Las religiosas de la orden sanjuanista, denunciadas al comienzo del proceso y alineadas más tarde con el Gobierno de Aragón, han reaparecido en la causa después de que Generalitat y MNAC les reclamen más de 800.000 euros por un centenar de obras cuya venta anuló la justicia
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David Morán, El Periódico, 1 de junio de 2026
Con ellas, como suele decirse, empezó todo. ¿Qué hace una monja como tú en medio de un jaleo como este?, que titularían Las Hijas de Felipe. A eso vamos. Porque el embarullado litigio de Sijena, disputa patrimonial con incontables derivadas políticas que lleva casi tres décadas eternizándose en los juzgados, es también la historia de unas discretas monjas sanjuanistas que han pasado de compartir banquillo de los acusados con Generalitat y Museu Nacional d’Art de Catalunya a convertirse en pieza clave en la devolución de las pinturas de la sala capitular; de apalabrar la cesión, custodia e incluso donación de los murales románicos a cambio de un supuesto acuerdo para la condonación de un préstamo con el Institut Català del Sòl a ceder al Gobierno de Aragón el derecho para recuperar procesalmente esas mismas pinturas.
El plural, en realidad, está de más, ya que casi todo se resume aquí en la figura de Virginia Calatayud Aleixandre, última religiosa de la Orden de San Juan de Jerusalén en España y heredera casi accidental de todo el entuerto.
Su nombre apareció en la causa hace más de una década en tanto que priora del convento alavés de Salinas de Añana y comisaria pontificia de la orden, cargo que la habilitaba en exclusiva para pedir el retorno de las pinturas, y volvió a hacerlo hace apenas una semana cuando el MNAC le envió un burofax reclamándole la devolución de 89.000 euros por la compra de 41 piezas de arte del monasterio que regresaron a Aragón en 2016. También la Generalitat reclama a la Orden de San Juan de Jerusalén, además de al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y al Obispado de Barbastro-Monzón, 791.000 euros por la compra, conservación y restauración de otras 56 piezas adquiridas por Catalunya y retornadas por mandato judicial.
Si las monjas no abonan los importes exigidos, el MNAC y la Generalitat podrían iniciar acciones judiciales para embargar bienes de la Orden. Un acuerdo extrajudicial también es viable, aunque requeriría la aceptación de todas las partes y la posible condonación de intereses.
El litigio podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de las comunidades religiosas en la gestión de patrimonio cultural. Un fallo desfavorable para la Orden de San Juan implicaría no solo una carga económica significativa, sino también una mayor supervisión estatal sobre futuras transferencias de obras de arte vinculadas a instituciones religiosas.
Pilar Sanjoaquín, priora del monasterio de Valldoreix, fue quien autorizó las ventas de 1983, 1992 y 1994, alquiló el monasterio de Sijena a una orden francesa y pilotó el intento de vender al MNAC las pinturas murales por 50 millones de pesetas
Si parece confuso es precisamente porque lo es: las monjas de Sijena aparecen no solo en la fotografía de las pinturas murales, maravilla del románico que Josep Gudiol arrancó en 1936 tras el incendio que arrasó el monasterio, sino también en una serie de operaciones de compraventa de obras de arte anuladas por la justicia. Entre las piezas de ida y vuelta, joyas del cenobio oscense como la caja sepulcral de Doña Isabel de Aragón y Monferrat o los sepulcros de madera policromada del siglo XV de sor Francisquina d’Erill y Castro y sor Beatriz Cornel.
En realidad, nada de aquello era nuevo para las monjas: seriamente afectadas por la desamortización de 1836, llevaban décadas subsistiendo gracias, en parte, a la venta de su patrimonio, ya fueran tablas del retablo mayor, el retablo gótico de la Virgen de los Desamparados o la silla prioral de doña Blanca de Aragón. Todas estas salidas, de hecho, aceleraron la declaración del monasterio como Monumento Nacional en 1923. Las ventas, sin embargo, no acabaron ahí. Al contrario.
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Se vende tesoro
Calatayud, que solo ha estado en Sijena de visita pero fue testigo clave en el juicio de 2016, es el único vestigio de unas religiosas que abandonaron en 1970 el monasterio oscense, seriamente deteriorado -la sala capitular seguía sin techo más de tres décadas después del incendio-, para su fusionarse con su comunidad hermana en Barcelona. Poco después, en 1976, se trasladaron a Valldoreix e inauguraron un nuevo convento que, como recuerda el historiador del arte Albert Velasco en su libro ‘Les pintures de Sixena. Un foc que encara crema’, pudieron financiar gracias a un crédito del Institut Català del Sol y a la venta de obras de arte y objetos religiosos a la Generalitat.
