Hallan un plan de Estatuto de Autonomía de Asturias hecho durante la Guerra Civil que aglutinaba también a León, Zamora y Salamanca

«Define un territorio, establece una ciudadanía regional, crea instituciones legislativas y ejecutivas, organiza una Hacienda propia y distribuye competencias entre la región y el Estado», afirma el historiador Pablo Martínez, que localizó el documento

Dos páginas del proyecto legal hallado en el Archivo Militar de Ávila
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Fuente La Nueva España (Pablo Álvarez) | Asturias Mundial | La Trókola, 5 de agosto de 2026

Los anhelos de autogobierno de Asturias no son un fenómeno reciente. Se remontan históricamente, al menos, a los tiempos de la Guerra Civil española, según atestigua un valioso documento hallado por investigadores de «La Trókola», una asociación asturiana dedicada al estudio, la investigación, la recuperación y la divulgación de la memoria histórica y social. El último hallazgo de este colectivo ha tenido como escenario el Archivo Militar de Ávila, donde han localizado un texto que califican de «excepcional» y que lleva por título «Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León».

«Estatuto del Consejo Regional de Asturias y León» es el título del valioso documento que ha sacado a la luz un grupo de investigadores denominado «La Trókola» en el Archivo General Militar de Ávila. Se trata, ni más ni menos, del primer proyecto de estatuto de autonomía de Asturias, elaborado en Gijón por republicanos poco después del inicio de la Guerra Civil. Según explica Pablo Martínez Corral, profesor de Secundaria, historiador y principal artífice del descubrimiento, se trata de «un proyecto articulado», compuesto por 18 artículos y varias disposiciones transitorias, con el siguiente contenido básico: «Define un territorio, establece una ciudadanía regional, crea instituciones legislativas y ejecutivas, organiza una Hacienda propia y distribuye competencias entre la región y el Estado».

El texto, elaborado de acuerdo a la legalidad de la Constitución de 1931, no aparece firmado ni fechado. Por el momento, los investigadores no han logrado localizar un acta que demuestre que llegara a ser aprobado oficialmente o remitido al Gobierno de la República. En consecuencia, «debemos hablar con rigor de un proyecto de Estatuto, no de un Estatuto vigente».

Sin embargo, enfatiza Martínez Corral, no cabe considerar que estas páginas mecanografiadas son el fruto de una improvisación. «Su grado de elaboración demuestra que algunos sectores vinculados al Consejo pensaron seriamente en convertir la experiencia de gobierno desarrollada durante la guerra en una estructura autonómica estable», dice el experto. A continuación, se ofrece un extracto del análisis que los estudiosos del documento han efectuado, a falta de nuevas indagaciones sobre un periodo histórico tan convulso como apasionante para los investigadores.

Punto de partida. 

La primera gran sorpresa aparece en el artículo inicial. Este primer artículo propone constituir una región autónoma sobre la base histórica del antiguo Reino de Asturias y León, formada por las provincias de Oviedo, León, Zamora y Salamanca. «Esta delimitación es especialmente significativa, porque, en el momento de su redacción, Zamora, Salamanca y buena parte de León se encontraban bajo control de las fuerzas sublevadas», señalan los estudiosos. El proyecto, prosiguen, «no parece pensado únicamente para administrar provisionalmente el territorio republicano del Norte, sino que miraba hacia el futuro y presuponía una victoria de la República que permitiera establecer una organización autonómica permanente».

Por tanto, el documento no se limitaba a ordenar el territorio que permanecía bajo control republicano. Miraba más allá de la contienda y parecía partir de la posibilidad de una victoria de la República que permitiera aplicar posteriormente aquel nuevo mapa territorial.

Estructura institucional. 

El modelo institucional previsto estaba muy lejos de una diputación provincial ampliada. El documento la define con precisión: «El Consejo Regional de Asturias y León está integrado por las Cortes, el Presidente del Consejo y el Consejo de Comisarios». Las Cortes ejercerían la función legislativa; el presidente representaría a Asturias y León ante la República, y el Consejo de Comisarios asumiría las funciones ejecutivas. «No se trataba, por tanto, de ampliar las atribuciones de una Diputación Provincial, sino de establecer un verdadero poder regional con capacidad legislativa, gobierno y recursos propios», aseveran los historiadores.

Las Cortes ejercerían el poder legislativo y aprobarían las normas regionales. El presidente representaría a Asturias y León ante el Gobierno de la República. El Consejo de Comisarios actuaría como poder ejecutivo y asumiría la dirección política y administrativa.

