Este órgano, conformado por personas expertas de ámbitos académicos, jurídicos, científicos y de los derechos humanos, tendrá como presidente a Baltasar Garzón. Contará con una subcomisión para investigar la conculcación de los derechos de las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.
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Fuentes La Moncloa | Público (Henrique Mariño), 28 de marzo de 2026
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha presidido, en la sede del Ministerio, la reunión del Consejo de la Memoria Democrática, en la que se ha aprobado el acuerdo de designación de las personas que integrarán la Comisión sobre violaciones de los derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, también llamada ‘Comisión de la Verdad’, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
Esta Comisión tiene como finalidad contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos cometidas durante este periodo, en coherencia con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
Su creación se enmarca en el desarrollo del Real Decreto 265/2025, que regula el Consejo de la Memoria Democrática, y está compuesta por diez personas independientes y de reconocido prestigio en el ámbito académico, jurídico, científico y de los derechos humanos. La presidencia recaerá en Baltasar Garzón Real.
Junto a él, integran la Comisión Helen Duffy, Julián Casanova Ruiz, Araceli Manjón-Cabeza Olmedo, Manuel de la Rocha Rubí, María Alejandra Vicente, Silvina María Romano, Cristina Monge Lasierra, Sebastián Martín Martín y Francisco Erice Sebares. Asimismo el Consejo ha designado un grupo de vocales que garantizarán el correcto funcionamiento de la Comisión y estarán junto a los anteriores al frente de las subcomisiones y son: Roberto de Figueiredo Caldas, Jaime Ruiz Reig, Gabriela Echeverria Gutiérrez, Luis Bernardo Fonderbrider, Pilar del Río Sánchez, José María Tomás y Tio, Matías Bailone, Margalida Capellá y Roig , Rosa Ana Alija Fernández y Soledad Luque Delgado.
En conjunto será un grupo de 20 expertos y expertas en derechos humanos, politólogos , historiadores, comunicadores nacionales e internacionales que harán posible un buen diagnóstico de la España de esa época.
La Comisión desarrollará sus trabajos con el objetivo de sistematizar el conocimiento existente y profundizar en aquellos aspectos menos investigados de las violaciones de derechos humanos durante la Guerra y la Dictadura, incorporando testimonios, documentación y análisis comparado con experiencias internacionales.
Entre sus funciones, destaca la elaboración de un informe final que incluirá conclusiones y recomendaciones orientadas a garantizar la reparación de las víctimas y la no repetición de los hechos.
Para estructurar su trabajo, se han definido distintos ejes temáticos que abarcan, entre otros, la violencia letal y las desapariciones, el sistema represivo, la represión económica, las violencias de género, el exilio, la represión cultural y las consecuencias actuales de la dictadura.
Este organismo contará, además, con una subcomisión específica dedicada a la investigación de los derechos humanos de las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, institución creada por el franquismo donde fueron confinadas y torturadas miles de mujeres menores de edad, sin haber cometido ningún delito tipificado.
Compromiso con la memoria democrática
Con esta designación, el Gobierno de España refuerza su compromiso con las políticas públicas de memoria democrática y con el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra y la Dictadura.
La puesta en marcha de esta Comisión supone un paso decisivo en la consolidación de una memoria democrática basada en el rigor, el reconocimiento y la dignidad de las víctimas.
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Una cuestión de «dignidad frente a un pasado infame»: dudas y certezas sobre la nueva Comisión de la Verdad
Su puesta en marcha tardía y un posible Gobierno conservador en 2027 generan incertidumbre.
El «ruido político y mediático» generado por la designación de Baltasar Garzón como presidente de la Comisión de la Verdad no sorprende al historiador Julián Casanova, convencido de que ya es hora de que España afronte la violación de los derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo.
«Es una cuestión de dignidad de la democracia respecto a un pasado infame», explica el miembro de la Comisión Julián Casanova, quien recuerda que los vencedores de la guerra civil fueron «abrumadoramente reconocidos», mientras que los vencidos han estado «ocultos, perdidos y los cuerpos de muchos todavía no han sido recuperados». Según él, «es evidente que el hallazgo de los restos de las víctimas es un tema pendiente».
¿Llega tarde, con los victimarios fallecidos, sin posibilidad ya de pedir perdón? «La Comisión de la Verdad nunca va a sentar a nadie en el banquillo», como sucedió en Argentina, deja claro el autor de España partida en dos. «Posiblemente ha tardado mucho», reflexiona, aunque la inhabilitación de Garzón bloqueó su intento de investigar los crímenes del franquismo.
Casanova entiende que es necesaria una «mejor gestión pública del pasado», a partir del material acumulado por historiadores, activistas y expertos. La Comisión, según el Ministerio de Memoria Democrática, busca esclarecer las violaciones de derechos humanos «en coherencia con los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición».
La composición de la Comisión de la Verdad ha sido aprobada por el Consejo de la Memoria Democrática, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, y su creación se enmarca en el desarrollo del Real Decreto 265/2025. «Nace con un problema de legitimidad por no haber pasado por el Congreso», cree Emilio Silva.
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) añade que, además de no contar con entidades de larga trayectoria como la suya, esa legitimidad emanaría de la «soberanía popular» encarnada en el Parlamento, donde debería obtener el respaldo de la mayoría de los diputados.
«En todo caso, vamos a depender del resultado de las elecciones generales de 2027, porque igual a partir de entonces no tiene mucho futuro», lamenta Emilio Silva, quien critica que el Gobierno de Pedro Sánchez haya esperado hasta el fin de la legislatura, tras casi ocho años en el poder.
Según el presidente de la ARMH, «no es lo más apropiado, supone un riesgo y puede que responda a un interés político». ¿Cuál? Encontrar una «batalla» en el caso de que un nuevo Gobierno de derechas eliminara la Comisión de la Verdad. Sea como fuere, a su juicio su vulnerabilidad sería responsabilidad del Ejecutivo por haberse demorado tanto.
Julián Casanova advierte de que un Gobierno conservador podría anularla, aunque no le causaría ninguna sorpresa con el historial de Vox y las leyes de memoria democrática. «Evidentemente, si llegan al poder vamos a avanzar muy poco», concluye el historiador, quien insiste en que reconocer a las víctimas es una obligación moral de la democracia.
Tanto él como otros miembros de la Comisión se muestran prudentes debido a la falta de información. Así, la politóloga Cristina Monge valora la creación del comité y se muestra «encantada de participar», aunque reconoce que todavía no sabe «nada». Aunque lo desconoce, Julián Casanova entiende que la Comisión buscará ordenar y registrar el conocimiento histórico acumulado, así como mejorar la gestión pública del pasado.
