Jesús Sanz Montes utiliza su púlpito para acaparar titulares con sus controvertidas declaraciones, en las que carga contra el feminismo, los «ecolojetas» y el Gobierno de Pedro Sánchez mientras alaba a Vox
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Azahara Villacorta, El Comercio, 4 de febrero de 2026
Al arzobispo de Oviedo, el madrileño Jesús Sanz Montes -empleado de banca antes que obispo, aficionado a la buena mesa, el ciclismo, la montaña y los viajes y que, según confesión propia, tuvo una novia antes de meterse a cura- nada humano le es ajeno. O, al menos, nada que sirva para dejar patente su adscripción al ala más dura de la Iglesia católica. Sus posiciones ultraconservadoras, que lo enfrentan incluso a la Conferencia Episcopal Española, acaban de volver a quedar claras a propósito de la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo, sobre la que ha declarado que «todos no caben», lo que ha motivado la contundente respuesta de amplios sectores de la izquierda y de la propia Iglesia asturiana.
Las últimas sentencias del prelado que tanto gusta de embarrarse en el lodazal político tienen su antecedente más cercano cuando, este verano, tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) de una moción en la que buscaba vetar las celebraciones islámicas en los espacios públicos deportivos del municipio, publicó un post en X en el que se refería como «moritos» a los musulmanes españoles.
Ese tipo de soflamas lanzadas desde su púlpito, físico o digital, se han convertido en el pan nuestro de cada día, porque, desde que tomó posesión de su cargo como pastor de la Iglesia asturiana, el 30 de enero de 2010, ha sido protagonista de numerosas polémicas que acaparan titulares que también lo han alejado del presidente del Principado, el católico Adrián Barbón, que ya no acude a la misa que cada 8 de septiembre, Día de Asturias, se celebra en Covadonga. Una ruptura de relaciones que no extraña si tenemos en cuenta que Sanz Montes ha empleado toda su artillería verbal contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que ha acusado de utilizar «indultos como monedas de cambio», además de reclamar elecciones «sin más amaño torticero y sin más prórroga tramposa» y alabar a los «ultraconservadores» de Vox, pidiendo el voto sin sonrojarse para los «verdaderos bomberos» frente a los «pirómanos mendaces».
Pero tampoco la escena internacional se escapa de su mirilla, y, así, ha llegado a mofarse de los «ecolojetas» y de la activista sueca Greta Thunberg, señalando «sus cambios climáticos y demás corifeos que la jalean», o incluso a calificar de «rifirrafe» el conflicto entre Hamas e Israel, en el que «organizar barcos presuntamente solidarios para exhibir ideologías muy subvencionadas no ayuda», según aseveró en el antiguo Twitter. Eso sí: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le parece al arzobispo un «gobernante con múltiples perfiles» que ha llegado «poner a la cultura ‘woke’ en su sitio» y restaurar el «orden moral».
La lista de declaraciones controvertidas es prolija. Desde el ‘caso Rubiales’, al que comparó con un «sainete» fruto de una «estrategia calculada», a su homilía durante la celebración del Día de Asturias de 2021, cuando espetó a la feligresía todavía en presencia de Barbón: «Ya quisiera yo que niños abortados o ancianos y enfermos eutanasiados sin paliativos tuvieran la legislación protectora que se les brinda a los toros. Mal asunto cuando la estocada se da en el seno materno, o cuando en el dolor terminal se da la puntilla al enfermo; esto es otra corrida subvencionada».
La cruzada es larga. De la condonación de la deuda a Cataluña («La insolidaridad chantajista entre regiones como moneda de cambio para inconfesables prebendas») a la ley de memoria histórica, «venganza tergiversadora al reescribir la historia no sucedida imponiendo su relato partidista que reabre heridas en una sociedad que vuelve a enfrentarse». Pasando, claro está, por la amnistía, porque «en un Estado de derecho no se puede socavar la independencia de los poderes públicos acorralando y manipulando la Judicatura y la Fiscalía para amañar la ley impunemente poniendo en riesgo la misma democracia».
Del feminismo y su «persecución» hacia los hombres a la última ley de Educación («El pasado, el presente y el futuro, usados como herramienta para cambiar la sociedad por parte de estos lacayos de sí mismos, reyezuelos advenedizos que nos imponen su dictadura inmoral, sus mentiras compulsivamente repetidas, su hoja de ruta revolucionaria«) y la reforma de la ley del aborto: «La prisa matarife de la terminal judicial de este gobierno a la deriva saca pecho como con todas las leyes ideológicas que no tienen demanda social ni debate sino imposición totalitaria».
Sanz Montes carga contra todo y contra todos, pero, sin duda, una de sus manifestaciones más cuestionadas llegó hace escasos días, cuando la Iglesia española firmó un convenio con el Gobierno para reparar a las víctimas de pederastia clerical cuyos casos no tengan recorrido judicial. Un acuerdo que tildó de «arma de distracción masiva», al tiempo que acusó al Ejecutivo de Sánchez de «querer señalar» a unos victimarios concretos, algo que él considera una «fijación» para desviar la atención y crispar el ambiente. Palabras que han causado indignación entre cuatro asociaciones de víctimas de pederastia en la Iglesia española, que han reclamado al Papa León XIV el cese de quien consideran un «franciscano de máscara».
«Pedimos al Vaticano su cese inmediato porque creemos que en ningún caso representa los valores de la Iglesia católica. También exigimos a la orden franciscana su condena pública y que tomen las medidas pertinentes para sancionarle de modo eficaz y adecuado», reclaman. Porque, además de «despreciar a las víctimas y supervivientes» de los abusos del clero, son «un claro ejemplo de insolente negacionismo, cuando no de insoportable exaltación de la pederastia».
Está por ver, dicen, si la Santa Sede «limpia la Iglesia de personajes indolentes, inservibles y portadores de indicios más que evidentes de colaboración con la omisión de socorro a las víctimas de pederastia y de acrecentar su dolor con expresiones propias de revictimización», después de que una de ellas le acusa de encubrir su caso después de entregarle una carta en 2015 contándole los abusos que sufrió en los años noventa por parte de un cura asturiano. Porque, de lo contrario, amenazan con los juzgados.
La delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, también ha hablado: «El arzobispo de Oviedo es un ultraderechista con sotana que lanza las soflamas procedentes de Vox y pretende dividir a la sociedad en buenos y malos. Los creyentes no tienen por qué soportar las soflamas de un arzobispo más preocupado del ‘business’ que de su función evangelizadora».
Una falta de sintonía que viene de largo, porque el Gobierno frustró en 2021 su intención de convertirse en arzobispo castrense -que entre sus atribuciones tiene también la de ser el capellán de la Casa del Rey- y lo vetó en la terna de candidatos que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Vaticano tenían que consensuar antes de entregársela a Felipe VI, encargado de decidir en última instancia quién sería el elegido.
A cambio, el madrileño, que llegó a la región hace dieciséis años con un perfil moderado y hoy implacable en su escalada de violencia dialéctica, lanza mensajes como aquel en el que el pasado diciembre acusó al Ejecutivo de «decadencia moral, corrupción, prevaricación, indecencia de saunas-prostíbulos, robos, mentiras flagrantes y control de la discrepancia judicial y mediática». Sin piedad: «Están acabados».
