Los hechos denunciados por la víctima tuvieron lugar en la década de los 80, por lo que el delito no tiene recorrido penal al haber prescrito. Ana Cuevas, presidenta de Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR): «En Asturias tenemos más casos de pederastia en la Iglesia»
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Fuentes El Comercio (Chelo Tuya) | El Comercio (Chelo Tuya), 12 de octubre de 2026
La primera vez tenía 11 años. La última, 16. Asegura que su adolescencia estuvo marcada por los abusos sexuales de quien, en teoría, había llegado a la vida de su familia para reparar el daño de un mal divorcio y ayudar a una madre que intentaba sacar adelante a sus hijas. En una Asturias en plena reconversión industrial, a finales de la década de los años 80, recién llegadas a un pueblo en el que nadie las conocía, solo un hombre logró romper los diques de seguridad que fijó su madre para protegerlas a ella y a su hermana, cinco años menor. Creyente, su progenitora confió en un sacerdote de la localidad que le brindó el apoyo que necesitaba como su confesor, que la ayudó a encontrar empleo y que se ofreció como protector de sus dos pequeñas durante las horas en que las niñas no tenían clase y ella trabajaba.
Con las puertas abiertas que le procuró el alza de su cuello y el rosario de su mano, el sacerdote, presente en el colegio donde fueron matriculadas las dos hermanas, sometió a la mayor, que entonces tenía 11 años, a tocamientos , explica la propia víctima. «La primera vez fue en un campamento que él dirigía». La última, «cuando tenía 16 e intentó pasar de los abusos a la penetración», recuerda hoy María.
Un nombre que no es el suyo, pero sí es mayúsculo para quienes, como su madre, como ella hasta su mayoría de edad, profesan la religión católica. «Haced lo que Él os diga» son palabras que el Evangelio atribuye a la Virgen María. Y aquella niña, hoy mujer con los 50 cumplidos, las siguió a pies juntillas. Hizo lo que el representante en la tierra de Él le dijo: afirma que fue obligada a realizar diferentes actos sexuales tanto en el campamento como en su propia casa.
Así consta en el escrito presentado ante la Diócesis de Oviedo días atrás. Y en la denuncia que, en 2016, presentó ante la Guardia Civil. En ambos casos, María asegura haber sentido «un apoyo total». Especialmente recuerda su visita al cuartel de la Benemérita: «El agente que me atendió supo escucharme, me dio tiempo y espacio para contar todo lo que llevaba dentro y me aseguró que, aunque debido a las fechas en las que me pasó todo el caso ya había prescrito, haría todo lo posible por ayudarme». Y así fue. El caso llegó a tener recorrido judicial, pero quedó archivado por tratarse de un delito prescrito.
Amabilidad encontró también en la Oficina de Protección de Menores de la Diócesis de Oviedo. En un escrito que firma la directora, Teresa Ortega no solo le agradece «haber tenido la valentía de poner en nuestro conocimiento unos hechos tan graves y dolorosos como los que usted ha vivido», sino que le asegura que «desde esta oficina queremos apoyarla y acompañarla en sus necesidades (jurídicas, psicológicas y espirituales) producidas por estos abusos». Incluso le explica que, desde ese mismo momento, «al ser el acusado miembro de la Iglesia Católica y, en este caso, clérigo, se abrirá un proceso canónico».
Porque la persona que, asegura, convirtió su adolescencia en un infierno, que contaminó durante años la relación maternal y todavía hoy lo hace con las relaciones afectivas, sigue en ejercicio. «El cura que me violó, que me sometió a abusos sexuales, sigue dando misa». No lo hace, ciertamente, en el lugar donde ocurrieron los hechos, pero no por ello deja de seguir con su vida con normalidad, incluso siendo objeto «de homenaje por parte de los vecinos en la parroquia en la que ahora está».
