Someter a la infancia a la amenaza del castigo eterno, a la culpa por los procesos biológicos naturales o a la adscripción obligatoria a un credo particular no es educar, es amputar la libertad de conciencia antes de que esta pueda manifestarse.
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Pedro María Fernández Sandino, 24 de septiembre de 2026
La infancia no es una propiedad privada, ni un territorio conquistado por la genealogía, ni un lienzo en blanco destinado a la reproducción servil de los prejuicios, mitos y dogmas de sus progenitores.
Durante siglos, la institución familiar, estructurada bajo la lógica del patriarcado y la propiedad, ha operado como un espacio de impunidad donde los derechos del menor quedan subordinados a las creencias, herencias e impulsos identitarios de los adultos. Sin embargo, la dignidad humana exige romper de manera drástica con la premisa de que los hijos pertenecen a sus padres. Los niños y niñas son sujetos de derecho, de pleno derecho, seres en proceso de formación cuyo interés superior debe ser protegido no solo frente al abuso físico o económico, sino frente a la colonización temprana de sus mentes y la mutilación simbólica o material de su autonomía futura.
El debate sobre el adoctrinamiento suele tergiversarse intencionadamente desde los sectores conservadores para calificar como tal a cualquier esfuerzo de democratización, racionalidad o educación afectivo-sexual. Pero el verdadero adoctrinamiento ocurre cuando se aprovecha la extrema vulnerabilidad física, emocional y cognitiva de la infancia para inculcar verdades absolutas, incuestionables y amenazantes antes de que la persona haya desarrollado el instrumental crítico necesario para evaluar la realidad por sí misma. Someter a la infancia a la amenaza del castigo eterno, a la culpa por los procesos biológicos naturales o a la adscripción obligatoria a un credo particular no es educar, es amputar la libertad de conciencia antes de que esta pueda manifestarse. El dogma no solo aliena la conciencia, actúa como el primer vector de segmentación chauvinista del mundo. Inculcar desde la infancia la noción de que un grupo familiar o comunitario posee una verdad divina revelada implica, de forma implícita, calificar al resto de la humanidad como desviada, impura o inferior.
El adoctrinamiento religioso es con frecuencia la semilla primordial del racismo y la xenofobia, al levantar fronteras invisibles entre los «elegidos» y los «extraños». Cuando a un niño se le enseña a clasificar a los seres humanos según la fe, el origen o la adscripción ritual de sus padres, se destruye la base de la fraternidad universal y se instalan las estructuras mentales que más tarde justifican el odio al migrante, la discriminación del racializado y el desprecio hacia la alteridad.
La soberanía del cuerpo y la marca del dogma: del ritual a la libertad individual
La vulneración de los derechos del menor mediante el dogma no es un fenómeno únicamente abstracto o psicológico, adquiere con frecuencia una dimensión corpórea e irreversible. Prácticas como el bautismo infantojuvenil, la circuncisión ritual por motivos religiosos o la imposición de indumentarias y códigos de conducta segregadores son actos de adscripción forzada que violan la integridad y la neutralidad del desarrollo del niño.
Si la sociedad actual considera un acuerdo de sentido común restringir el acceso a sustancias que alteran el organismo -como el alcohol, el tabaco o los fármacos- hasta que el individuo alcanza la mayoría de edad y dispone de una madurez neurológica y analítica suficiente, resulta profundamente inconsecuente permitir que se marque a los menores con sellos identitarios, dogmáticos o quirúrgicos sin su consentimiento explícito y maduro. La decisión de abrazar una Fe, una cosmogonía o una práctica ritual debería ser, en una sociedad genuinamente libre, un acto consciente, deliberado y plenamente voluntario realizado en la adultez. Cuando los padres imponen un ritual de adscripción religiosa a un recién nacido o a un niño pequeño, no están ejerciendo un derecho de crianza, están privando a ese futuro adulto del derecho a elegir su propia visión del mundo desde una posición de neutralidad inicial. Se vulnera con ello el principio esencial de igualdad: el hijo de un creyente no nace creyente, nace humano, y su condición de ciudadano libre no debería estar supeditada al lugar, la familia o la doctrina en la que le ha tocado nacer. La libertad de conciencia debe entenderse prioritariamente como el derecho de las nuevas generaciones a no ser condicionadas por los sesgos metafísicos de las generaciones anteriores.
