El colectivo ultraconservador asegura que el Ejecutivo nacional pretende eliminar cualquier elemento que «refleje que España es cristiana» y critica que se esté tratando de «reescribir la historia»
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Fuentes: El Plural (Rogelio de la Torre) | Europa Press | Andalucía Información, 19 de febrero de 2026
La Fundación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1040/2025, aprobado el pasado 18 de noviembre de 2025, por el que se establece el procedimiento para confeccionar el catálogo estatal de símbolos y vestigios franquistas contrarios a la memoria democrática de cara a su supresión. Así lo ha comunicado la Fundación este jueves.
Impacto del decreto sobre símbolos religiosos
El razonamiento bajo el que argumentan la demanda interpuesta es claro: «la norma permite la eliminación de símbolos cristianos, como cruces en espacios públicos o monumentos históricos, bajo interpretaciones ideológicas que vulneran la libertad religiosa y ponen en peligro el patrimonio cultural». Concretamente, Abogados Cristianos se refiere al Real Decreto 1040/2025, aprobado el pasado 18 de noviembre de 2025. A partir del mismo, se estableció el procedimiento para confeccionar el catálogo estatal de símbolos y vestigios franquistas contrarios a la memoria democrática de cara a su supresión.
En particular, Abogados Cristianos menciona la supresión de cruces y otros emblemas religiosos como una consecuencia directa de la aplicación del nuevo catálogo estatal de símbolos y vestigios franquistas. Expresan su preocupación por el alcance de las medidas contenidas en la normativa aprobada.
Además de entender que la normativa aprobada vulnera la libertad religiosa al eliminar símbolos franquistas que incluyeran elementos cristianos, desde Abogados Cristianos entienden que el Gobierno impulsó esta norma «mediante un procedimiento viciado, a través de una consulta pública realizada en periodo inhábil, en pleno mes de agosto (entre los días 5 y el 19), lo que impidió una participación ciudadana real y efectiva». Así, critican la que han definido como una declaración «injustificada» de urgencia acordada por el Consejo de Ministros, la cual sostienen «redujo plazos esenciales y limitó el debate público, sin acreditar circunstancias extraordinarias que lo justificaran».
Conflicto de competencias con las comunidades autónomas
Por otro lado, la denuncia advierte también de «un grave conflicto competencial», ya que varias comunidades autónomas como Madrid y Castilla y León «alertaron de que el decreto invade competencias exclusivas en materia de patrimonio histórico y otorga al Estado un monopolio en la retirada de símbolos».
El debate sobre el marco competencial en materia de memoria democrática, al que hace mención Abogados Cristianos, ha generado tensiones entre la administración central y algunas comunidades autónomas, siendo el caso de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un ejemplo significativo. Ese edificio, situado en la Puerta del Sol de Madrid, fue durante décadas una sede de la Dirección General de Seguridad bajo el franquismo y escenario de detenciones, torturas y represalias políticas entre 1939 y 1979.
Diversas asociaciones de memoria histórica han reclamado su reconocimiento oficial como lugar de memoria democrática, con la instalación de una placa conmemorativa que recuerde estos hechos. Sin embargo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado esa iniciativa; su gobierno se opuso a la colocación de una placa y cuestionó incluso el intento de declarar el edificio como espacio de memoria, llegando a recurrir ante el Tribunal Constitucional contra decisiones del Ejecutivo central en ese sentido.
El Ejecutivo de Pedro Sánchez ha respondido llevando el asunto al Constitucional para impugnar la negativa de la Comunidad de Madrid a reconocer oficialmente el pasado franquista de ese inmueble. Esta disputa pone de manifiesto las dificultades para aplicar la Ley de Memoria Democrática en un contexto de competencias compartidas entre el Estado y las autonomías, especialmente cuando hay resistencias políticas a reconocer ciertos lugares de memoria vinculados al franquismo.
Polonia Castellanos
Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos, ha declarado que «el Gobierno de Pedro Sánchez pretende eliminar cualquier elemento que refleje que España es cristiana». Añadió que «no podemos permitir que se utilice la memoria como excusa para derribar cruces y eliminar símbolos religiosos por pura ideología política. La historia de España no se puede reescribir a golpe de decreto».
La presidenta ha recalcado la oposición de la entidad al Real Decreto 1040/2025, señalando que las disposiciones contenidas en la normativa suponen un ataque a elementos identitarios y religiosos, y reiterando la intención de defender estos símbolos en los ámbitos judiciales correspondientes.
