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Asturias Laica | Fuentes: Infovaticana, El Diario (Lourdes Barragán), El País (Juan José Mateo-Óscar Oliván), 27 de septiembre de 2026
El desalojo de Maricarmen, una vecina de 87 años del barrio del Retiro con contrato de renta antigua, ha desatado una intensa movilización vecinal y una ofensiva política de primer orden. En el Arzobispado de Madrid, con el caso Fusara todavía abierto en los tribunales y dos centenares de familias inquilinas en los edificios que vendió su fundación, la polémica se sigue con evidente inquietud, señalan en Infovaticana
La polémica [de su desalojo] llega en un momento especialmente delicado para la diócesis de Madrid, que arrastra su propio expediente inmobiliario con familias dentro. La Fundación Santamarca y de San Ramón y San Antonio (Fusara), cuya presidencia corresponde al arzobispo de Madrid, administraba edificios del centro de la capital procedentes del legado de dos viudas que los destinaron a personas en situación de exclusión social.
En 2019, el anterior equipo gestor vendió catorce de esos inmuebles a la sociedad Tapiamar por un precio un 20% inferior al de tasación. La operación, junto con la posterior compra de un solar en Valdebebas con un presunto sobreprecio, se investiga en el Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, donde la propia fundación acusa a antiguos responsables y al despacho Chávarri de estafa, administración desleal y falsedad en documento mercantil, con un perjuicio estimado de 8,6 millones de euros. Unas doscientas familias viven en los edificios afectados.
Ya bajo el pontificado del cardenal José Cobo, en julio de 2025, Fusara alcanzó un acuerdo extrajudicial con Tapiamar que elevó el precio de trece de los catorce inmuebles de 64,3 a 99 millones de euros, con la devolución del edificio de la calle del Barquillo. A cambio, la fundación retiró las acciones penales y civiles contra la compradora. La jueza avaló el acuerdo en diciembre por no considerarlo lesivo para la fundación, levantó las medidas cautelares que impedían disponer de los inmuebles y rechazó la petición de un grupo de inquilinos de extender la querella al actual patronato. El mismo juzgado había denegado previamente investigar al cardenal Cobo.
Los inmuebles vendidos suman un total de 188 viviendas. Originalmente eran 14 bloques, pero tras el último acuerdo judicial FUSARA recuperó su sede de la calle Barquillo 22. Los 13 edificios restantes en manos del fondo de inversión se ubican en calles estratégicas del centro: Eje Fuencarral y Malasaña: Bloques residenciales en la cotizada calle Fuencarral; Zona Centro e Imperial: Edificios situados en la calle San Bernardo y la calle Imperial (junto a la Plaza Mayor); Zona Arganzuela / Delicias: Inmuebles residenciales en el paseo de Delicias.
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Los inquilinos expulsados van al Constitucional y cargan contra el Arzobispado de Madrid
Con las cautelares levantadas, los edificios quedaron libres para su reventa. Según informó el diario Público(1) el pasado junio, la sociedad Hopewell adquirió los inmuebles a Tapiamar durante la primavera, y algunos vecinos ya han sido desalojados.
Los vecinos que litigan desde 2019 contra la venta a un fondo de esos 13 edificios pertenecientes a una fundación vinculada a la Iglesia, registraron en junio de este año un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para mantener viva su lucha porque el hecho de que los compradores y Fusara firmaron la paz al alcanzar en julio de 2025 un acuerdo para mejorar el precio de venta de 74 a 99 millones, llevó a la fundación a retirar su acusación particular en la causa judicial abierta para investigar la operación por presuntas irregularidades y los vecinos, que iniciaron la causa como acusación popular, fueron expulsados de ella en aplicación de la doctrina Botín.
En el recurso se cuestiona la legitimidad del Patronato de la fundación Fusara para retirarse como acusación particular de la causa, algo que finalmente ocurrió en septiembre, y se acusa a estos “sujetos procesales” de haberse alineado con los beneficiarios del acuerdo. En el escrito, firmado por hasta 15 recurrentes –todos inquilinos salvo una sociedad mercantil, Carandela S.L.–, los denunciantes señalan directamente a la Archidiócesis de Madrid: consideran que la imputación de miembros de la antigua cúpula de Fusara y parte del núcleo de confianza del entonces arzobispo, Carlos Osoro, “acredita objetivamente la existencia de un conflicto de interés estructural” entre la circunscripción católica y la resolución de esta causa.
La demanda recuerda que, entre los acusados que llegarán a juicio, figuran el exdelegado episcopal de fundaciones del Arzobispado, David López Royo, y también el interventor general de la Archidiócesis en el momento de la venta, Julio Lage, muy cercano a Osoro.
Ambos responsables fueron acusados de posibles delitos de administración desleal agravada y corrupción entre particulares, y es sobre esta base donde se asienta el último recurso de los inquilinos: estos creen que una futura condena en su contra “podría comprometer la responsabilidad civil subsidiaria” de Fusara y explicar, así su retirada como acusación particular del caso. Es más, los denunciante opinan que una entidad como esta no siempre ha de considerarse “correctamente representada” por su Patronato, sobre todo si se adoptan decisiones “perjudiciales” para su razón de ser.
El recurso ante el Constitucional, aún sin admitir, es un intento de volver a ser aceptados en el procedimiento, que afecta a decenas de viviendas en Madrid capital. “Pedimos, y esperamos, justicia”, dice Jesús Manrique, uno de los afectados, Pero el reloj corre en su contra: tras confirmarse su expulsión del caso, esta primavera los vecinos han empezado a recibir cartas avisándoles de que sus contratos no serán renovados, por ello, llegaron incluso a dirigirse por carta al papa León XIV para preguntarle cómo puede la Iglesia, que debe ser refugio de los débiles, participar en decisiones que ponen en riesgo su estabilidad habitacional.