La deconstrucción del saber: las escrituras ante el siglo XXI
Vivimos en una época definida por el método científico, el materialismo histórico y la comprensión compleja de los sistemas naturales y sociales. En este contexto, la pretensión de regir la conducta humana, los derechos civiles y la organización del Estado mediante textos redactados en la Antigüedad o en la Edad Media constituye un anacronismo violento. La Biblia —en sus múltiples, divergentes y contradictorias versiones resultantes de disputas políticas e historiográficas—, el Corán, la Torá o los Vedas no representan fuentes de verdad revelada, sino producciones culturales e históricas correspondientes a modos de producción esclavistas, tribales o feudales. Todos estos textos son simultáneamente verdaderos como testimonios antropomórficos de su tiempo y absolutamente falsos en su pretensión de explicar el origen del cosmos, la evolución de las especies, la naturaleza de la materia o la justicia social. La ciencia ha derrumbado, uno a uno, los pilares míticos sobre los que se asentaron las teocracias: desde el origen del universo hasta la biología de la reproducción, pasando por la salud mental y la comprensión de la diversidad humana. Continuar apelando a supuestos mandatos divinos para justificar normas morales en el siglo XXI es un ejercicio de oscurantismo que frena el avance de la razón. Más grave aún es la profunda incompatibilidad entre los contenidos de estos libros sagrados y los consensos internacionales sobre derechos humanos, igualdad de género y emancipación social:
En materia de derechos de la mujer: Las escrituras tradicionales codifican de manera sistemática la subordinación del sexo femenino, reduciendo a la mujer a la condición de propiedad del varón, sujeto impuro, receptáculo reproductivo o causa originaria del mal y el pecado.
En materia de libertad sexual y diversidad: Las leyes levíticas y sus equivalentes en otros dogmas persiguen, demonizan y castigan con la violencia las afectividades no heteronormativas y la diversidad de género, promoviendo una visión represiva y culpa-genista de la sexualidad.
En materia de derechos de la infancia: La estructura patriarcal de los textos sagrados concibe a la prole como posesión paterna, legitimando el castigo físico, la obediencia ciega y el sometimiento absoluto a la autoridad del cabeza de familia.
En materia de ecología y relación con la naturaleza: Los mitos creacionistas han promovido una visión antropocéntrica y extractivista según la cual la Tierra es un mero escenario entregado al dominio, explotación y sometimiento del ser humano, ocultando los límites biológicos del planeta y la interdependencia de la vida.
Asimismo, no se puede ignorar el papel que los relatos dogmáticos y las estructuras religiosas de poder han jugado en la construcción del racismo sistémico y la xenofobia institucional. Históricamente, las exégesis de los libros sagrados han servido para justificar el colonialismo, la esclavización de pueblos enteros calificados de «infieles» o «paganos», el despojo de los pueblos originarios y el establecimiento de jerarquías raciales bajo el pretexto de un mandato providencial. Las lógicas de exclusión que hoy alimentan los discursos contra la población migrante no son más que la secularización de viejas cruzadas y exclusiones teológicas donde el «otro» es visto como una amenaza a la pureza identitaria.
La explotación del cuerpo y la Tierra: la alianza patriarcal y clerical
El adoctrinamiento religioso no ocurre en el vacío, responde a estructuras materiales de dominación. La perpetuación del dogma ha sido históricamente el instrumento ideológico preferido por las clases dominantes para naturalizar la desigualdad, justificar la jerarquía social y alienar a la población explotada con la promesa de una justicia diferida en el más allá.
