Todo apunta a terminar en los tribunales, según explican los vecinos, que piden tener la propiedad de sus casas y terrenos
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Fuentes: Recuperando / (Marcos García Díaz) Aragón Digital / (Arturo Pola) El Periódico de Aragón / El Alto Jalón, 7 de junio de 2024
No hay un inicio claro para las denuncias del pueblo de Monterde, en la provincia de Zaragoza, que está en pie de guerra contra su alcalde José Gracia Ruiz (PP) que ha inmatriculado, es decir, puesto a nombre del Ayuntamiento terrenos, bodegas, almacenes o incluso viviendas particulares, según los propios vecinos, a sus espaldas. Cerca de 200 inmatriculaciones, según apuntan, que se habrían destapado cuando uno de ellos acudió a tramitar la herencia de una casa que, sin comerlo ni beberlo, ya no pertenecía a su familia. Era propiedad municipal, al igual que en torno a 2.500 hectáreas, tal como descubrieron después en el Boletín Oficial del Estado.
Aquello ocurrió el año pasado. Ahora, el malestar ha desembocado en la creación de la Asociación de perjudicados por el alcalde del Ayuntamiento de Monterde. Ellos congregaron este miércoles a cerca de un centenar de personas a las puertas del Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, a modo de llamamiento a la administración autonómica. Ya lo hicieron la semana pasada frente a la Diputación Provincial de Zaragoza, que les trasladó su apoyo. “Aquí somos 100, de 140 empadronados y 40 fijos”, ha explicado uno de sus portavoces, Miguel Ángel Lavilla, sobre una problemática que afectaría a la práctica totalidad de los habitantes.
Todo comenzó cuando, según explicaron los manifestantes, una mujer de la localidad falleció y, al comprobar su familia el estado de sus bienes para heredarlos, se percataron de que el propietario de la casa era el Ayuntamiento de Monterde. La sorpresa fue tal que, ante ese descubrimiento, otros vecinos hicieron lo mismo y, en muchos casos, el resultado de la consulta fue el mismo. Desde entonces, los habitantes de Monterde y Llumes, una pedanía del municipio, se están movilizando para hacer públicos las «injusticias y los abusos» de su regidor. «Luchamos contra un alcalde que utiliza al ayuntamiento para quitar las casa, almacenes, bodegas y tierras a sus vecinos», proclamaron.
En el centro de la problemática están unos terrenos en el que decenas de familias construyeron sus hogares mucho tiempo atrás, «desde hace cinco o incluso siete generaciones» y ahora el consistorio sostiene que se hizo de manera ilegal, por lo que reclama su propiedad.
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Del otro lado, el alcalde sostiene que los terrenos son “bienes públicos”. «El ayuntamiento ha hecho lo que tenía que haber hecho ya hace mucho tiempo, actualizar su inventario de bienes. El que mejor sabe lo que no es suyo es uno mismo», aseguró ayer José Gracia, el alcalde de Monterde. Ante todo, el regidor aseguró que su equipo de gobierno no lleva intención «ni de desahuciar ni de tirarle la casa a nadie». Eso sí, tendrán que regularizar la situación de sus propiedades. «Tendrán que ponerse a la orden de lo que digan las leyes y pagar los impuestos que les corresponden», subrayó Gracia, que lleva tres décadas al frente del ayuntamiento.
Al menos, es la versión que, a juicio de los vecinos está tratando de “expandir” en la DGA. “No ha aclarado por qué lo hace no para qué, porque tiene que haber un fin y tampoco lo sabemos”, ha subrayado. Otros temen que ahora esa “indefensión” jurídica les pueda echar incluso de sus casas, de modo que también se han puesto manos a la obra desde el punto de vista legal. Medio pueblo en manos de abogados de cara a un desenlace que apunta a los tribunales, como recalcan los propios afectados. Eso sí, dicen ser conscientes de que desde el otro lado también se han armado.
Lo que se sabe, dice Lavilla, es “la punta del iceberg” porque sostienen que el siguiente paso que está comenzando a dar el primer edil es retirar las referencias catastrales de más terrenos, para así poderlos inscribir a nombre de la corporación. “Es una canallada sin precedentes, desde la dictadura no habían pasado estas cosas”, resume, esperando que su voz tome repercusión frente a la versión oficial.
Lo que parece claro es que el conflicto de las inmatriculaciones de Monterde terminará en los tribunales, porque los vecinos aseguran tener pruebas y documentos que demuestran la propiedad de sus inmuebles, algo que, en la mayoría de casos, su alcalde asevera que es «imposible». «Ya hemos comenzado con algunos trámites legales y contratado un servicio jurídico. Nos sentimos indefensos», confesaron los manifestantes.
Documentos de 1790 probarían la versión de los vecinos de LLumes en el conflicto de las inmatriculaciones del Ayuntamiento de Monterde
Arturo Pardos, uno de los afectados por las inmatriculaciones realizadas por el Ayuntamiento de Monterde, cerca de dos centenares de terrenos principalmente situados en la pedanía de Llumes, ha intervenido en ‘Pasajeros al Tren’, en Alto Jalón Radio, presentando una serie de documentos que podrían probar que la propiedad de los terrenos inmatriculados es de las familias afectadas desde el s.XVII «y no han formado nunca parte del inventario municipal como dice el Ayuntamiento», explica Pardos.
Pardos ha aportado durante su entrevista tanto la documentación del nombramiento del I Barón de Llumes, ancestro de una gran parte de los afectados por las inmatriculaciones, junto al árbol genealógico que demuestra la sucesión de propietarios, así como otros documentos extraídos del Archivo Nacional en los que se demuestra que otras familias adquirieron varias de estas tierras tras las desamortizaciones de Mendizábal, a mediados del s.XIX.
Dentro de la documentación que desde la Asociación de Perjudicados por el Alcalde de Monterde están recopilando para el proceso judicial en el que se van a ver obligados a meterse tras las inmatriculaciones para demostrar que los terrenos son históricamente de su familia y no municipales, tal y como asegura el Ayuntamiento, está también el catálogo de montes públicos de 1968, en el que se detalla que el monte público de Monterde en la zona de Llumes termina «donde empiezan las propiedades privadas de la Vega de Llumes», explica Pardos argumentando que «esto prueba también que allí nunca hubo ninguna propiedad del Ayuntamiento».
Un documento este último de 1968 que corrige al anterior catálogo de montes públicos, publicado en 1928, en el que no se detallaba la propiedad de la Vega y se catalogó como monte público todo el terreno de Llumes. «Quizá se estén aferrando a eso para quitarnos nuestras propiedades, pero el de 1968 está firmado por el Ayuntamiento», explica Pardos enseñando también censos municipales de principios del s.XX para mostrar que «al contrario de lo que dice el alclade, nuestras familias no aparecieron de la nada, sino que vivían en Monterde y se fueron a Llumes porque allí tenían la mayoría de sus tierras».
Pardos, que se ha quejado de que «todo este movimiento se ha hecho sin pasar por un pleno municipal», ha anunciado además que «hay más documentos probatorios pero de momento están en manos de los abogados». «Esto nos va a costar mucho dinero en abogados a las familias, y también al Ayuntamiento, que somos todos», ha espetado Pardos pidiendo al Ayuntamiento una solución amistosa y señalando que «no buscamos conflicto, sino defender nuestras casas».