Después de seis años de instrucción, arranca ahora el juicio por el caso Fundaciones.
El temor a que prenda la mecha
Infovaticana apunta a que el caso de Maricarmen, que ha demostrado la enorme capacidad de movilización del Sindicato de Inquilinas y el eco mediático que alcanza cualquier desalojo de una persona mayor en el centro de Madrid, y, en este contexto, cabe pensar que en el Arzobispado se tema que la mecha prenda y que las próximas concentraciones se dirijan a los portales de los edificios que Fusara vendió en 2019, cuyos inquilinos llevan años organizados y personados en la causa judicial.
Si eso ocurre, el debate público difícilmente se detendrá en la sociedad que hoy es propietaria de los inmuebles y volverá sobre la venta original y sobre las decisiones adoptadas después por la fundación que preside el arzobispo. Desde el entorno de la diócesis se sostiene que el presunto fraude corresponde a la etapa anterior y que el acuerdo con Tapiamar permitió recuperar 34,7 millones de euros y garantizar la viabilidad económica de la fundación.
Esa defensa puede resultar suficiente en sede judicial, pero el debate social ha dejado atrás las sutilezas jurídicas para instalarse en una pregunta de fondo mucho más incómoda: si es moralmente aceptable tratar la vivienda como un bien especulativo y si la Iglesia puede tomar parte en operaciones que desligan de su fin social unos edificios habitados por familias y ancianos para acabar en manos de fondos buitre. Para una institución cuya doctrina social subraya el destino universal de los bienes y la primacía de la persona sobre el beneficio, es una pregunta que la opinión pública, y también muchos fieles, empiezan a formular en voz alta.
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Notas Asturias Laica
En el blog de Asturias Laica
(1) No especularás: el negocio inmobiliario de la Iglesia que ha dejado en la calle a personas sin recursos
(2) Sobre el caso Fusara (caso Fundaciones), algunas entradas:
Trama inmobiliaria archidiócesis de Madrid: El Papa y los obispos reciben una carta de otro de los implicados en el caso de las fundaciones (mayo de 2021)
La trama inmobiliaria en la archidiócesis de Madrid: Caso Fundaciones, juicios que se celebrarán en los próximos meses (junio de 2021)
Juicio a la trama oculta de la Iglesia que expolia fundaciones millonarias en Madrid (octubre de 2021)
‘Caso Fundaciones’: Antonio Chávarri y su cúpula, acusados de «estafa agravada» y «corrupción entre particulares» (mayo de 2023)
La lucha de más de 200 familias de Madrid para evitar que la Iglesia venda sus hogares a un fondo: «Hacen negocio con la vivienda» (agosto de 2025)
La Iglesia bendice la venta millonaria que deja a 200 familias inquilinas en Madrid a merced de un fondo inmobiliario, (septiembre de 2025)
Especulación y fraude en las operaciones urbanísticas de la iglesia católica · Antonio Gómez Movellán (septiembre de 2025)
Los vecinos de 13 bloques afectados por la venta de pisos sociales de la Iglesia se movilizan (noviembre de 2025)
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El juicio
El caso Fundaciones inicia su juicio tras una larga instrucción judicial | Fuente
El juicio por el caso Fundaciones, uno de los mayores escándalos inmobiliarios que ha afectado a la Iglesia en España, ha comenzado tras seis años de instrucción. La magistrada Ana María Gallegos Atienza, del juzgado de instrucción número 28 de Madrid, ha dictado la apertura del juicio oral, designando a la Audiencia Provincial como el órgano competente para llevar a cabo el proceso.
Este caso investiga una supuesta trama que habría perjudicado el patrimonio inmobiliario de diversas fundaciones vinculadas a la Iglesia católica. Según las acusaciones, varios laicos que trabajaban para el Arzobispado de Madrid habrían tomado el control de los patronatos de estas entidades benéficas, otorgando al bufete Chávarri los poderes necesarios para llevar a cabo la venta de inmuebles. En este proceso, los acusados habrían vendido propiedades a precios muy por debajo de su valor real y adquirido otras a precios inflados, beneficiando a terceros como los fondos Ares y Castlelake, así como a la Universidad de Nebrija y Metrovacesa, quienes habrían pagado comisiones millonarias.
Las fundaciones afectadas incluyen a Fusara, que posee una cartera de 14 edificios de alquiler en el centro de Madrid; Molina Padilla, con dos edificios en el barrio de Salamanca; y FSVSC, que tiene terrenos adyacentes a la Castellana, donde se ubica la parroquia de San Jorge y una residencia de ancianos. La investigación canónica, iniciada tras las denuncias de feligreses, reveló que la trama podría haber afectado a más fundaciones, como El Buen Samaritano y San Justo, entre otras.
En el banquillo de los acusados se encuentran los hermanos Antonio y Raúl Chávarri, así como David López Royo, Manuel Fernández-Clemente, Antonio Naranjo y Julio Lage, todos ellos vinculados al Arzobispado en el momento de los hechos. Se les imputa la posible comisión de delitos de administración desleal, corrupción entre particulares y falsedad en documento mercantil. La magistrada ha establecido un plazo de cinco días para que estos acusados presenten una fianza de 8,7 millones de euros, destinada a garantizar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse del juicio.
Además, la jueza ha decidido abrir juicio oral contra varias sociedades relacionadas con los acusados, así como contra otros actores del proceso, imponiendo fianzas que suman un total de 10,4 millones de euros. Este caso pone de manifiesto la complejidad y las implicaciones legales que rodean a las fundaciones vinculadas a la Iglesia, así como la necesidad de transparencia en la gestión de sus patrimonios.
