En el marco de la VI Asamblea de la Coordinadora Recuperando, colectivo que trabaja por la recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia católica han exigido al Gobierno español «compromiso político» para que las miles de inmatriculaciones sean devueltas a sus legítimos propietarios.
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Fuentes: Naiz, Europa Press, 26 de enero de 2025
Una treintena de colectivos de todo el Estado se han reunido en Iruñea este pasado sábado, donde han estudiado nuevas acciones en relación al «escándalo de los miles de bienes inmatriculados por la Iglesia católica gracias al privilegio inconstitucional de los obispos» y han exigido «compromiso político» para que las miles de inmatriculaciones «vuelvan a su legítimo propietario».
En la asamblea participan medio centenar de representantes de colectivos de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Asturias, Aragón, Comunidad Valenciana y Navarra.
El encuentro se ha celebrado en el marco de la VI Asamblea de la Coordinadora Recuperando, y ha sido inaugurada por el presidente del Parlamento de Nafarroa, Unai Hualde, que fue alcalde de Alsasua por el PNV y participó en la fundación de la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro. «Conocí la gestación de la plataforma, participé como cargo local y quiero dar las gracias a todas las personas que han contribuido a la defensa del patrimonio público», ha asegurado.
Hualde ha recordado que el Gobierno navarro ya consiguió en la legislatura anterior inventariar todas las fincas y edificios inscritos por la Iglesia católica desde el año 1900 y ha puesto en marcha una auditoría para identificar cuáles de esos bienes son comunales y, por tanto, protegidos como inalienables e imprescriptibles por la Constitución española y las leyes forales. Y anunció en su intervención «avances en las próximas semanas» en relación a los trabajos de recuperación de bienes que hayan podido ser inmatriculados por la Iglesia en Navarra, novedades que en las próximas semanas serán comunicadas a la Federación Navarra de Municipios y Concejos, señaló.
Hualde ha agradecido a las organizaciones ciudadanas su «esfuerzo» durante años en la «defensa del patrimonio público» y se ha comprometido a «seguir trabajando en las instituciones para dar respuesta a un problema» que en Navarra afectaría a casi 3.000 bienes. Afirmó que el Gobierno foral ya consiguió en la legislatura anterior inventariar todas las fincas y edificios inscritos por la Iglesia católica desde el año 1900 y ha puesto en marcha una auditoría para identificar cuáles de esos bienes son comunales y, por tanto, protegidos como inalienables e imprescriptibles por la Constitución española y las leyes forales.
Hualde ha añadido que «la mayoría del Parlamento ha aprobado todas las resoluciones contra el expolio de la Iglesia» y ha señalado que «los trabajos de investigación institucional todavía no han terminado». El presidente del Legislativo foral ha expresado el «compromiso» de las instituciones navarras de seguir trabajando en el plano jurídico en «defensa de lo que es justo». «A mí me consta que el Gobierno foral está estudiando fórmulas legales para recuperar el patrimonio de los pueblos», ha señalado.
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La Coordinadora Recuperando ha analizado en este encuentro la situación actual de las inmatriculaciones eclesiásticas y señalado que prepara un programa de actuaciones ciudadanas e institucionales para 2025. Ha criticado el «incumplimiento» del Gobierno de España en relación a las inmatriculaciones que habría realizado la Iglesia respecto de bienes comunales, después de que el presidente Pedro Sánchez «se comprometiera en su investidura a implementar modificaciones legislativas para recuperar los bienes indebidamente inscritos por la Iglesia católica».
El portavoz de la coordinadora, Andrés Valentín, que ha intervenido este sábado en la VI asamblea de esta entidad que se celebra en Pamplona, ha afirmado que «si el Gobierno se ha olvidado de nuestra lucha, nosotros no nos olvidamos».
Por su parte Juanjo Picó, miembro de la junta de Recuperando, ha explicado a Efe las exigencias de los colectivos.
El Gobierno español remitió a las Cortes en febrero de 2021 un listado incompleto de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, integrado por casi 35.000 fincas y edificios, pero «no ha promovido iniciativas legislativas para declarar su nulidad, tal como prometió en su programa político».
Desde entonces, decenas de municipios han pleiteado en «solitario y sin medios materiales por la recuperación de sus ermitas, sus cementerios y sus plazas públicas inscritas de forma unilateral a nombre de los prelados». Otros miles de monumentos que forman parte del legado cultural siguen en manos de la Iglesia ante la «inacción» del Ejecutivo, según denuncian las organizaciones patrimonialistas.
De hecho, ha indicado, ya trabajan en dos iniciativas políticas que se han presentado en el Congreso, la primera para que el listado de inmatriculaciones no sea desde 1998, sino desde 1946. Para ello, animan a los grupos políticos que llevaban este asunto en sus programas se sumen a una iniciativa parlamentaria.
Por otro lado, las organizaciones piden soluciones y compromiso, para que todos esos edificios, fincas, u otras propiedades vuelvan a sus legítimos propietarios.
La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que forma parte también de Recuperando, estima que el número de bienes comunales inmatriculados por la Iglesia puede ser muy elevado. Los técnicos deberán cotejar detalladamente el inventario de fincas públicas con el listado de bienes inmatriculados en un proceso laborioso que lleva su tiempo. «Los bienes comunales están expresamente protegidos por la Constitución y la Ley Foral de Navarra, que los considera inalienables e imprescriptibles», ha explicado.
De hecho, Picó ha puesto como ejemplo el trabajo que se ha llevado a cabo en Nafarroa en esta materia, donde ha destacado que además de la plataforma que «tiene mucha fuerza», ha existido «voluntad política» para que el Gobierno navarro trabaje en identificar los lugares.
En las próximas semanas se reunirá con distintos grupos parlamentarios para buscar soluciones legislativas y jurídicas a un problema que afecta a más de 100.000 bienes inmatriculados, muchos de ellos de enorme valor cultural y patrimonial. Además, centrarán su trabajo también en el ámbito autonómico, no solo poniendo el foco en el Congreso de los Diputados.
