Treinta colectivos, integrantes de Recuperando, preparan en Iruñea nuevas acciones para reimpulsar la denuncia de las inmatriculaciones

La Coordinadora Recuperando recuerda que el Gobierno español remitió en 2021 un listado incompleto de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, integrado por casi 35.000 fincas y edificios, pero «no ha promovido iniciativas legislativas para declarar su nulidad, tal como prometió en su programa político». Un problema que afecta a más de 100.000 bienes, muchos de ellos de enorme valor cultural y patrimonial.

Concentración en Zaragoza en 2022 para denunciar el escándalo de las inmatriculaciones | Foto: Coordinadora Recuperando
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Fuente: Iker González Izaguirre, AraInfo, 23 de enero de 2025

Una treintena de colectivos ciudadanos de los diversos territorios del Estado, entre ellos el aragonés Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL), se reúnen este sábado en Iruñea para estudiar nuevas acciones en relación al escándalo de los miles de bienes inmatriculados por la Iglesia católica «gracias al privilegio inconstitucional de los obispos». El encuentro se celebra en el marco de la VI Asamblea de la Coordinadora Recuperando, que será inaugurada por el presidente del Parlamento navarro, Unai Hualde.

En una nota de prensa, la Coordinadora Recuperando recuerda que el Gobierno español remitió a las Cortes en febrero de 2021 un listado incompleto de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, integrado por casi 35.000 fincas y edificios, pero «no ha promovido iniciativas legislativas para declarar su nulidad, tal como prometió en su programa político«. Desde entonces, decenas de municipios han pleiteado en solitario y sin medios materiales por la recuperación de sus ermitas, sus cementerios y sus plazas públicas inscritas de forma unilateral a nombre de los prelados. Otros miles de monumentos que forman parte del legado cultural siguen en manos de la Iglesia ante la «inacción» del Ejecutivo español, según denuncian las organizaciones patrimonialistas.

Representantes de la Coordinadora Recuperando analizarán en Iruñea la situación actual de las inmatriculaciones eclesiásticas y prepararán un programa de actuaciones ciudadanas e institucionales de cara a 2025. La VI Asamblea tendrá lugar en el Centro Comunitario Casco Viejo de la capital navarra. La sesión de la tarde será abierta al público y se retransmitirá en streaming a través de YouTube:

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«Una mesa de trabajo examinará la problemática de los bienes comunales de Navarra inmatriculados por la Iglesia católica, pese a ser propiedades de dominio público cuya privatización es ilegal. La Consejería de Desarrollo Rural de Navarra ha puesto en marcha un equipo de personas expertas para identificar qué bienes comunales han sido inscritos por los obispos», detallan en la nota.

La Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que forma parte también de Recuperando, estima que el número de bienes comunales inmatriculados por la Iglesia puede ser «muy elevado». «Los técnicos deberán cotejar detalladamente el inventario de fincas públicas con el listado de bienes inmatriculados en un proceso laborioso que lleva su tiempo. Los bienes comunales están expresamente protegidos por la Constitución y la Ley Foral de Navarra, que los considera inalienables e imprescriptibles», remarcan.

Otra mesa de trabajo abordará distintos casos paradigmáticos en relación al expolio eclesiástico. Vecinos de Gualda (Guadalajara) explicarán su larga y tortuosa lucha para intentar recuperar el cementerio y un jardín público, que fueron inmatriculados por la Iglesia católica. El caso de Sant Vicenç de Castellet, en Catalunya, también será expuesto en el marco de la VI Asamblea, así como la discutida gestión de la Mezquita de Córdoba, en manos hoy del Cabildo Catedralicio de la Diócesis.

La Coordinadora Recuperando mantiene una intensa agenda de actividad ciudadana y reuniones institucionales. En abril del pasado año, ya pidieron al Gobierno español declarar como “cuestión de Estado” la nulidad de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica. En las próximas semanas se reunirá con distintos grupos parlamentarios para «buscar soluciones legislativas y jurídicas» a un problema que afecta a más de 100.000 bienes inmatriculados, muchos de ellos de enorme valor cultural y patrimonial.

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