Era, en la práctica, el diseño de un verdadero poder regional, dotado de Parlamento, Gobierno, recursos propios y capacidad normativa. La propuesta trataba de proporcionar una estructura jurídica permanente a unas instituciones que ya estaban tomando decisiones fundamentales sobre la economía, los transportes, la sanidad, los salarios, la producción industrial, las prisiones y la organización de la guerra.

Sistema electoral y papel de los sindicatos. 

El proyecto de Estatuto señala que las Cortes serían elegidas mediante «sufragio universal, igual, directo y secreto entre trabajadores de ambos sexos». En concreto, podrían votar los mayores de dieciocho años, anticipándose varias décadas el límite que acabaría implantándose en la España democrática, y ser elegidos quienes hubieran cumplido veintiuno. El sistema electoral planteado también contenía elementos muy avanzados para su tiempo. Las Cortes regionales serían elegidas mediante sufragio universal, igual, directo y secreto entre trabajadores de ambos sexos.

El documento concedía además un papel decisivo a las organizaciones sindicales. Las centrales obreras participarían en la elaboración y el control del censo electoral. De esta manera, el trabajo se convertía en una de las bases de la ciudadanía política y los sindicatos dejaban de ser exclusivamente organizaciones reivindicativas para intervenir directamente en la estructura institucional.

Esta concepción refleja el enorme peso que la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo tenían en la Asturias republicana y en los organismos creados tras el golpe militar de julio de 1936.

Espíritu de la norma. 

El Estatuto tenía un carácter «profundamente social e intervencionista», indican los estudiosos. El Estatuto no proponía únicamente descentralizar servicios. Presentaba un modelo de autonomía profundamente social e intervencionista, coherente con el clima político y económico de la zona republicana durante la guerra. Sus competencias comprendían la organización municipal, las obras públicas, los ferrocarriles, las carreteras, los puertos, la agricultura, la ganadería, los montes, la pesca, la minería, la sanidad, la enseñanza, los seguros sociales y otros servicios públicos.

Entre las atribuciones más significativas figuraban expresamente la expropiación y la socialización de riquezas naturales y empresas económicas. El poder regional habría podido intervenir sobre la propiedad de compañías, minas, instalaciones industriales y recursos estratégicos.

Filosofía del autogobierno. 

No se trataba, por tanto, de una autonomía limitada a administrar competencias transferidas por Madrid. El proyecto pretendía construir un instrumento político capaz de transformar la economía y desarrollar su propia política social

La autonomía no se concebía como una simple descentralización administrativa. «El poder regional tendría capacidad para intervenir sobre la propiedad, las empresas y los recursos naturales, además de desarrollar una política social propia», destaca el colectivo de investigadores. Asimismo, se arroga las facultades de crear centros de enseñanza y servicios de radiodifusión y asumir responsabilidades sobre museos, bibliotecas, archivos, monumentos y Bellas Artes.

El proyecto regulaba igualmente la justicia, el orden interior y la Hacienda. Preveía un Tribunal de Casación de Asturias y León y atribuía al Consejo los servicios ordinarios de «Policía y Orden Interior». Mientras, el Estado conservaría las fronteras, la extranjería y otras competencias generales. Una Junta de Seguridad coordinaría ambas administraciones.

Una Junta de Seguridad se encargaría de coordinar a ambas administraciones.

El Estatuto también preveía la creación de un Tribunal de Casación de Asturias y León, que actuaría como máximo órgano judicial regional en determinadas materias.

Aquella combinación de Parlamento, Ejecutivo, policía, justicia y recursos financieros revela el alcance del proyecto. Sus redactores no estaban improvisando una solución temporal para administrar la retaguardia, sino definiendo las bases de una autonomía política completa dentro de la República.

Estructura fiscal. 

La Hacienda regional de Asturias y León se nutriría de impuestos cedidos por el Estado, de una participación en determinados tributos y de los recursos que hasta entonces correspondían a las diputaciones. El Consejo podría establecer nuevos impuestos y recibir bienes y aprovechamientos relacionados con las minas, los montes, las aguas, la caza y la pesca. También podría emitir deuda interior, aunque el proyecto de Estatuto indica que «no podrá apelar al crédito extranjero sin autorización del Poder Central».

El Consejo podría crear nuevos impuestos y recibir ingresos procedentes de minas, montes, aguas, caza y pesca. También tendría capacidad para emitir deuda interior.