Años antes, en 1972 y 1974, la priora de Sijena Angelita Opi ya había depositado en el MNAC más de un centenar de piezas con la condición de poder disponer de ellas cuando quisiera y, según defendieron en su día desde Villanueva de Sijena, porque algunas obras que las monjas se habían llevado a Barcelona habían empezado a desaparecer. Otra partida formada por las grandes joyas del llamado ‘tesoro de Sijena’, las 44 que la Guardia Civil requisó en 2017 durante la aplicación del 155, ya llevaban desde 1970 en depósito en el Museu Diocesà de Lleida. Esos tres lotes, los dos del MNAC y el del Museo de Lleida, son los que la Generalitat y el MNAC acabarían comprando en 1983, 1992 y 1994 por un total de 50 millones de pesetas y cuya venta la justicia declaró nula en 2015 alegando que las piezas formaban parte de un Monumento Nacional y no podían ser disgregadas.
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Durante el juicio, las monjas fueron declaradas en rebeldía procesal, pero antes de conocer el sentido de la sentencia ya habían cedido al gobierno aragonés el poder para reclamar la devolución de las pinturas murales, el auténtico tesoro de Sijena. Al final, las religiosas resultaron exculpadas y exoneradas, pero la batalla por las pinturas se enconó durante una década más, hasta que hace justo un año el Tribunal Supremo ratificó la condena y obligó al MNAC a restituir las pinturas murales, una sentencia cuya ejecución sigue enredada en un laberinto de declaraciones, informes técnicos y acusaciones de deslealtad institucional.
Un acuerdo no escrito por las pinturas
Mucho antes de eso, en 1974, el ‘pecado original’: con la muerte de la priora Opi, la gestión de los bienes de Sijena depositados en el MNAC y Lleida quedaba en manos de Pilar Sanjoaquín, priora del monasterio de Valldoreix, madre federal de la orden y señalada a quien la parte aragonesa acusó durante el juicio de hacer y deshacer a su antojo. Fue ella, de hecho, quien autorizó las ventas de 1983, 1992 y 1994, alquiló el monasterio de Sijena a una orden francesa y, más sorprendente aún, pilotó en 1991 un intento de vender al MNAC las pinturas murales por 50 millones de pesetas.
Lo explica Albert Velasco al tiempo que aporta un documento que detalla la oferta: un primer pago de 10 millones de pesetas, dos anualidades de 20 millones de pesetas en 1992 y 1993 y otros 2 millones por los diez años que habían estado sin recibir contraprestación alguna por el depósito en el museo. Es remarcable, sugiere Velasco, que la cantidad «sea muy similar a la cantidad que la Generalitat y el MNAC acabaron pagando por un lote de objetos cuya «importancia histórica era discreta, por decirlo finamente».
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La teoría del acuerdo no escrito por las pinturas no es nueva y se remonta a 1966, cuando la priora Opi abroncaba desde Sijena al director del MNAC, Josep Maria Ainaud de Lasarte, por no haber cumplido con lo acordado. «Por la exivición [sic] de las pinturas de la Sala Capitular y desde que así quedamos tan solo un año hemos recibido lo dicho», le escribió. Las pinturas, recordemos, ingresaron en el museo después del incendio que calcinó el monasterio en 1936 y convirtió la capilla sixtina del románico en 64 rollos de pintura abrasada que Josep Gudiol arrancó y se llevó a Barcelona. Aún habría que esperar más de medio siglo, 56 años de nada, para que un documento de 1992 firmado por el conseller de Cultura Joan Guitart y la madre Sanjoaquina recogiera «la cesión de la custodia y el uso» de las pinturas «por tiempo indefinido». En el escrito, además, queda registrada que «la orden de San Juan de Jerusalén se compromete a realizar los trámites y obtener las autorizaciones necesarias para hacer la donación de las pinturas a la Generalitat».
En una carta remitida al entonces director del MNAC, Eduard Carbonell, el abogado de las religiosas recordaba que «la orden cedió gratuitamente estas pinturas a la Generalitat, pero pidiendo un acuerdo político para la condonación del préstamo»
Nada se esto se cumplió, claro, aunque Velasco aporta un detalle aún más clarificador: para pagar las deudas adquiridas por la construcción del nuevo monasterio, las monjas habían pedido al Institut Català del Sòl un crédito de 15 millones de pesetas que, al parecer, tenían serios problemas para devolver. Un contratiempo financiero que, al parecer, las monjas confiaban en resolver gracias a las pinturas. Así lo expuso, por lo menos, el abogado las religiosas en una carta remitida al entonces director del MNAC, Eduard Carbonell, en la que le recordaba que «la orden cedió gratuitamente estas pinturas a la Generalitat, pero pidiendo un acuerdo político para la condonación del préstamo».
En un principio, se llegó a un acuerdo para asumir y perdonar la deuda, pero un laberinto de trámites burocráticos y administrativos acabó frenando tanto la condonación del crédito como la aparente voluntad de las monjas de donar las pinturas.
