El Parlamento de Navarra ha debatido, y aprobado, una moción por la que se insta al Gobierno de España a la anulación de la normativa estatal que posibilitó las inmatriculaciones de la Iglesia católica…
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Fuentes: Parlamento de Navarra, Democrática, Recuperando, 6 de febrero de 2026
El Pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y los votos en contra de UPN, PPN, G-Mixto y no adscrita, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “promover una ley que declare la nulidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde la entrada en vigor de la CE y, solamente para la Iglesia católica, con su consecuente artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, así como de cualquier otro precepto concordante, que permitieron la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica mediante certificación eclesiástica administrativa”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Congreso de los Diputados a “aprobar las reformas legislativas necesarias para declarar la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones realizadas al amparo de dicha normativa inconstitucional”.
Del mismo modo, ya en un tercer apartado, se solicita al Gobierno de España la “creación de un procedimiento estatal de revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente, con la participación de las comunidades autónomas y entidades locales y, en su caso, revertir la situación o reparar los daños y perjuicios”.
En ese sentido, el Parlamento de Navarra “reclama la ampliación, depuración y publicidad completa del listado de bienes inmatriculados, así como su correcta identificación registral, por la Iglesia católica desde 1946 hasta la actualidad”.
Por otra parte y “en atención al trabajo que se está desarrollando en Navarra en la revisión, investigación y, en su caso, recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente, se emplaza a las Cortes Generales y al Gobierno de España a “trabajar con el resto de las administraciones y junto a la sociedad civil, en la recuperación los bienes inmatriculados ilegítimamente por parte de la iglesia católica en el conjunto del Estado”. Este epígrafe responde a una enmienda de adición defendida por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y aceptada por el PSN, titular de la iniciativa.
Finalmente, se acuerda “dar traslado de esta moción al Gobierno de España, a las Cortes Generales, a la Federación de Municipios y Concejos (FNMC), y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”.
En la exposición de motivos, la resolución impulsada por el G.P. PSN cuestiona el “procedimiento excepcional” que, con base en una “normativa promulgada durante la dictadura franquista”, posteriormente “reforzada con la modificación reglamentaria introducida en 1998”, permitió a la Iglesia inmatricular bienes “en igualdad de condiciones que las Administraciones Públicas”, y plantea el “impulso de una iniciativa política clara que reclame la nulidad expresa de dichas inmatriculaciones —desde la entrada en vigor de la Constitución—, y la restitución de los bienes al patrimonio público o a sus legítimos titulares”.
A tal objeto, para “articular los mecanismos efectivos precisos que posibiliten la devolución de los bienes de dominio público o de uso y aprovechamiento común que, como plazas, ermitas, cementerios, casas parroquiales o incluso monumentos de alto valor histórico y cultural”, se atribuyó la Iglesia al amparo de la Ley Hipotecaria de 1946, se apela a los principios constitucionales de “aconfesionalidad del Estado, seguridad jurídica e igualdad ante la Ley” para reparar, siquiera parcialmente, el “privilegio histórico” derivado e la equiparación de diocesanos y funcionarios públicos, a efectos registrales”, entre 1946 y 2015.
En ese marco, se alega que la reforma de la Ley Hipotecaria operada en 2015, si bien puso fin a este procedimiento excepcional, “no tuvo efectos retroactivos”.
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Posiciones de los diferentes grupos
En defensa de la moción, el parlamentario del PSN Ramón Alzórriz ha sostenido que “el robo y el hurto son lo mismo, la diferencia es que uno se hace con violencia y el otro no”. “En definitiva, te quedas con algo que no es tuyo y expolias propiedades a otros”, ha señalado, para añadir que “la Iglesia lo hizo con disimulo”. Asimismo, ha planteado que Navarra sea “punta de lanza” en este asunto y ha abogado por “pasar de meras declaraciones de intenciones a leyes de obligado cumplimiento”.
Desde UPN, el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que los Gobiernos de España encabezados por José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez no hayan hecho “absolutamente nada de lo que pide esta moción, y ellos, o el Congreso de los Diputados, son los competentes”. A su juicio, “esta moción es un tiro al aire. No sirve para nada que quienes no podemos aprobar instemos a quienes no quieren hacerlo. El Partido Socialista le pide al Partido Socialista lo que no quiere hacer el Partido Socialista”. Además, ha advertido de que la iniciativa “promueve unas expectativas falsas” al considerar que una reforma legal no podría aplicarse con carácter retroactivo.
La parlamentaria de Geroa Bai Blanca Regúlez, encargada de defender la enmienda consensuada con EH Bildu y Contigo-Zurekin, ha asegurado que su formación “comparte el objetivo de fondo de esta moción”, centrado en “poner fin a los privilegios históricos que permitieron a la Iglesia inmatricular bienes sin título de propiedad”, aunque ha lamentado que “se echa en falta alguna referencia a Navarra, porque en Navarra hay un camino recorrido”. Ha valorado que la moción es “un buen comienzo”, pero ha insistido en “evitar generar falsas expectativas” y en concretar “cómo se recuperan esos bienes, quién asume los procedimientos judiciales, qué seguridad jurídica se ofrece a los ayuntamientos”.
Por parte de EH Bildu, la parlamentaria Irati Jiménez ha mostrado su sintonía con el objetivo de la moción, si bien ha advertido de que “hay algunas cuestiones que nos preocupan”. Según ha dicho, “no compartimos en absoluto las lagunas que se dan en esta moción. No hace referencia a todas las movilizaciones llevadas a cabo por la sociedad civil y al proceso coordinado por la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ni al trabajo realizado por el Gobierno de Navarra. Creemos que esta moción está redacta en Madrid y olvida totalmente el autogobierno de Navarra”.
La parlamentaria del PPN Irene Royo ha reprochado al representante del PSN que durante su intervención haya realizado “un ataque gratuito y ofensivo a la Iglesia” y ha calificado la moción como “una nueva campaña de humo que pretende desviar el foco de atención de la situación política y social actual”.
En representación de Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha subrayado que la “lucha” frente a las inmatriculaciones “no va contra nadie, no va contra la Iglesia católica, esta lucha no va de rencillas pasadas, esta lucha es en defensa del patrimonio público, en defensa de la justicia, de que vuelva al pueblo lo que nunca debió robársele al pueblo”.
Finalmente, el portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha advertido de que “pretender ahora declarar nulo todo con efectos retroactivos masivos genera una inseguridad jurídica brutal que no lo puede permitir un ordenamiento jurídico”. “Estamos hablando de miles de bienes, muchos de ellos templos, que llevan siglos en un uso pacífico por la Iglesia”, ha remarcado.
Notas
Fuente Recuperando
–Moción por la que se insta al Gobierno de España a la anulación de la normativa estatal que posibilitó las inmatriculaciones de la Iglesia católica, G.P. Partido Socialista de Navarra ver moción presentada
–Enmienda de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, ver enmienda adicional
Vídeo
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Presentación y debate de la moción