Precisamente, enterarse por las redes sociales de uno de esos reconocimientos populares a quien considera su agresor tuvo un efecto catalizador de su dolor. «Me dije que no podía más. Que tenía que enfrentarme a él. Y lo hice». Se presentó en el lugar de la fiesta y, sin ningún tipo de escándalo, «le dije cuando se acercó a mí, sin reconocerme, que el pasado siempre vuelve».
«¿Cuántas habrá como yo?
Un encuentro con él que llegó después de un largo, larguísimo, proceso de curación que no comenzó hasta que fue una mujer adulta. «Mientras abusaba de mí, nunca me atreví a contárselo a nadie. Después de aquella primera vez, en la que tuve que ver y tocar lo que nunca debería haber visto ni tocado, me manipulaba diciendo que, si yo lo decía, él tendría que dejar de ayudar a mi madre. Cuando fui creciendo, aún fue peor, porque me hizo creer que mi madre lo sabía y lo apoyaba».
Una mentira tan cruel como los abusos y tan grave que la obligó al mayor de los silencios. Tan profundo guardó su secreto que no fue hasta que, ya alumna universitaria, un profesor comenzó a explicar que algunos actos normalizados en aquella sociedad de los 90 «como los piropos, o que un cliente te toque el culo o un jefe hable de tu escote» son, en realidad, abusos sexuales. «Me sentí mareada. Tenía ganas de vomitar y pensé que me desmayaba». Sirvió para ponerle nombre «a lo que me había pasado», para empezar a confiar «en una amiga, a la que se lo conté» y para definir a su agresor: «es un monstruo».
Su preocupación de adulta no fue solo su caso, «sino cuántas más habrá como yo». Sabe que no es la única, pues dice que su agresor quiso serlo también el de su hermana. «Pero pude evitarlo». Y también la mantuvo en vilo recuperar la confianza en su madre. «Cuando tanto mi hermana como yo éramos adultas, decidimos hablar con ella. Se quedó destrozada. No solo por lo que nos había pasado, sino por no haberse dado cuenta de nada y porque él me hiciera creer que ella estaba de acuerdo».
No obstante, no fue hasta el fallecimiento de su madre «cuando decidí denunciar». Entre las muchas razones, como la de sentirse lo suficientemente fuerte como para afrontar el proceso, ella no quería causar daño a su progenitora «si, al final, se hacía público mi nombre».
Una denuncia que llegó pareja a lograr el apoyo psicológico necesario. En 2016, el único centro de atención a víctimas de agresión sexual en Asturias era el que Cavasym tiene en Gijón. «Comencé terapia con ellas. Luego, con la pandemia, paré, pero ahora he decidido volver». La terapia psicológica le está sirviendo para dar los pasos necesarios «para recuperar mi vida» y «decidir mi futuro».
Uno en el que está confiada es lograr que quien considera su agresor, «mi monstruo», reciba, si ya no la condena penal por estar prescrito el delito, sí la social. «Me resulta muy doloroso ver cómo él sigue con su vida, mientras destruyó la mía y no sé la de cuántas más». Un futuro en el que, quizás, abandone el María que le procura anonimato «para contarlo con nombre y apellidos». Con los suyos. Y con los de él.
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Ana Cuevas, presidenta de ANIR: «En Asturias tenemos más casos de pederastia en la Iglesia»
Una de las entidades que trabajan con menores víctimas de abusos sexuales, reclama «que los casos no prescriban en lo civil ante la imprescriptibilidad penal»
«En Asturias tenemos más casos de pederastia en la Iglesia. Conocemos el que ha publicado EL COMERCIO, y también hay alguno más». Ana Cuevas preside la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), una de las entidades que representan a los menores víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia. «También atendemos a otras víctimas, porque es difícil decirle a una que no podemos escucharla, aunque las derivamos a otras entidades».
