Spanish Revolution, 11 de abril de 2024

El intento de la Iglesia por asegurar su estatus privilegiado y su control sobre el patrimonio cultural ha vuelto a encender la llama del descontento y la indignación en la sociedad española. Sumar encabeza la lucha contra lo que consideran un acto de saqueo y usurpación perpetrado por la jerarquía eclesiástica durante décadas.

Los números hablan por sí solos: más de 100.000 bienes inmatriculados, obtenidos mediante una serie de artimañas y privilegios otorgados por una legislación franquista anacrónica. Desde templos hasta solares, la Iglesia ha extendido sus tentáculos sobre un vasto territorio de incalculable valor histórico y cultural, enriqueciéndose a expensas del patrimonio común de la sociedad.

Pero la lucha no se limita a la mera denuncia. Sumar, en colaboración con el movimiento laicista, ha declarado una guerra sin cuartel contra esta injusticia. Su objetivo es claro: la nulidad de todas las inmatriculaciones practicadas con certificación eclesiástica, desde 1946 hasta nuestros días. No se trata solo de un acto de justicia, sino de un imperativo moral para salvaguardar la integridad de nuestro legado cultural.

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Y no se hable más · Rafael Sanmartín

abril 11, 2024

Nos encontramos, al parecer por obra y gracia de una decisión del Ministerio de Bolaños, con que las leyes y normas de la dictadura se mantienen por encima de la Constitución

El ministro Bolaños en una reciente intervención en el Congreso
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Rafael Sanmartín, La Voz del Sur, 11 de abril de abril de 2024

Porque esa es su decisión. No considera necesario continuar después de su última palabra, que para algo es la última. Quien lo dice es ‘solamente’ Secretaria de Estado del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presidido por Félix Bolaños.

Lo afirma una respuesta escrita tan tajante como equívoca, a una pregunta sobre inmatriculaciones, donde tan alto cargo afirma «el gobierno no tiene obligación alguna a elaborar un listado con las inmatriculaciones de la Iglesia entre los años 1945 y 1998». Equívoca y atrevida afirmación, excusarse de informarse e informar consecuentemente de las apropiaciones indebidas de bienes del común por la jerarquía eclesiástica, y eso pese a que el PSOE, su propio partido entonces en la oposición, había reclamado lo mismo al gobierno de Rajoy, aunque referido a los años 1998 a 2015. El estudio, terminado por el propio Gobierno de Sánchez en 2022, descubría que en ese período la Iglesia Católica había inmatriculado 34.961 bienes, entre ellos muchos lugares no dedicados al culto religioso.

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