Existe una continuidad directa entre el control de la conciencia de los menores, la apropiación del trabajo reproductivo de las mujeres y la degradación ecológica del planeta. Las doctrinas religiosas más reaccionarias han servido de freno constante a la soberanía del cuerpo, oponiéndose a la educación sexual integral, al derecho al aborto, a la anticoncepción y al libre desarrollo de la personalidad. Al mismo tiempo, al promover un modelo de reproducción ilimitada supeditado al mandato divino y al desvalorizar el mundo material en favor de un reino celestial ficticio, han esterilizado la conciencia ecológica indispensable para detener la devastación del medio ambiente.
La verdadera emancipación requiere desmantelar la influencia de las corporaciones religiosas en la esfera pública y económica. La soberanía política de la ciudadanía no puede coexistir con privilegios fiscales, subsidios educativos o tutelas morales otorgadas a instituciones que operan al margen de la soberanía popular y de la razón democrática.
Educación en ciudadanía: la formación crítica como la única vía emancipadora
Frente a la pretensión de los dogmas de apoderarse de la mente de la infancia bajo el pretexto de la «libertad de enseñanza» o el «derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones», es indispensable erigir un muro de protección democrático. La educación pública no debe ser un espacio de reproducción ideológica del poder ni un mercado de convicciones privadas, sino el instrumento fundamental para la liberación de la persona. Enseñar a la infancia el método científico, la historia de las luchas sociales, la Constitución, los derechos fundamentales, la igualdad sustancial de género y el pensamiento crítico no constituye adoctrinamiento bajo ninguna definición rigurosa.
Adoctrinar es imponer dogmas incuestionables cerrando la puerta al debate y amenazando con castigos metafísicos o sociales. Educar en la ciudadanía es exactamente lo opuesto: consiste en dotar al individuo de las herramientas lógicas, empíricas y éticas para que pueda cuestionar todas las autoridades, analizar la realidad de forma autónoma y construir su propia vida al margen de imposiciones familiares, religiosas o de mercado. La alfabetización científica y la formación en valores democráticos y ecológicos no son una intromisión en la vida privada, sino la condición de posibilidad de la propia vida pública. Un niño al que se le enseña cómo funciona la selección natural, cómo se han conquistado las libertades civiles, qué derechos le asisten frente a cualquier forma de violencia y cómo razonar con rigor lógico no está siendo adoctrinado, está siendo emancipada o emancipado de la ignorancia y del sometimiento.
Una educación verdaderamente emancipadora debe ser, por definición, antirracista y antixenófoba. Frente al adoctrinamiento que levanta murallas y busca perpetuar identidades estáticas y excluyentes, la formación ciudadana debe enseñar a desmontar la falacia biológica y cultural de las razas, revelando el origen común de la especie y la riqueza histórica de las migraciones humanas. Proteger al menor del adoctrinamiento implica dotarle del instrumental crítico necesario para reconocer y combatir la discriminación racial, la islamofobia, el antisemitismo, el antigitanismo y cualquier forma de rechazo al extranjero. Garantizar aulas laicas e interculturales es el único mecanismo eficaz para neutralizar los discursos de odio y construir una convivencia basada en la solidaridad de clase y la igualdad sin distinción de origen, etnia o color de piel.
El futuro es laico, igualitario y emancipatario
El siglo XXI exige que el centro de la ética social no sea el respeto ciego a las tradiciones fosilizadas, sino la defensa incondicional de la sostenibilidad de la vida, la justicia distributiva y la plena autonomía de los seres humanos. Permitir que la infancia siga siendo víctima de las inercias dogmáticas de sus familias equivale a renunciar al proyecto republicano de una ciudadanía libre e igual. El camino hacia una sociedad plenamente justa pasa por garantizar que la esfera pública sea rotundamente laica, que el conocimiento científico y la ética de los derechos humanos guíen la educación, y que la integridad corporal y psicológica de los niños y niñas esté protegida contra cualquier tipo de violencia ritual, física o ideológica. Garantizar a cada menor el derecho a un desarrollo limpio de prejuicios, educado en el respeto absoluto a la diversidad, en la conciencia de la finitud ecológica del planeta y en la igualdad radical entre todos los seres humanos no es una opción ideológica entre otras: es la única estrategia racional para construir un futuro habitable, libre y verdaderamente humano.
Salud y República. Pedro María Fernández Sandino