ANIR conoce a la asturiana que asegura haber sufrido abusos sexuales en su infancia, entre los 11 y los 16 años, por parte de un sacerdote. Su historia, desvelada por EL COMERCIO, fue trasladada por ella misma a la Oficina de Protección a Menores de la Diócesis de Oviedo, desde donde decidieron abrir proceso canónico contra el presunto autor de los abusos, un sacerdote asturiano aún en ejercicio en la región. Pendiente estaba la denunciante de fecha para una cita presencial con la directora de la oficina, Teresa Ortega, y esa acaba de llegar. «Será a finales de mes», explicó María (nombre ficticio) a este periódico.
«Confiamos en que ella tenga suerte, pero no confiamos mucho en lo que pueda hacer el Arzobispado, ya que conocemos su opinión sobre estos casos y hemos visto como, en algunos, la víctima ha resultado revictimizada», apunta Ana Cuevas. Aunque no precisa el número de casos, sí confirma que «en Asturias hay más víctimas como ella, muchas todavía están esperando respuesta».
Una respuesta que ya le ha llegado a la denunciante en forma de apoyo del Principado, así como de entidades del movimiento feminista. La directora de Igualdad, Vanesa Fernández, pidió a la Iglesia que «no mire para otro lado», mientras que Revuelta de Mujeres en la Iglesia de Asturias aplaudió que la víctima se haya sentido escuchada tanto por la Guardia Civil, donde denunció en 2016 lo ocurrido en su infancia, como ante la Oficina de Protección de Menores.
«Eso apunta a un cambio de sensibilidad», apuntó su portavoz, Inmaculada Franco, quien tiene claro el origen del problema: «Está relacionado con haber convertido la figura del sacerdote en alguien incuestionable, personificación de Cristo y no simple hombre seguidor y servidor suyo». Tanto esta entidad como la Tertulia Feminista Les Comadres lamenta que el delito haya prescrito, «porque estos delitos no deberían hacerlo».
Hasta los 35 años para denunciar
Algo que comparte Ana Cuevas, pero que reconoce «es muy difícil lograr. Para que un delito no prescriba habría que modificar la Constitución y esto, hoy por hoy, es imposible, ya que es muy difícil lograr un consenso político para ello». Lo que sí plantea la presidenta de ANIR es «que haya una imprescriptibilidad en la vía civil». Porque, recuerda ella, «estamos hablando de abusos cometidos sobre menores. Se les causa un daño irreparable en las primeras etapas de una vida que ya queda marcada».
La entidad fue una de las impulsoras de los cambios legales introducidos en la Ley de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia conocida como Lopivi. Uno de los principales cambios que incluye es el plazo de prescripción de los delitos sexuales.
Hasta su aprobación, el plazo para denunciar agresiones en la infancia empezaban a contar a partir de que la víctima cumpliera 18 años. Ahora, el reloj se pone en marcha desde su 35 cumpleaños. El plazo de prescripción varía según el tipo de delito, entre los 10 y los 20 años de prisión a los que el acusado podía ser condenado. En el caso de la mujer asturiana que asegura haber sufrido abusos por el sacerdote de su colegio y campamento, ya no hay opción a la condena penal.
Ana Cuevas dirige, además, Justicie Initiative España, que tiene como objetivo impulsar cambios legales «que mejoren el acceso a las víctimas a los derechos que le corresponden», además de concienciar «a la sociedad, a los poderes públicos e instituciones religiosas o no lo que suponen estos gravísimos delitos perpetrados contra menores de edad en pleno proceso de forja de su personalidad, así como de las secuelas que provocan».
Desde ambos cargos, urge «que se atienda a las víctimas, que se las compense económica y psicológicamente», precisando que esta atención especializada «debe ser costeada por la Iglesia durante todo el tiempo que sea necesario». Lo dice porque, explica, «desde la Confederación Episcopal Española se está optando por dar esa atención con el psicólogo que ellos eligen y durante el tiempo que consideran».
Respecto a las indemnizaciones por estos casos, Cuevas deja claro que «no se puede cuestionar a las víctimas porque reclamen su derecho» y explica que «en ningún caso, sea cual sea la cuantía que les lleguen a dar, compensa el daño sufrido».