El límite se fijaba en el acceso a la financiación internacional: el poder regional no podría recurrir al crédito extranjero sin autorización del Gobierno central.

Pretensión de autogobierno. 

Los estudiosos hacen hincapié en que esta última limitación –supeditar la petición de crédito extranjero a la autorización del Estado– «confirma que no estamos ante un proyecto independentista, sino ante una autonomía amplia integrada dentro de la República». Las disposiciones transitorias preveían, además, una comisión mixta encargada de organizar las transferencias de servicios, bienes y funcionarios, así como la celebración de las primeras elecciones regionales.

El historiador Pablo Martínez Corral, artífice del hallazgo, con una copia del documento
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El autogobierno que nació del aislamiento

Para comprender por qué pudo surgir un proyecto tan ambicioso hay que regresar al verano de 1936. Tras el golpe militar, la Administración republicana se descompuso en numerosos lugares y aparecieron comités locales, organizaciones de abastecimiento, controles sindicales, organismos de guerra y nuevas estructuras de poder.

Entre septiembre y diciembre de 1936, buena parte de la dirección política de la Asturias republicana quedó en manos del Comité Provincial del Frente Popular, presidido por el socialista Belarmino Tomás. A finales de ese año se constituyó oficialmente el Consejo Interprovincial de Asturias y León, siguiendo la reorganización administrativa impulsada por el Gobierno de Francisco Largo Caballero.

La nueva institución debía administrar la retaguardia, sostener el esfuerzo militar y coordinar un territorio cada vez más aislado del Gobierno central.

Aquel Consejo no se limitó a transmitir las órdenes recibidas desde Valencia. Sus integrantes debatieron sobre el control de las empresas, la intervención obrera, los salarios, los transportes, la asistencia sanitaria, el funcionamiento de las cárceles, la organización municipal y la dirección de la guerra.

Las actas de este consejo interprovincial «muestran que el Consejo no se limitaba a ejecutar las órdenes del Gobierno central», señalan los autores del hallazgo. Por el contrario, operaba con un notable grado de soberanía: «Debatía la propiedad de las empresas, el control obrero, los salarios, los transportes, la sanidad, las prisiones, la organización municipal y la dirección de la guerra». También discutía «los límites de sus competencias y cuándo debía obedecer al Gobierno de Valencia o actuar por iniciativa propia». En resumen: «La autonomía había dejado de ser una aspiración teórica para convertirse en una práctica cotidiana de gobierno».

La autonomía dejó así de ser una aspiración teórica. Durante meses se convirtió en una práctica cotidiana nacida de la necesidad: Asturias tenía que tomar decisiones propias porque el frente norte se encontraba separado territorialmente del resto de la España republicana.

De Consejo Interprovincial a Consejo Soberano

La evolución alcanzó su punto culminante el 24 de agosto de 1937. Tras la caída de Santander y ante el avance de las fuerzas franquistas, el Consejo Interprovincial se transformó en el Consejo Soberano de Asturias y León.

La institución concentró las jurisdicciones civiles y militares del territorio, mantuvo a Belarmino Tomás al frente y asumió facultades que desbordaban ampliamente las de un organismo administrativo ordinario. El Consejo Soberano sobrevivió menos de dos meses. Celebró su última reunión el 20 de octubre y desapareció con la ocupación de Gijón y Avilés al día siguiente.

El Estatuto encontrado en Ávila permite interpretar aquella proclamación desde una perspectiva nueva, «no fue el comienzo del autogobierno, sino su expresión más extrema», indican los estudiosos. Y añaden: «La soberanía respondía a la emergencia militar; el Estatuto, en cambio, intentaba proporcionar territorio, instituciones, recursos y continuidad jurídica a aquella experiencia». Aspiraba a ser, en definitiva, un marco estable y no un fruto de las circunstancias del momento.

No fue el primer sueño autonomista de Asturias

El descubrimiento no significa que la idea de una Asturias autónoma naciera durante la Guerra Civil. Antes de 1936, la cuestión autonómica ya había estado presente en el debate público.

En 1932, el jurista Sabino Álvarez Gendín publicó unas bases para un estatuto regional de Asturias dentro de una obra dedicada al regionalismo y al problema autonómico asturiano. Aquel texto fue una propuesta personal y no llegó a convertirse en un proceso político comparable a los desarrollados en Cataluña, el País Vasco o Galicia.

Los estudiosos citan la contribución de Carlos Gordon Rodríguez, en «¡Esperemos! Así nos lo mandan. El debate sobre l’estatutu asturianu na II República», quien «ha reconstruido la diversidad de aquellas iniciativas». Por su parte, David Guardado, en «Nunca vencida. Una historia de la idea d’Asturies», sitúa estos proyectos «dentro de un proceso más amplio de construcción de Asturias como realidad histórica, social y política». Ambos trabajos, aseveran los investigadores, «permiten comprender que el Estatuto no surgió sobre un vacío, sino sobre un imaginario territorial y un lenguaje autonómico que llevaban décadas formándose».

La relevancia del documento descubierto ahora reside en otra cuestión: fue elaborado desde el entorno de unas instituciones que ya ejercían el poder y parece destinado a transformar aquella autonomía de hecho en un sistema político estable.

Por eso los investigadores llaman a evitar afirmaciones exageradas. No existe hasta el momento un acta que pruebe que el texto fuera aprobado oficialmente ni que llegara a ser enviado al Gobierno de la República. Tampoco puede sostenerse que Asturias constituyera jurídicamente un Estado independiente.

Alcance de un proyecto legal pionero. Dieciocho artículos que pudieron cambiar el mapa de España

El documento permaneció sin aplicar y la derrota republicana en Asturias acabó con cualquier posibilidad de desarrollo. El 21 de octubre de 1937, las tropas franquistas entraron en Gijón y Avilés y pusieron fin al poder republicano en el norte.

Durante casi nueve décadas, aquel proyecto quedó enterrado en los archivos.

Según el colectivo de historiadores, el documento hallado en el Archivo Militar de Ávila «no demuestra la existencia de un Estado asturiano ni de un proyecto separatista, ni puede afirmarse que llegara a ser aprobado». En cambio, «demuestra algo históricamente más relevante: que algunos sectores vinculados al Consejo intentaron transformar la autonomía de hecho nacida de la guerra en una autonomía política, social e intervencionista con vocación de continuidad dentro de la República».

Su recuperación no reescribe por completo la historia de Asturias, pero sí obliga a añadirle un capítulo desconocido. En medio de una guerra, con el frente acercándose y el territorio aislado, hubo quienes pensaron que el autogobierno ejercido por necesidad podía convertirse en una autonomía permanente.

Aquellos 18 artículos imaginaban una extensa región formada por Asturias, León, Zamora y Salamanca, con Parlamento, presidente, Gobierno, policía, justicia, impuestos y capacidad para intervenir en la economía.

El proyecto nunca llegó a entrar en vigor. No hubo elecciones regionales, ni Tribunal de Casación, ni Hacienda de Asturias y León. La derrota militar sepultó aquel modelo antes de que pudiera salir de los despachos.

Profundizar en la autonomía. Como colofón, los estudiosos señalan que «Asturias no solo se gobernó a sí misma durante la guerra», sino que el proyecto de Estatuto localizado en Ávila «demuestra que algunos sectores vinculados al Consejo imaginaron cómo convertir aquella experiencia excepcional en una estructura autonómica permanente».

El documento encontrado en Ávila demuestra que, mucho antes del Estatuto aprobado en 1981, Asturias ya había imaginado con enorme precisión cómo gobernarse a sí misma.

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LA TRÓKOLA

Hce ahora 89 años que, en el trascurso de la guerra, el Consejo Interprovincial de Asturias y León se constituyó como Consejo Soberano.

Anteriormente, la II República había abordado la cuestión autonómica, aprobándose el estatuto de autonomía de Catalunya en 1932 y los de Euskadi, en octubre de 1936, y Galicia, en febrero de 1938, ambos ya en plena guerra.

Otros territorios como Andalucía, País Valencià, Aragón o Illes Balears presentaron también anteproyectos y debates autonomistas, pero no alcanzaron su aprobación legal antes del inicio de la guerra en julio de 1936.

Es sabido que en el caso de Asturias el debate sobre el estatuto de autonomía comenzó en 1932, pero la llegada de un Gobierno conservador en 1933, la revolución de 1934 y el inicio de la guerra en 1936 impidieron su tramitación parlamentaria.

Sin embargo, apenas se conoce que en plena guerra civil, el Consejo Interprovincial de Asturias y León redactó un proyecto de estatuto de autonomía.

La Trókola encontró esa documentación en el Archivo Militar de Ávila.
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Heraldo de León ha publicado el Estatuto en PDF:
«Fuente: fotografías publicadas en La Trócola. Podrían existir imprecisiones en la transcripción de Heraldo de León por la falta de nitidez de las imágenes»

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